Las obras de la nueva multiestación de Sol se ejecutarán sin estudio ambiental

La gigantesca obra que comienza hoy y que supondrá horadar el centro de Madrid para unir con un nuevo túnel ferroviario Atocha, Chamartín y la Puerta del Sol carece de declaración de impacto ambiental.

El Ministerio de Medio Ambiente eximió a esta nueva conexión subterránea de este requisito el 27 de junio de 2002 por considerar que sus efectos medioambientales no eran "significativos". En cambio, la oposición y los ecologistas aseguran que la obra exige un estudio medioambiental dada su duración (47 meses), su ubicación (el centro histórico de la ciudad) y las molestias que causará a miles de ciudadanos.

El ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos, inaugurará hoy las obras. Los trabajos, que llevarán al centro de la capital una nueva estación de tren de Cercanías en plena Puerta del Sol, se alargarán cuatro años. Durante este tiempo, Fomento prevé construir un nuevo túnel que discurrirá desde la estación de Atocha a la Puerta del Sol para proseguir hasta Alonso Martínez, Nuevos Ministerios y Chamartín.

Según la legislación vigente, la construcción de líneas de ferrocarril o de metro debería someterse a una evaluación de impacto ambiental cuando así lo decida el órgano competente. Pero el Ministerio de Medio Ambiente consideró que no era necesario efectuar el estudio, porque "la realización del proyecto no comporta efectos adversos significativos", según la resolución de 27 de junio de 2002.

Una portavoz ministerial justificó ayer esta decisión: "Iniciamos el expediente de evaluación preliminar y se consultó al Ayuntamiento y a la Comunidad. Ninguna de las dos administraciones entendió que fuera necesario el informe".

Para la organización Ecologistas en Acción, los trabajos causarán un fuerte impacto ambiental, aunque no pueden precisar cuál será: "Suponemos que las consecuencias serán enormes, por los ruidos, las molestias causadas a los ciudadanos, y porque las obras se harán en pleno centro de Madrid. Pero no sabemos exactamente cuál será el impacto, precisamente porque no se ha hecho el estudio ambiental", señala el portavoz de los ecologistas, Santiago Martín Barajas.Para el ecologista Santiago Martín Barajas, la razón de que no se haya hecho la evaluación ambiental está en que "la Dirección General de Evaluación Ambiental es una marioneta en manos de otros departamentos del Estado con más poder". "Es lamentable que se haya eximido a estas obras del informe. Se ha querido dar un trato de favor al Gestor de Infraestructuras Ferroviarias", organismo dependiente del Ministerio de Fomento.

La oposición coincide con los ecologistas en la necesidad de un estudio ambiental que dé vía libre a los trabajos. "Se han saltado los pasos que prevé la legislación. Que la obra sea subterránea no quiere decir que no haya impacto sobre el medio ambiente", señaló ayer la portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento, Inés Sabanés.

Trinidad Jiménez, del PSOE, admite que la Ley de Evaluación Ambiental es "ambigua" a la hora de exigir una declaración de impacto para este tipo de obras, pero precisa que otra ley, la del Suelo, faculta al Ayuntamiento para solicitar un informe ambiental antes de conceder la licencia de obra. "El gobierno municipal anterior concedió la licencia sin pedir informe, y el nuevo, con Alberto Ruiz-Gallardón al frente, aún no ha abierto la boca". Jiménez exige que, por lo menos, el Ayuntamiento elabore un plan de movilidad para organizar la circulación en el barrio durante los meses que duren los trabajos. "Van a tener que quitar varias marquesinas, cerrar una estación de metro, desviar el tráfico... Y todavía no han planteado ninguna alternativa a los vecinos", protesta.

El Ministerio de Fomento ha empezado ya a cavar algunas zanjas para desviar los servicios de agua, luz y teléfono. Es el primer paso para el inicio de los trabajos, que supondrán una inversión total de 259 millones de euros. Las obras se han dividido en tres tramos. El primero de ellos, Atocha-Nuevos Ministerios, ha sido adjudicado a las empresas Dragados Obras y Proyectos y Tecsa, por un importe de unos 96 millones de euros. El plazo de ejecución de es de 35 meses.

Del segundo tramo, Nuevos Ministerios-Chamartín, se encargará la empresa Ferrovial-Agro- man. El gasto previsto es de 83 millones y la duración es de 28 meses. La tercera obra es la estación Puerta del Sol-Gran Vía, adjudicada a las empresas FCC y Contratas y Ventas, con un importe de 80 millones y un plazo de 47 meses para su ejecución.

Esta nueva estación tendrá 240 metros de andenes y se sitúa en el tramo de la nueva línea de cercanías. Contará con conexiones con las estaciones de metro de Sol y Gran Vía (líneas 1, 2, 3 y 5).

Estos enlaces con el suburbano son precisamente una de las cuestiones que más preocupan a la oposición. Tanto Sabanés como Jiménez manifiestan que las actuales infraestructuras del metro no tienen capacidad para acoger el nuevo flujo de viajeros.

La nueva estación Sol-Gran Vía supone la ocupación definitiva de ocho locales que la empresa Metro tiene cedidos en alquiler a otros tantos comercios, que serán expropiados. Otros 31 negocios verán sus accesos obstaculizados por vallas y muros de contención durante el tiempo que duren las obras. Estos establecimientos están situados en la Puerta del Sol y en las calles de Carretas, Montera, Gran Vía, Aduana y Espoz y Mina. El número de locales afectados era de 45 en un primer momento y por ello serán indemnizados, pero Fomento aseguró hace unos días que a 14 de ellos se les dejará un espacio de un metro y medio para que sus accesos no se vean obstaculizados, por lo que no su indemnización será menor.