La Junta comunica a los promotores que la única solución en Marbella es un nuevo PGOU

La Junta no va a aceptar ninguna alternativa para la restitución de la legalidad urbanística en Marbella que no sea la redacción de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). La consejera de Obras Públicas, Concepción Gutiérrez, lo dejó ayer así de claro a un grupo de promotores urbanísticos con los que se reunió en Málaga y a los que anunció además que su departamento seguirá pidiendo a los jueces la suspensión de las obras de cuantas licencias impugne. Los promotores anunciaron que exigirán al Ayuntamiento la revisión del planeamiento.

En una reunión con un grupo de constructores y promotores, la consejera transmitió ayer a éstos de primera mano la misma posición que la Junta mantiene desde que la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Málaga decidió el pasado 21 de julio denegar por tercera y definitiva vez el documento de planeamiento cuya tramitación inició el Ayuntamiento en 1998 e instar a éste a redactar un nuevo plan. Ante las quejas de los promotores por la situación de inseguridad jurídica, Gutiérrez insistió en que no hay otra vía posible para devolver el orden urbanístico a la ciudad y que los contenciosos planteados por la Junta por promociones construidas con licencias municipales amparo en el PGOU vigente deberán ser resueltos por los tribunales.

A la reunión, en la que la consejera estuvo acompañada por la secretaria general de Urbanismo, Josefina Cruz, asistieron, entre otros, el presidente de los constructores de Málaga, Juan López Cohard, el del Centro de Iniciativas Turísticas de Marbella, Pedro Rodríguez, el de la asociación Promotur, Ramón Dávila, y un grupo de representantes de algunas de las promotoras con intereses en Marbella, algunas de las cuales tiene obras paralizadas por orden judicial al estar recurridas las licencias por la Junta. Algunos de ellos pidieron a la consejera que la Junta no pida a los jueces que suspendan cautelarmente las obras cuyas licencias impugna en los tribunales, algo a lo que Gutiérrez no accedió. En los últimos meses se han producido más de una veintena de órdenes judiciales de paralización.

Expediente

Según la consejera, la única iniciativa que cabe para solucionar el problema urbanístico de Marbella corresponde al Ayuntamiento de la ciudad, del que lamentó que no haya iniciado aún los trámites para la redacción del nuevo PGOU. El Consistorio aprobó en pleno el inicio del expediente el pasado 31 de julio, pero aquella noche se firmó el acuerdo para la moción de censura que derrocó a Julián Muñoz.

El nuevo equipo de gobierno, que preside Marisol Yagüe, no ha seguido ningún trámite más, e incluso ha marcado distancia con aquel acuerdo plenario, ya que tiene el propósito de recuperar parte del PGOU elaborado por el Consistorio en 1998. De hecho, su única actuación al respecto fue presentar un recurso contencioso contra la decisión de la Comisión Provincial de Urbanismo del 21 de julio de dar definitivamente por cerrado los trámites.

Los promotores se comprometieron en la reunión con la consejera a hacer de mediadores ante el Ayuntamiento y pedir a la alcaldesa que inicie los trámites para la revisión del PGOU. Según Concepción Gutiérrez, el Consistorio marbellí "tiene capacidad suficiente" para conseguir aprobar el avance del planeamiento en no menos de seis meses.

La consejera también habló con los empresarios de la revisión de los planes de los demás municipios de la Costa del Sol, que deben adaptarse a la nueva Ley de Ordenación Urbanística, y advirtió de que el "enorme potencial de creecimiento de población de la zona tiene que obedecer a estándares de calidad propios del siglo XXI". Anunció que el plan de ordenación territorial para la zona tendrá como principales prioridades determinar lo protegido "con nombre y apellido", asegurar las infraestructuras necesarias de transporte, y compromisos como el vertido cero y el ciclo integral del agua. De ese plan saldrán las bases que los municipios deben incluir en sus planes, "procurando que ninguno de ellos estropee la imagen del conjunto", explicó la consejera.

Gutiérrez tranquilizó a los promotores a los que aseguró que salvo en Marbella no existe "ninguna inseguridad jurídica en la Costa del Sol". "Otra cosa es que gusten más o menos las cosas que se han hecho", matizó.

Gutiérrez firmó ayer un convenio de colaboración con la Diputación de Málaga en virtud del cual la Junta se compromete a financiar la formulación del planeamiento urbanístico de los municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia, que recordó están sometidos a una enorme presión porque tienen un gran potencial al situarse en la segunda franja costera, especialmente los de las comarcas de La Axarquía y del Valle del Guadalhorce.