Pacto de Toledo

El compromiso de los grupos políticos y sociales en asegurar el mantenimiento del sistema público de pensiones ha cristalizado en la renovación del Pacto de Toledo, suscrito recientemente en el Congreso. La existencia de puntos comunes de consenso constituye una importante garantía de la viabilidad y continuidad del sistema a largo plazo, frente a los peligros que se avecinan, bajo nivel de natalidad e incremento de la edad de la población, que van a provocar la disminución de la población contributiva y, por tanto, la crisis del sistema.

Con este pacto se trata de fijar una serie de grandes principios que sean desarrollados por los Gobiernos futuros. La política social de los últimos años ha materializado algunas de las recomendaciones que se acordaron en 1995 (subida de las pensiones más bajas, simplificación de los regímenes, constitución del fondo de reserva, implantación de sistemas de jubilación flexible...).

El pacto renovado ha incorporado recomendaciones nuevas. La preocupación por la integración laboral de la mujer y los problemas de igualdad y conciliación de vida familiar y laboral; la protección del fenómeno de la dependencia, es decir, el cuidado de aquellas personas que necesitan de otra persona en el desarrollo cotidiano de las actividades de su vida; la atención a la discapacidad; la incorporación de los inmigrantes al mercado de trabajo y al sistema de protección social. Por el contrario, la posible extensión del cálculo de la pensión de jubilación sobre la totalidad de la vida laboral del trabajador no se ha incorporado al pacto por el rechazo que provocaba en algunos sectores.

Se mantiene también la política de incentivación de la contratación mediante bonificaciones en las cotizaciones, así como la preocupación por no contribuir con los recursos públicos a las prejubilaciones. Algunos grupos han planteado votos particulares que han ido por la vía de reclamar más competencias para las autonomías o elevar la cuantía de las pensiones hasta el SMI. No obstante, las divergencias y la posible ambigüedad de algunas cláusulas no pueden atenuar la importancia que supone la existencia de un consenso general sobre cuál debe ser el camino futuro de la Seguridad Social.