Un juez bajo sospecha

¿Podía haber hecho la justicia algo más de lo que hizo en el caso de la mujer asesinada de un martillazo a la puerta de su domicilio? La respuesta es que sí a la vista del contenido del informe redactado por la Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En esas nueve páginas se relata con detalle la supuesta pasividad con la que actuó el Juzgado de Instrucción número 3 de Barcelona ante las reiteradas denuncias presentadas por Ana María Fábregas contra su ex compañero sentimental Pedro Martínez Bustos, quien tenía dictada una orden judicial de alejamiento del domicilio de la víctima. La policía tampoco sale bien parada y deberá explicar su actuación.

La muerte ocurrió el 10 de junio en el barrio de Sant Andreu y unos días después la vocal del CGPJ Montserrat Comas, en su condición de presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica, encargó a la Inspección del Poder Judicial que averiguase si eran ciertas las noticias periodísticas de que la mujer había presentado 54 denuncias en los últimos años. En realidad son 54 diligencias de guardia, varias de las cuales corresponden a un mismo hecho. Pero, más allá de ese detalle, el informe de la Inspección sí constata que hay más de 20 denuncias. Y hechos muy contundentes que siembran la sospecha sobre la actuación judicial.

El Poder Judicial pide al juez que se explique antes de decidir el día 21 si le abre expediente

Por ejemplo, que en el Juzgado número 3 se acumulaban desde el 30 de septiembre de 2002 al 3 de junio 11 denuncias de la mujer contra el que resultó ser su asesino por malos tratos físicos y psíquicos, agresión sexual, amenazas, quebrantamiento de condena o de la medida de alejamiento y coacciones. El informe de la inspectora del Poder Judicial Beatriz Grande también constata que en esos más de ocho meses el juzgado no citó a declarar a la víctima ni tomó otras decisiones para aclarar la veracidad de las denuncias.

La única decisión que que adoptó el juzgado fue tomar declaración al denunciado cuando ya se acumulaban siete denuncias. El juez titular, Gonzalo de Dios, adoptó esa medida el 20 de febrero y pidió a la policía que al día siguiente lo llevase al juzgado, pero esa decisión no pudo cumplirse por diversos avatares hasta que pasaron más de tres meses.

El primer día, la policía no le pudo localizar, pese a que apenas tres semanas antes los agentes sí le encontraron y detuvieron en la fábrica de Seat de la Zona Franca, donde trabajaba. Esa orden la dictó el Juzgado de Instrucción número 24 de con motivo de unas amenazas denunciadas por la mujer el 28 de enero de 2003. Ese juez sí le tomó declaración, dictó una orden de alejamientodel domicilio de la víctima y le dejó en libertad con cargos. Al final se acabó inhibiendo del caso en favor de su compañero del Juzgado número 3 porque la ley le obliga a ello.

En ese juzgado, el que resultó ser presunto asesino no declaró hasta el 3 de junio porque no se le podía localizar. La policía le encontró antes, el 19 de mayo, y lo llevó al juzgado de guardia, pero el juez demoró la declaración. Cuando finalmente lo hizo, lo dejó en libertad. "El magistrado no acuerda medida alguna ni la práctica de diligencias al objeto de esclarecer los hechos", explica el informe de la Inspección. Para entonces la mujer había denunciado por activa y por pasiva que el hombre la amenazaba por teléfono y que tenía cintas grabadas, que le abría la correspondencia, que acudía a su domicilio y hasta que había cambiado de vivienda por miedo al agresor.

La Inspección del Poder Judicial también pide a la policía que informe sobre las medidas que se adoptaron para velar por el cumplimiento de la orden de alejamiento "y el protocolo que se sigue en estos casos". En una primera conversación telefónica, relata el informe oficial, la policía no pudo concretar si tenía identificado o no al hombre que debía vigilar.

"Es muy desmesurado lo que está haciendo el Poder Judicial con este juez", relató otro magistrado que pidió el anonimato. Gonzalo de Dios explicó su actuación ante la junta de jueces de instrucción celebrada anteayer y generó un apoyo unánime al recordar que intentó en varias ocasiones la declaración de la mujer. Otras fuentes judiciales cuestionan con rotundidad esa afirmación y recuerdan que no existe ni una sola providencia o auto con esa decisión.

Antes del próximo día 20 el juez debe emitir un informe por escrito ante la Comisión Disciplinaria del Poder Judicial, que se reunirá al día siguiente. Todo parece indicar que se le abrirá expediente disciplinario por una falta muy grave por desatención y retraso injustificado en la tramitación de las causas. Es decir, no por lo que hizo como juez, sino por lo que dejó de hacer.