Jiménez y Sabanés tampoco quieren pagar

Las portavoces de PSOE e IU en el Ayuntamiento, Trinidad Jiménez e Inés Sabanés, respectivamente, también manifestaron ayer su rechazo frontal a que la nueva estación de cercanías de Alonso Martínez sea financiada en un 15% con fondos del Ayuntamiento.

Según Jiménez, es "inadmisible que alguien pueda llegar a un pacto de estas características a una semana de las elecciones". La portavoz socialista se preguntó: "Qué hace el Ayuntamiento de Madrid pagando unas obras que son competencia exclusivamente de Fomento", y, a la vez, pidió a Gallardón que "explique qué beneficios espera sacar de Cascos".

Sabanés lo tiene claro. Para la líder de IU en el Ayuntamiento, esta operación no es más que "un cambio de cromos entre Ruiz-Gallardón y Álvarez-Cascos". Sabanés se refiere a la necesidad que tiene el alcalde de contar con el beneplácito del ministro de Fomento para sacar adelante uno de sus proyectos estrella: el soterramieto de parte de la M-30, autovía en la que tiene la competencia el ministerio, ya que aún no ha sido transferida al Ayuntamiento.

Jiménez acusó al alcalde de Madrid de "actuar en contra de los intereses de los madrileños y como si pudiera hacer lo que le da la gana". Y volvió a preguntarse: "¿Cómo es posible que una sola persona pueda comprometer a dos administraciones a financiar casi la mitad de una obra sobre la que no tiene competencias?"

Sabanés calificó el acuerdo verbal Cascos-Gallardón como "una locura", además de "ilegal". Según la Ley 50/97 del Gobierno central, en el apartado tercero de su artículo 21, referido a las facultades del Gobierno en funciones, dice: Éste "facilitará el normal desarrollo del proceso de formación del nuevo Gobierno, y el traspaso de poderes al mismo y limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras medidas".

Fuentes del equipo en funciones del aún presidente regional Ruiz-Gallardón aseguran que la firma "en los próximos días" de este acuerdo es legal. De la misma opinión es Santiago Muñoz Machado, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense, quien considera que el presidente del Gobierno, incluso estando en funciones, "conserva la totalidad de sus poderes". El abogado Pedro Pascual sostiene que Gallardón puede tomar este tipo de decisiones "mientras no sea relevado" por su sucesor, "aunque otra cosa es que tenga legitimidad moral para hacerlo".

Como resultado de este pacto entre Gallardón y Cascos, el futuro presidente o presidenta de la Comunidad tendría que asumir este compromiso, salvo que al elaborar su propio presupuesto alegasen que no tienen suficiente dinero para acometer la obra.