Vallejo y Aguilar acuerdan el derribo del edificio Noreña sin el permiso del Gobierno

El consejero de Salud, Francisco Vallejo (PSOE), y la alcaldesa de Córdoba, Rosa Aguilar (IU), formalizaron ayer el convenio de descontaminación y derribo de la antigua residencia Teniente Coronel Noreña para construir un centro de salud. El Gobierno central, que fue el propietario del inmueble, en desuso desde 1984 y cedido a la Junta, defendió su derecho a autorizar el derribo, en contra de lo que opina la Junta.

Vallejo aseguró ayer que, en contra de lo que le dictaban sus servicios jurídicos, envió dos comunicaciones a la Tesorería General de la Seguridad Social, propietaria del inmueble, en las que pedía permiso para el derribo. El consejero dijo que la respuesta a esa comunicación fue que "se elevarían para ser estudiadas". Tanto Vallejo como Aguilar confiaron en que el Gobierno central no ponga objeciones al derribo. Además, el inmueble no cumple las normas de edificabilidad del Plan General de Ordenación Urbana.

El subdelegado del Gobierno en Córdoba, Javier de Torre, afirmó que la petición de autorización no se ha realizado formalmente: "La Junta no ha seguido la tramitación ordinaria", explicó. De Torre se refirió así a los dos escritos remitidos por la Junta.

El subdelegado indicó que el Gobierno central es, de momento, "mero espectador" de cualquier actuación sobre el edificio, aunque recalcó: "No vamos a poner ninguna traba". Incluso el presidente de la Junta, Manuel Chaves, expresó la necesidad de pedir la autorización, aunque los servicios jurídicos del Gobierno andaluz no la consideraran necesaria. El litigio jurídico entre el Gobierno central y la Junta sigue abierto después de meses.

El paso previo al derribo es la descontaminación del edificio, obra que no requiere permiso del Gobierno central. La alcaldesa confió en que las tareas de descontaminación comiencen antes de que finalice el año. El plan de trabajo para la descontaminación de los 100 metros cúbicos de amianto que el edificio alberga en sus estructuras fue aprobado por la Delegación de Empleo el pasado 17 de junio. La empresa Protisa acometerá la descontaminación, que supondrá un coste de 284.000 euros al Ayuntamiento. Las arcas municipales también sufragarán los 480.000 euros de la demolición.

Tanto Rosa Aguilar como Francisco Vallejo se felicitaron por la firma del convenio que permitirá a los distritos Huerta de la Reina y Parque Figueroa disponer de un nuevo centro de salud. Éste sustituirá a los dos ambulatorios que actualmente dan cobertura sanitaria. La alcaldesa y el consejero coincidieron en que se trataba de un "problema endémico de la ciudad".

El Ayuntamiento prevé un fuerte crecimiento demográfico en la zona y los vecinos ya habían empezado a reclamar celeridad en los trámites. El Plan General de Ordenación Urbana prevé que en los próximos 12 años se triplique la población en la zona.

El consejero de Salud aseguró que el borrador de presupuestos de la Junta de Andalucía para 2004 incluye una partida para la redacción del proyecto y la licitación de las obras, aunque no precisó la cantidad.

Francisco Vallejo negó cualquier uso de la parcela de 16.000 metros cuadrados que no fuera el sanitario, tal y como refleja el PGOU. Contestó así a las noticias que hablaban de una posible cesión de terreno al Ayuntamiento y al Gobierno central. El consejero puntualizó que, aunque el centro de salud no ocupe toda la parcela, se trata de una "reserva sanitaria estratégica para la ciudad".