La Junta responde a los abogados gaditanos que mantendrá las sanciones por la asistencia a inmigrantes

La consejera de Justicia, Carmen Hermosín, respondió ayer a los abogados de Cádiz, que el jueves defendieron la "abnegada" asistencia que prestan a los inmigrantes, que la Junta no va a levantar las sanciones contra los letrados hasta que no se "clarifiquen totalmente" las actuaciones irregulares. Hermosín confirmó que se han encontrado 2.500 casos sospechosos más por parte de otros 77 letrados (Ver EL PAÍS del 27 de octubre).

Hermosín, que se entrevistó con el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, dijo que la Junta "no está dispuesta a dar dinero de los andaluces para actuaciones irregulares, o como mínimo incorrectas".

La Junta desea mantener el prestigio de la Justicia gratuita andaluza, que "funciona muy bien", y con ella "se deben defender de verdad los derechos de los inmigrantes y no limitarse a rellenar un papel", dijo Hermosín.

Hermosín confirmó también que ya ha retenido la transferencia de 54.000 euros correspondientes al primer trimestre por las 46 asistencias irregularidades detectadas. La cantidad retenida en el segundo trimestre será mayor al haberse incrementado a 77 los casos de defensas deficientes a los inmigrantes.

Carlos Carnicer dijo que le gustaría que se levantasen las sanciones y defendió la actuación de los abogados de oficio que, según dijo, "atienden a los inmigrantes en las peores condiciones".

No obstante, afirmó que existen "mecanismos para atajar" las "puntuales irregularidades e incorrección en el servicio" que puede haberse producido. Carnicer achacó la situación a que "la Extranjería es la asignatura pendiente en España y un pozo de hipocresía donde vende todo el mundo".

Acceso a la profesión

Carnicer defendió la necesidad de regular el acceso a la profesión de abogado y se lamentó de que "se haya quedado sobre la mesa", sin posibilidad de tramitación parlamentaria en esta legislatura, un proyecto del PP en ese sentido.

El presidente de los abogados españoles dijo que "el Estado de Derecho español no garantiza el derecho de defensa" ya que "el 20% de los abogados en ejercicio no tiene más preparación que la licenciatura". Esta situación supone "una injusticia" porque acceden al mercado laboral con las mismas oportunidades quienes están bien preparados y quienes no, con lo que "los ciudadanos ven perjudicados de forma irremediable sus derechos fundamentales".

Carnicer, que realiza una visita por los colegios de abogados de toda España, se entrevistó ayer en Sevilla con la consejera de Justicia, el alcalde de la ciudad, Alfredo Sánchez Monteseirín, y con la junta de gobierno del Colegio de Abogados de Sevilla, encabezada por José Joaquín Gallardo.