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El CES recomienda "revisar" la ley del Consejo Audiovisual por la "ambigüedad" de su articulado

El órgano consultivo lamenta el trámite urgente cuando no se aprobará en esta legislatura

Alejandro Bolaños

La norma que puso en marcha hace menos de un mes la Junta para regular el nuevo Consejo Audiovisual andaluz está llena de "ambigüedad" e "indefinición". Ése es el parecer del Consejo Económico y Social, que recomienda una revisión global de un texto que "no está suficientemente elaborado". El órgano consultivo del Ejecutivo autonómico lamenta también que se le haya exigido un dictamen por el procedimiento de urgencia, cuando es un anteproyecto "que no podrá entrar a discusión parlamentaria en esta legislatura" por la convocatoria de elecciones a principios de 2004.

El pleno del Consejo Económico y Social, que reúne a representantes de sindicatos (UGT y CC OO), la patronal (CEA), asociaciones de consumidores, cooperativas, universidades y organizaciones agrarias, aprobó ayer su dictamen sobre el anteproyecto del Consejo Audiovisual.

Una fuente precisó que, aunque había posiciones encontradas sobre cuál debe ser el papel del Consejo Audiovisual, todos los agentes representados coincidieron en que el debate no era posible sobre un texto que creen inconcreto. "El documento que se nos presenta no está suficientemente elaborado, por lo que consideramos imposible, en un plazo tan corto, entrar en el análisis detallado del articulado", dice el dictamen del CES, para después advertir de la "ambigüedad e indefinición de gran parte de los artículos", lo que les lleva a aconsejar la revisión del texto.

El CES mantiene que el texto debería "concretar mejor el alcance de las competencias, poderes e instrumentos que se conceden a este órgano", así como la "base legal que las legitima". El anteproyecto de ley que la Junta quiere remitir al Parlamento en diciembre asigna al Consejo Audiovisual andaluz competencias más amplias que a otros consejos autonómicos, como los existentes en Cataluña o Navarra.

Esas funciones incluyen el asesoramiento a las administraciones en la ordenación del sistema audiovisual y la vigilancia del cumplimiento del pluralismo, la objetividad, la libertad de información y la libre competencia en los medios audiovisuales. También debe velar por la salvaguarda de los derechos de los menores, los jóvenes, los mayores o los inmigrantes en la programación. El CES puntualiza que al tratarse de una materia que "afecta a derechos fundamentales" estas funciones deben estar más limitadas. "De no ser así, se puede leer [el texto] con dudas y temores provocados por la inconcrección".

"Esta laguna se vuelve a manifestar en la potestad sancionador, ya que el anteproyecto no establece las sanciones, ni determina el ámbito sancionador, si bien se remite a una ley posterior", indica el dictamen del CES. "Dado el alcance de las funciones de vigilancia del Consejo Audiovisual, que afectan, entre otros derechos, a la libertad de expresión, se debieran especificar los instrumentos y el alcance de sus decisiones", insiste.

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La Junta presentó el 21 de octubre el anteproyecto de ley del Consejo Audiovisual, un compromiso del PSOE para esta legislatura. El consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, dijo que no se presentó antes porque la Junta prefería una regulación estatal, que el Gobierno no ha acometido. El CES coincide en que, a falta de norma estatal, "la situación de descontrol exige que la comunidad autónoma se comprometa a ordenar el sector y a crear una autoridad audiovisual de ámbito andaluz".

Zarrías anunció un procedimiento administrativo de urgencia (dictámenes del CES y el Consejo Consultivo) y trató de lograr lo mismo en el Parlamento, la única vía para que la ley pudiese estar lista en esta legislatura. Pero PP e IU rechazaron aprobarla en lectura única.

El CES critica el procedimiento urgente y que se le haya presentado un texto, "sin ningún tipo de informes preceptivos, excepto una insuficiente memoria funcional y económica". Y rechaza que se asigne al Consejo funciones de "mediación y arbitraje" entre los medios y los consumidores, al no incluir el organismo "una participación directa de las posibles partes implicadas en los conflictos".

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