La orden del cambio en la obra de Punta Umbría fue "de palabra"
El delegado de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) Vicente Gimeno Merino reconoció ayer, durante su comparecencia en la comisión que investigación sobre el proyecto turístico de Punta Umbría, que hubo "una ligera diferencia" en las obras de las parcelas del Plan Parcial 3 y 4, donde estaba previsto construir viviendas adosadas y unifamiliares y se proyectó un complejo turístico. Gimeno Merino aseguró que desconocía quién dio la orden directa de los cambios, de los que tuvieron noticia en una reunión en la que participaron el ex alcalde de Punta Umbría José Hernández Albarracín; el anterior concejal de Urbanismo, Francisco Rodríguez Cermeño; el gerente de la Empresa Municipal del Suelo, Javier Mateo; y el arquitecto municipal José Garduño. Gimeno Merino aseveró que la orden fue "de palabra" y que "no existió documento escrito sobre el asunto".
Gimeno Merino subrayó que las obras realizadas "fueron muy pequeñas" y que "no afectaron al interior de las parcelas" susceptibles "de cambio de uso". "Únicamente se han realizado obras para hacer compatible el futuro uso de esa zona", matizó. En esos terrenos se hicieron canalizaciones de agua y una ampliación de viales hace semanas, sin una autorización por escrito del Ayuntamiento.
Anexo
El proyecto turístico diseñado por el PSOE destinó una parcela para construir viviendas adosadas, pero el ex alcalde de Punta Umbría y presidente de la Sociedad Municipal del Suelo, firmó en marzo de 2003 un anexo al contrato de obras en el que figuraban una serie de modificaciones que suponían sustituir lo calificado como residencial por un complejo turístico que incluía una escuela de golf y un campo de prácticas. A FCC se le encargó la elaboración del nuevo plan. Además, el nuevo uso preveía la incorporación de 9,3 hectáreas de terrenos colindantes y el aumento en un 23% de la superficie original, según consta en un informe que el representante de FCC entregó ayer a la comisión.
Para el actual alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández (PP), la comparecencia de Merino es significativa. "En anteriores comparecencias se atribuyó la decisión a todo el equipo de Gobierno. Hoy se ha señalado directamente a los integrantes de una reunión", afirmó.
Un informe elaborado por FCC cifra en 730.000 euros el coste que supone desmontar lo ejecutado y volver a la situación prevista en el Plan Parcial. José Carlos Hernández afirmó que, a raíz de este informe, "en la parcela se han hecho obras distintas a las previstas". "Si se comprueba que la empresa no ha sido diligente en su actuación, el Ayuntamiento no asumirá los gastos. Nada. Tendrán que ser abonados por los verdaderos responsables. Que lo paguen ellos", dijo. La idea del actual gobierno municipal, del PP, consiste en mantener el uso original: viviendas adosadas y unifamiliares.
