Los cientos de documentos que genera cada incidencia retrasan el juicio de la hepatitis C

El trasiego de papeles del sumario de la hepatitis C ha adquirido intensidad en los últimos tres meses. Desde que la sección segunda de la Audiencia de Valencia, que preside Francisco Monterde, fuera encargada de afrontar el complejo juicio en el que se sentará en el banquillo de los acusados el anestesista Juan Maeso, único imputado por el contagio masivo de hepatitis C en cuatro hospitales de Valencia, las carpetas, copias, providencias, alegaciones y otros documentos se han multiplicado por cientos hasta construir un puzzle en el que no todas las piezas encajan.

El escenario de la Sala misma ha cambiado. El volumen del sumario, decenas de miles de folios, ha hecho necesario habilitar un espacio a propósito. La tecnología de la que dispone la Justicia no permite grandes alegrías: la fotocopiadora tiene sus limitaciones y valen copias en disquete, pero no en CD. Las piezas separadas no fueron trasladadas a la Audiencia, pero el tribunal de la Sala no se apercibió de ello hasta que una de las partes pidió revisarlas. Y a la postre han venido 118, pero son más de 300. La diferencia ha ido en forma de escrito, de nueva petición al tribunal.

Tras la retahíla de peticiones se intenta construir improvisadamente un método, mientras se busca, además, un lugar donde celebrar, tal vez en 2004, un juicio con casi 200 abogados, 280 afectados y otros tantos testigos.

El último episodio del lío de papeleo del caso de la hepatitis C se escribió el pasado lunes cuando el abogado que defiende a Juan Maeso presentó en el juzgado de guardia dos escritos: uno contra el plazo común que tienen todas las partes para decir si están o no de acuerdo con que se cierre el sumario; el otro recordando que ya había solicitado en junio el total de las piezas separadas del sumario (los pacientes que fueron examinados y que por diferentes razones no se incluyeron entre los 280 que se consideran perjudicados directamente por Maeso). En ese último escrito se hace saber a la Sala que aparecen tres personados cuya documentación en forma de piezas separadas no está en poder del tribunal.

Pero ya había antes otras piezas sin encajar. Fue el 5 de mayo cuando el Juzgado de Instrucción número 5 de Valencia dio por concluido el sumario del caso de la hepatitis C. Y el 28 de mayo, la sección segunda de la Audiencia asumió la competencia sobre el sumario. En la causa se han personado 125 abogados como acusación particular, dos como acción popular, uno por la defensa, seis como responsables civiles directos y 29 como responsables civiles subsidiarios. Un total de 173 letrados sobre el estrado. Ante tal volumen de representaciones, la Sala de la Audiencia reclamó medios materiales (fotocopiadora, mobiliario o teléfono) para hacer frente a las demandas de documentación y estableció un calendario para hacer copias de los documentos (que se ha modificado en dos ocasiones, lo que obliga, para dar por enterados a todos los interesados, a un trajín de unas 200 fotocopias y otras tantas notificaciones). Las partes han ido trasladando qué les interesa. Algunas peticiones, entre ellas las de la defensa y algún responsable civil, revelaron que no toda la documentación había sido remitida, por lo que el tribunal tuvo que solicitar al juzgado de inicio que enviara también las piezas separadas. Las peticiones plantearon otro problema de intendencia: el índice mismo del sumario no se podía grabar en CD, sólo en disquete, con lo que todos los que dejaron un CD para que se les incluyeran los datos tuvieron que pasar de nuevo para retirarlo y sustituirlo por un disquete. También en ese caso hubo que comunicárselo por escrito: otras 200 fotocopias y las notificaciones en tiempo.

Miles de fotocopias

Cuando ya había pasado un mes de la conclusión del sumario, la Sala comunicó la incorporación de una nueva afectada (lo que ha generado protestas de la defensa de Maeso). Sólo el volumen de diligencias que implica mantener informadas a las partes de lo que va sucediendo es tan grande que la Sala pidió la mediación del Colegio de Abogados para ver en qué medida se podía reducir el número de letrados, justo cuando se admitió a uno más en la causa, el del sindicato CSI-CSIF, hace poco más de 15 días. Después de eso, cuando se ha vuelto a ordenar el calendario para fotocopias y se ha comunicado que en agosto la secretaría permanecerá abierta para hacer frente a las peticiones, la Sala comunicó cuáles son las piezas separadas que le han llegado (117), mientras que originariamente se investigó a más de 300 pacientes que quedaron fuera de la causa. Esto último ha provocado un escrito de protesta, el de la defensa, que presumiblemente no será contestado hasta septiembre, con lo que la intendencia tiene pendiente un trámite más que, entre otras cosas podría afectar a las miles de fotocopias que se van a servir durante agosto. Mientras, va corriendo el plazo dado hasta el 30 de septiembre para que cada uno de los casi 200 abogados diga si el sumario está cerrado o se debe practicar alguna diligencia más. Cada decisión, por sencilla e intrascendente que parezca, obliga a un trabajo arduo y lento que contrasta con la supuesta diligencia que se quiere dar al caso para que se acorten los pasos tanto y, en lugar de seis años, pueda celebrarse el juicio dentro de poco más de uno.