El juez Espinosa niega su relación con la presunta trama del agua en Murcia

Mariano Espinosa, juez del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, ha negado en una carta enviada a EL PAÍS cualquier relación con la trama empresarial que presuntamente, y según la Fiscalía de Medio Ambiente de Madrid, estaría desviando agua desde la cabecera del río Segura hacia zonas de interés turístico y urbanístico, tal y como publicó EL PAÍS el 10 de noviembre.

"No soy socio de D. Mariano Roca Meroño [empresario al que la Fiscalía considera uno de los beneficiados de la supuesta trama] ni tengo relación comercial alguna ni con él, ni con su grupo empresarial. Una vez dividida y adjudicada la finca El Chopillo entre ocho hermanos, dos de ellos vendieron sus respectivos lotes particionales al señor Roca. La única relación que mantengo con el mismo deriva de la proximidad de las fincas, sin otro tipo de contacto personal", asegura el juez.

La Fiscalía madrileña inició la investigación del caso hace dos años, a raíz de una denuncia por cobro de subvenciones comunitarias de forma supuestamente irregular por parte del juez Espinosa y sus hermanos, propietarios originarios de la finca El Chopillo, en Moratalla (Murcia), foco de las supuestas irregularidades en la extracción de agua.

En su carta, el juez Espinosa niega también haber intervenido en los procedimientos legales que afectaron a la finca El Chopillo y a sus pozos de extracción de agua (existían dos pozos en 1986 y existen 14 en la actualidad, según los datos de la Fiscalía). Según el juez, cuyas actuaciones están siendo investigadas por el Tribunal Supremo, "los pozos existentes en las mencionadas fincas [las propias y las de sus hermanos] son muy anteriores a la Ley de Aguas vigente [desde el 1 de enero de 1986]" y, por tanto, absolutamente legales.

Subvenciones

El juez Espinosa precisa que las cantidades cobradas de la UE por él y su familia de forma supuestamente irregular ascienden a 180,5 millones de pesetas entre 1994 y 1996 y no a los 600 millones que manejan las fuentes de la investigación. Además defiende la legalidad del cobro de ayudas "ya que la normativa que regula dichas subvenciones no exige que el terreno a forestar sea de cultivo, sino que se trate de explotaciones agrarias -término diferente de agrícolas- pudiéndose forestar, según la misma, los terrenos clasificados como eriales a pastos, matorral, tierras ocupadas por cultivos herbáceos o leñosos, barbechos y otras tierras no ocupadas".

El abogado Francisco Valdés Albístur negó, en una carta enviada a EL PAÍS, que su hijo, Francisco Luis Valdés-Albístur Hellín, sea el responsable del desarrollo turístico de Murcia, ni que haya llevado, como letrado y en nombre del empresario Mariano Roca, una querella contra grupos ecologistas por las denuncias lanzadas contra éste.