18 meses de prisión para el subastero Alberto Royuela por presentar denuncias falsas contra jueces y fiscales

Año y medio de cárcel y multa de 12.960 euros por un delito continuado de acusación y denuncia falsa. Ésa es la pena que ha impuesto una magistrada de Barcelona al subastero y ultraderechista Alberto Royuela Fernández por las denuncias falsas contra jueces y fiscales de Barcelona presentadas entre octubre de 2000 y junio de 2001 en las que les acusaba de evasión de capitales. La misma sentencia también condena al periodista Joan Martínez Grassa a seis meses de prisión y a una multa de 1.080 euros por falsedad en documento mercantil, al haber realizado un ingreso en metálico en nombre del fiscal Carlos Ramos.

La sentencia ha sido dictada por la magistrada del Juzgado de lo Penal número 19 de Barcelona, Magdalena Jiménez, quien asegura que Royuela presentó estas denuncias para "mancillar el honor de diversos" jueces y fiscales: Carlos Jiménez Villarejo, ex fiscal jefe de Cataluña; su sucesor, José María Mena; el presidente de la Sección Novena de la Audiencia de Barcelona, Gerard Thomas, y la magistrada de Instrucción de esta ciudad, Roser Aixandrí. La sentencia asegura que Royuela guardaba a estas personas "un odio visceral" porque en el ejercicio de su profesión participaron en diversos procesos penales que acabaron en condena contra el subastero.

En concreto, el tribunal que presidía Gerard Thomas condenó a Royuela en enero de 1999 a dos años de cárcel por falsificación en documentos privados. Por esta causa, la juez Aixandrí decretó la prisión preventiva de Royuela durante poco más de dos meses en 1995, cuando los responsables de la fiscalía en Cataluña eran Jiménez Villarejo y Mena. La sentencia afirma que el subastero presentó las denuncias "con intencionado desdén" y a sabiendas de que los documentos que aportaba eran falsos, aunque la sentencia considera que no se ha podido probar que Royuela participara en su redacción. Durante la tramitación del proceso penal contra Royuela la fiscalía solicitó que se le sometiera a un reconocimiento psiquiátrico por su forma de actuar, pero ese análisis demostró que estaba cuerdo, tiene una inteligencia "superior al término medio" y no se apreciaba ningún "proceso psicótico alienante", ni "trastorno psicopatológico severo".

La sentencia asegura que las denuncias que resultaron ser falsas son un "inverosímil relato plagado de insidiosas imputaciones". La primera de ellas se presentó el 23 de octubre de 2000 y cuatro días después fue archivada por defecto de forma por el juzgado al que le correspondió sin entrar a valorar el fondo del asunto, ya que se trataba de personas aforadas. El 29 de noviembre de 2000 Royuela volvió a la carga "guiado por el mismo propósito de desdén a la verdad", asegura la sentencia. En este caso, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña no sólo archivó el caso sino que dedujo testimonio al juzgado de guardia por si los hechos fuesen delictivos. Finalmente, el 27 de junio de 2001 Royuela repitió la misma denuncia ante el Tribunal Supremo, que volvió a archivarla al cabo de tres semanas y también instó a la justicia a que le investigara por denuncia falsa.