El fiscal de menores acusa al Colegio de Abogados de mentir en sus críticas

Manuel Dolz, fiscal coordinador de menores de Valencia, emitió ayer un comunicado en el que acusa al Colegio de Abogados de "difamación pública" contra su persona por las críticas que el órgano colegiado lanzó contra él por posibles vulneraciones del derecho a la defensa y duplicidad de actuaciones que podían haber llevado a dobles condenas por un mismo hecho.

Dolz, que hoy dará una rueda de prensa sobre el contencioso desatado, dice en su comunicado que la fiscalía "se limita a cumplir la ley". El fiscal coordinador de menores rechaza cualquier responsabilidad sobre la actuación de la policía o la Guardia Civil en sus dependencias -como el hecho de que se quite los zapatos a los menores o permanezcan en calabozos-. Al respecto de los calabozos señala Dolz que desde la entrada en vigor de la ley, que específicamente habla de "dependencias adecuadas", existen calabozos para menores en la Jefatura Superior de Policía y en las dependencias de la policía autonómica. Sin embargo los abogados denuncian que la estancia inadecuada de los menores, y por más tiempo del que sería deseable, se produce en condiciones deplorables, por ejemplo, en la comisaría de Burjassot, condiciones que la propia policía nacional consideró inadecuadas para los menores.

Dolz recoge además que la fiscalía de menores tuvo una inspección de la Fiscalía General del Estado en 2002, "cuyo resultado fue destacar el buen funcionamiento de la misma". Los abogados piden que explique el resultado de la que realizó el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el pasado mes de mayo y cuyas conclusiones fueron remitidas al fiscal jefe, Enrique Beltrán. Dolz no se refiere en su comunicado a la duplicidad de actuaciones que se concreta en un caso del juzgado de menores número tres de Valencia donde a un menor condenado el pasado año se le volvieron a abrir diligencias por el mismo hecho, con calificación fiscal incluida.

El parche para Alicante

Tras la crisis desatada en la fiscalía de menores de Alicante, donde un millar de expedientes está sin resolver, la Consejería de Justicia anunció medidas inmediatas. Fue Fernando de Rosa, secretario autonómico de Justicia e Interior, quien el pasado lunes 17, en presencia del fiscal jefe, Enrique Beltrán, aseguró que la Administración a la que representa había contratado a especialistas, cuatro o cinco, dijo, para sacar adelante la situación. Y puntualizó que "el contrato es por un año, como son los contratos". Pero no era así. CC OO califica de "parche de urgencia" el plan anunciado por Justicia. Pablo Cuéllar, delegado del sindicato, reprochó que la única solución adoptada consista en la incorporación de tres personas en el equipo técnico, que cobrarán unos 550 euros mensuales netos dado que son trabajadores por cuenta propia. El salario se establece en función de la realización de 18 informes mensuales, "ni uno más ni uno menos", según Cuéllar. Este mecanismo no solventará, según el sindicalista, el ingente atasco, porque "es estructural".