El coste de la recompra de la sede de la CEV depende del afectado

Rafael Ferrando, presidente de la Confederación Empresarial Valenciana, aludió el miércoles a las buenas relaciones de la patronal con las entidades financieras valencianas para restar importancia al coste que pueda llevar aparejada la recompra de la antigua sede de la CEV. Pero el coste de la operación depende, en realidad, de las posibles exigencias que pueda plantear el comprador por los perjuicios sufridos.

El coste que pueda derivar de la decisión de retrotraer la operación de venta de la antigua sede de la CEV, ubicada en la calle Músico Peydró de Valencia y propiedad hasta el pasado mes de junio del Instituto Valenciano para la Gestión Empresarial, una sociedad limitada cuyo socio único es una fundación de la patronal, depende de las exigencias que pueda plantear Servicios Avanzados de Información y Telecomunicación (SAIT), la sociedad limitada que debía asumir el pago de las cuotas mensuales del leasing gestionado por Bancaixa.

Ningún portavoz de SAIT quiso comentar ayer las posibles exigencias que pueda plantear la sociedad a raíz de los perjuicios que pueda suponerle la recompra del edificio por parte de la CEV.

SAIT, una sociedad limitada creada para ofrecer servicios informáticos, comercializar productos de grandes marcas o elaborar sus propios programas modificó su objeto social el pasado mes de junio para "arrendar y subarrendar toda clase de inmuebles y locales u obtener por su uso o por cualquier otro título que permita la ley, así como proceder a la adquisición, explotación en régimen de arrendamiento o cualquier otro que permita la ley, cesión de cuantos bienes y enseres" alberguen tales inmuebles.

Una modificación que permitía a SAIT disfrutar del usufructo del edificio de Músico Peydró a través de una operación de leasing acordada con Bancaixa, propietaria del inmueble hasta que se satisfaga la cantidad anticipada a la CEV en la operación de venta del inmueble, y alquilar el edificio a la patronal para costear las cuotas que exigiera la operación, cifrada en algo más de un millón de euros.

SAIT trabajaba en régimen de exclusiva para la CEV cuando su única especialidad era la prestación de servicios informáticos. Todo indica que la CEV iba a ser el primer cliente de SAIT desde que amplió su objeto para arrendar inmuebles y locales.

Pero salvo que existan acuerdos privados entre la patronal y la antigua empresa de servicios informáticos, nada impide a SAIT anular o modificar contratos para llegar a acuerdos de alquiler en condiciones más ventajosas.

Tribunal de Cuentas

El Tribunal de Cuentas denunció el pasado mes de octubre toda una serie de irregularidades cometidas por sindicatos y patronales en la gestión de fondos públicos a través de la Fundación para la Formación Continua de los Trabajadores (Forcem) entre 1996 y 1998. El Tribunal de Cuentas señaló, entre otras muchas irregularidades, "el fenómeno de las subcontrataciones entre empresas con algún tipo de afinidad", un fenómeno que se tradujo en "un aumento de los costes sin necesidad".