Primera denuncia masiva en España contra las descargas de archivos en las redes P2P
Empezó en Estados Unidos, y ya ha llegado a España: la denuncia contra quienes con un software legal (las redes de intercambio de archivos o peer to peer, P2P) se descargan material (música, películas o programas informáticos) saltándose los derechos legales de reproducción. Napster fue el primer sistema que permitió el intercambio de archivos entre ordenadores particulares. La primera amenaza contra la industria de contenidos, principalmente la del disco y la del cine. Las querellas contra Napster consiguieron cerrar la empresa, pero hizo brotar otras tantas iniciativas (Kazaa, eDonkey) con una arquitectura más compleja y difícil de perseguir. Lo ilegal no es el programa, sino descargarse archivos con copyright. Entonces la industria norteamericana del disco, la RIAA, empezó a identificar a las personas que se descargaban la música. La persecución digital llegó hasta los campus universitarios, que, bajo la presión judicial, se vieron obligados a identificar a los usuarios de esos ordenadores desde donde se copiaban cientos, miles de canciones. La RIAA ya ha ganado 871 querellas contra usuarios del P2P y cada día presenta 75 más.
En España, la persecución legal no viene de la música, sino de empresas de software, que se han unido para lanzar una acometida contra las redes de intercambio de archivos. Un grupo de 38 empresas de software profesional, educativo, lúdico, bases de datos especializadas y varias asociaciones pusieron la semana pasada una denuncia contra 4.000 usuarios de redes P2P por compartir ilegalmente sus programas.
Se les acusa de "reproducción no autorizada" de productos de software, según explica Javier Ribas, socio del despacho Landwell Price WaterHouse Cooper, que lleva el caso, un delito castigado en los casos más graves con un máximo de cuatro años de cárcel y 216.000 euros, según el código penal.
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