Los menores acusados de matar a Sandra admiten su implicación

Los tres menores acusados de violar y matar, atropellándola y quemándola cuando aún estaba con vida, a la joven de Getafe Sandra Palo, de 22 años, se sentaron ayer en el banquillo del Juzgado 5 de Menores. Aunque con discrepancias entre ellos sobre los matices y el grado de participación de cada uno en el crimen, los reos admitieron su implicación en la muerte de Sandra, ocurrida el pasado 17 de mayo. Subieron a la joven a un coche y la llevaron a un descampado de Leganés, donde la violaron, la atropellaron y la quemaron viva.

Los menores se enfrentan a una petición de medidas del fiscal que en total suma 21 años de internamiento en un reformatorio. En concreto, pide ocho años de internamiento y otros cinco de libertad vigilada para dos de ellos, ambos de 17 años, y cuatro años de reformatorio y tres de libertad vigilada para el tercero, que tiene 14 años. El fiscal les acusa de violación, asesinato y detención ilegal. Además de estos menores, hay un cuarto implicado en los hechos, apodado El Malaguita, pero éste es mayor de edad y será enjuiciado por separado, aunque ayer estuvo en la vista.

"Asesinos, asesinos"

Familiares de la víctima recibieron con gritos de "asesinos" a los padres y familiares de los acusados. "Asesinos, asesinos", gritó enfurecida la abuela de Sandra a los padres de uno de los acusados. "No hay pruebas, no hay pruebas...", contestó éste, indiferente. La mujer sufrió un desmayo de impotencia y rabia. Igual le ocurrió a su hija, María del Mar Bermúdez, madre de Sandra. "Es duro lo que han hecho estos asesinos a mi hija, es muy duro...", lloraba.

María del Mar presenció en directo los interrogatorios y escuchó el estremecedor relato de los hechos. Dos de los acusados esgrimieron como atenuante el consumo de drogas la noche del crimen. En el cadáver de Sandra se hallaron dos muestras de ADN, una de ellas corresponde a uno de los acusados. El juicio contra estos menores, que terminó ayer, se celebró a puerta cerrada: la juez sólo permitió el acceso a la sala de vistas a los familiares directos de los implicados. El decanato de los juzgados desplegó un fuerte dispositivo de seguridad que permitió que la vista, que se prolongó durante 10 horas, se desarrollase con normalidad. Los ocho años de internamiento en un centro cerrado que pide el fiscal para dos de los tres menores -los que tienen 17 años- es la pena máxima que permite imponer la nueva Ley de Responsabilidad Penal del Menor, en vigor desde enero de 2001. A las puertas del juzgado, familiares y amigos de la familia de Sandra continuaron con la campaña de recogida de firmas para exigir un endurecimiento de la citada ley. Esta ley apuesta por la reinserción del menor frente a las medidas punitivas y eleva de 16 a 17 años la responsabilidad penal de los jóvenes. Los promotores de la campaña aseguran que ya tienen recogidas más de 600.000 firmas, suficientes para promover un proyecto de ley en el Parlamento en este sentido. Emilia Zaballos, abogada de uno de los menores, el cual colaboró con los agentes, explicó que es duro defender un asunto de este tipo, pero subrayó que todo el mundo tiene derecho a una defensa.