El Poder Judicial analizará la incidencia de los juicios rápidos

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial aprobó ayer, por 11 votos a favor y 10 en contra, una propuesta del sector progresista del citado organismo para que se estudie la repercusión que la puesta en funcionamiento de la Ley de Juicios Rápidos ha tenido sobre los restantes procesos penales y los civiles que se tramitan por la vía ordinaria.

La propuesta había sido formulada por los ocho vocales del sector progresista y a la misma se sumaron Alfons López Tena, propuesto por CiU, el independiente Agustín Azparren y el vocal de la mayoría conservadora Adolfo Prego.

El acuerdo adoptado por el Consejo dispone: "Que por el Presidente del Consejo General del Poder Judicial, y en su condición de máximo responsable del Servicio de Inspección, se presente, a la mayor brevedad posible, ante este Pleno el programa de seguimiento que permita analizar los tiempos procesales de las causas, tanto civiles como penales, que no han de tramitarse por la Ley de Juicios Rápidos y al mismo tiempo las consecuencias que la Ley de Juicios Rápidos está teniendo en los tiempos de respuesta de las demás causas judiciales para así solicitar las medidas oportunas en relación a los recursos humanos, organizativos y económicos que fueren precisas para garantizar la efectividad de la Justicia".

Los vocales progresistas explicaron que su propuesta no es una crítica a la Ley de Juicios Rápidos, sino una preocupación por si los esfuerzos dedicados a los juicios rápidos están retrasando o ralentizando otros procesos civiles o penales que también deberían tramitarse sin dilaciones.

Única propuesta aprobada

Esa fue la única propuesta que fue aprobada de las cuatro presentadas por los progresistas y que suponían una crítica a la mayoría conservadora del Consejo, a la que acusan de no buscar el consenso, sino de despreciarles. Una de las propuestas criticaba al presidente del Consejo, Francisco Hernando, al que responsabilizan de la falta de programa de la Inspección, y otra lamentaba la falta de medios en la Justicia y reclamaba la creación de 150 nuevas plazas de jueces.

Enrique López, portavoz del Consejo e integrante de los conservadores, explicó que se habían comprometido a presentar en el primer pleno de noviembre un estudio de la carga de trabajo de las plazas de jueces, y hacer una petición razonada sobre las que se puedan reconvertir y las que haya que crear, para remitirla al Legislativo y el Ejecutivo. Respecto al programa de la Inspección, López dijo que hace un año se cambió el sistema de la Inspección y que no se puede responsabilizar al presidente de que haya sido excarcelado el sospechoso de un triple asesinato.