El PSOE exige de nuevo a Anticorrupción que investigue ya la trama de los tránsfugas

El PSOE ha solicitado de nuevo a la Fiscalía Anticorrupción que investigue la presunta trama que amparó o propició la deserción de los diputados autonómicos socialistas Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez de Laguna. El escrito recuerda que no existe ya impedimento formal dado que no hay procedimiento judicial alguno abierto por su fuga, que impidió la formación de un Gobierno de izquierdas en Madrid. El PSOE urge la requisa de las pruebas solicitadas, como los listados de llamadas, ya que este material se destruye periódicamente por las compañias telefónicas.

Una de las pruebas que más indicios arrojaría, según el PSOE, sobre la conexiones de los miembros de la presunta trama que amparó el "golpe de mano institucional" que frustró el acceso de la izquierda al Gobierno madrileño son las llamadas telefónicas que se cruzaron. El PSOE sabe que es un material perecedero, y teme que en las destrucciones periódicas de este material, cuando el juez o la fiscalía lo reclame, este listado haya podido ser ya eliminado por la compañía pertinente.

Con ello se perdería una capital secuencia de los hechos: por todo ello, el PSOE requirió semanas atrás investigar no sólo a quién telefoneó Eduardo Tamayo, sino qué llamadas hizo el día de la fuga su abogado de cabecera, José Esteban Verdes, militante del PP y marido de Paloma García Romero, concejal popular en el Ayuntamiento de Madrid. En anteriores escritos ante la fiscalía Anticorrupción, el PSOE resaltó la existencia de llamadas de Verdes al secretario general del PP en Madrid, Ricardo Romero de Tejada, "en la víspera y antevíspera del 10 de junio, tras haber hablado con Tamayo".

El PSOE recuerda en su nuevo escrito ante la Fiscalía Anticorrupción, fechado anteayer, que "es público y notorio el hecho de que en la actualidad no existe ningún procedimiento judicial abierto por los hechos ocurridos en la Asamblea de Madrid el 10 de junio, y que la querella interpuesta ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha sido inadmitida a trámite, así como desestimado el recurso de súplica ante su inadmisión".

El PSOE, tras dicho segundo varapalo, declinó recurrir precisamente para que el fiscal general del Estado no tuviese "ninguna excusa" para no actuar alegando que había procedimientos abiertos, explicó el portavoz socialista en el Congreso, Jesús Caldera. "Queremos que se desbloquee la situación y, por tanto, el fiscal tiene vía libre para entrar en el caso", remachó.

Batería de escritos

Desaparecido este escollo, el el PSOE plantea ahora ante la Fiscalía Anticorrupción que "procede la reapertura de las diligencias de investigación, y en su caso, solicitar autorización a la Fiscalía General del Estado para reanudar las investigaciones interrumpidas en su día por mandato del fiscal general del Estado". Y el PSOE recuerda la batería de escritos presentados ante la fiscalía que hasta ayer dirigía, aunque en funciones, Carlos Jiménez Villarejo: "Esta parte ha presentado ante esta fiscalía diversos escritos de fechas de 30 de junio de 2003, de 3 y de 15 de julio de 2003 que no han sido proveídos hasta este momento. Esta parte interesa que se provea sobre los mismos".

El PSOE apremia en su escrito a la fiscalía a dar los primeros pasos cuando se acerca el tercer mes desde que estalló el escándalo. "Esta parte, en su escrito de 15 de julio, puso en conocimiento de esa fiscalía un escrito dirigido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por el que se solicitaban diligencias de carácter urgente y perentorio, cuya práctica se consideraba inaplazable". El PSOE detalla cuál de ellas considera más prioritaria. "Procede que esta fiscalía ordene la práctica de las citadas diligencias a fin de evitar que las compañias de telefonía fija y móvil operantes en nuestro país no procedan a la destrucción de los listados de llamadas de las personas investigadas en estas diligencias".

Y augura en su escrito el peligro que encierra para el éxito de esta investigación aún no abierta por Anticorrupción seguir demorando la petición de tales pruebas. "De no ordenarse dicha diligencia, estas pruebas desaparecerán irreversiblemente, ya que dichas compañías destruyen los listados después de dos a tres meses".

Tales listados son juzgados clave por el PSOE para explicitar que el cúmulo de coincidencias en las llamadas del círculo de personas próximas a Tamayo -argumento asumido por ponentes contrarios al rechazo a la querella socialista: "Lo casual tiene un límite en su repetición"-, permite concluir que superan el mero azar. Modesto Nolla, diputado socialista, en su interrogatorio a Tamayo siguió un guión similar: evidenciar que las llamadas a ciertas personas se producen en momentos críticos de lo que el PSOE ve secuencias de una bien engrasada y coordinada conspiración.

Por todo ello, el PSOE solicita a Anticorrupción que investigue, que solicite en su caso la autorización del fiscal general, que provea los escritos presentados y que ordene la práctica de la diligencia sobre lista de llamadas.