La Junta apoya el pacto de los abogados sobre inmigración
La Junta felicitó y mostró ayer su total adhesión a la iniciativa del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados de impulsar, junto con otras administraciones, un Pacto de Estado sobre la inmigración para dar un tratamiento global que garantice el respeto a los derechos fundamentales de quienes llegan a España.
En una carta dirigida al presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, José Joaquín Gallardo, el consejero de Gobernación, Alfonso Perales, felicita al máximo órgano de la abogacía andaluza y expresa la "adhesión y el total acuerdo" del Gobierno andaluz con esta iniciativa acordada el 26 de julio en Jerez de la Frontera.
En dicha reunión, el Consejo Andaluz, integrado por los decanos de los once Colegios y presidido por el sevillano José Joaquín Gallardo, consideró que la actual legislación es "manifiestamente insuficiente para garantizar los derechos básicos de los extranjeros", por lo que planteó a los partidos e instituciones el pacto.
Acuerdo necesario
Tras coincidir con los planteamientos de los abogados, el consejero sostiene que el acuerdo es "necesario para garantizar" los derechos de los inmigrantes y aboga por un pacto "básico" entre las administraciones implicadas, instituciones y agentes de la sociedad civil relacionados con la materia. No obstante, recuerda que tanto el presidente andaluz, Manuel Chaves, como él han mantenido diversos contactos con responsables del Gobierno central, especialmente con el delegado del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración, Ignacio González, gestiones que, según Perales, "no han tenido lamentablemente ningún éxito".
"Sólo desde la colaboración política y social y no desde el fraccionamiento o confrontación existen garantías para un trato equilibrado de la inmigración", añade Perales, que recuerda que la Junta seguirá insistiendo en la demanda de esta propuesta. Por su parte, José Joaquín Gallardo declaró que el colectivo que preside ofrecerá a la Junta su total disposición para que el Pacto de Estado por la inmigración sea una "realidad y un marco fáctico y jurídico que respete los derechos de los inmigrantes".
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