La SEPI permite a Matutes vender hasta el 7% de Trasmediterránea

El Consejo de Administración de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) autorizó ayer al Grupo Matutes (controlado por Abel Matutes, ex ministro de Asuntos Exteriores con el Gobierno del PP) a reducir su participación en Trasmediterránea, desde el 12% hasta el mínimo del 5% siempre que se mantenga como socio industrial y permanezca en el consejo hasta el año 2008.

La constructora Acciona, socio mayoritario del consorcio propietario de Trasmediterránea desde el 31 de julio de 2002 con el 55%, y el Grupo Matutes, con el 12%, solicitaron el pasado 27 de octubre a la SEPI que determinara en qué condiciones autorizaría una reducción del capital en manos del empresario balear. Completan el consorcio ganador la Caja de Ahorros del Mediterráneo, con el 15%; el Grupo Aznar, con el 10%, y el Grupo Armas, con el 8%.

Ignacio Ruiz Jarabo señaló ayer que se han respetado escrupulosamente las condiciones del contrato de venta de la empresa y se han fijado dos requisitos que permiten la presencia de Matutes como socio industrial hasta 2008.

Tras la decisión del Consejo de la SEPI, el Grupo Matutes deberá conservar un porcentaje mínimo del 5% en el capital del consorcio, que es el umbral fijado por la Ley del Mercado de Valores para considerar una participación significativa. Además, el grupo balear tendrá que mantener su posición como socio industrial, lo que, a juicio de la SEPI, debe garantizarse mediante su representación en el consejo, exigida también.

Las condiciones impuestas por la SEPI para la venta parcial de la participación, que será adquirida por Acciona, se ajustan al contrato de compraventa suscrito el 1 de agosto de 2002. Ese contrato admite expresamente una venta parcial siempre que el grupo comprador conserve la mayoría del capital, se mantenga la integridad e identidad del consorcio y no se alteren las posiciones mayoritarias y minoritarias dentro del mismo.

Acciona solicitó en julio autorización para que el grupo balear abandonara totalmente el consorcio, permiso que fue denegado rotundamente por la SEPI al no cumplirse los requisitos establecidos en el contrato, que exige circunstancias "sobrevenidas y excepcionales" para liberar a los compradores de las obligaciones contraídas.