El 'bonus-malus' no llega a tiempo

Era una de las promesas del Gobierno para 2003, pero la introducción de un sistema de penalización en las cuotas a la Seguridad Social a las empresas con más siniestralidad laboral se ha demorado. Los sindicatos dan casi por descartado que llegue antes de 2005, y el ministerio de Trabajo no garantiza ninguna fecha, ni siquiera durante el año próximo.

La patronal considera que el modelo puede incentivar la prevención, si bien requiere un análisis previo que resulta complejo

A estas alturas no existe ningún acuerdo sobre las nuevas tarifas de la Seguridad Social, en las que descansará el sistema de penalización

El pacto al que llegaron el Gobierno y los agentes sociales el 30 diciembre no ofrecía lugar a dudas: "Las partes firmantes acuerdan que, a lo largo de 2003, se debe establecer un sistema de reducción o de incremento de la cotización a la Seguridad Social por las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales basado en la siniestralidad laboral que presente la empresa". La introducción de este sistema, similar al que rige en los seguros de automóviles, iba acompañado del "compromiso de implantar a lo largo de 2003 una nueva tarifa de primas para la cotización a la Seguridad Social por las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales" con el fin de adecuarlas a la siniestralidad.

Las fuentes consultadas coinciden en que no existe prácticamente ninguna posibilidad de que este novedoso sistema, conocido como bonus-malus, entre en vigor este año. El Gobierno sí ha cumplido otro capítulo del acuerdo, el de reformar la ley para obligar a las empresas a contar con planes preventivos. Fuentes del Ministerio de Trabajo confirmaron que no existe fecha prevista para la aprobación del bonus-malus y que ni siquiera se puede garantizar que se ponga en marcha en 2004.

Los representantes de los sindicatos mayoritarios, CC OO y UGT, presentes en la mesa negociadora de salud laboral junto al Gobierno, patronal y comunidades autónomas, están convencidos de que esta medida no será aprobada, al menos, hasta 2005. Además de las elecciones generales de marzo, Javier Torres, responsable de Salud Laboral de CC OO, subraya que las tarifas de cotización a la Seguridad Social se comunican siempre a principio de año, con el objetivo de que las empresas puedan realizar previsiones anuales realistas. Dado que a estas alturas no existe ningún acuerdo sobre estas eventuales nuevas tarifas, cuya modificación resulta compleja y sobre las que han de descansar los porcentajes del bonus-malus, desde el sindicato se descarta que haya tiempo para que éste se aplique en 2004.

El quid del problema, según Torres, radica en "la actualización de los obsoletos índices de cotización de cada sector económico en función de su siniestralidad laboral en los últimos años". En su opinión, "resulta necesaria una redistribución que haga frente a los cambios experimentados, lo que en la práctica significa que, por ejemplo, el sector servicios, en particular la hostelería, pague un 20% más de lo que cotiza actualmente".

Tomás López, responsable del gabinete técnico de Salud Laboral de UGT, ve subsectores que pagan una prima injusta, como la banca, donde la siniestralidad es muy reducida, y otros como la construcción que todavía deberían estar más penalizados. Acometer esta redistribución supone pisar callos. Ahí ven los sindicatos la razón por la que los acuerdos "están paralizados", explica López. "Falta impulso político", sentencia Torres.

Desde la patronal CEOE, Pilar Iglesias observa favorablemente la adaptación de tarifas "siempre que se haga con criterios técnicos claros, objetivos y equilibrados". Para ella, la introducción del bonus-malus "puede ser un elemento incentivador de la prevención, si bien requiere un análisis y estudio previo bastante complejo". Iglesias reconoce que, de momento, tal cosa no existe, por lo que espera "una iniciativa del Ministerio de Trabajo". Lograr el mantenimiento del equilibrio financiero del sistema es otro escollo. La previsión del Gobierno es fijar un calendario de dos años para su entrada en vigor escalonada.