Los ediles rebeldes del PSPV no entregan sus actas y serán expulsados

Los ediles rebeldes del PSPV en la comarca de L'Alacantí se han negado a entregar sus actas de diputados provinciales y serán suspendidos de militancia y expulsados del Partido Socialista. Anoche venció el plazo que concedió la Ejecutiva Federal del PSOE para que entregaran sus actas. La medida acarraerá que el PSPV pierda el gobierno municipal en Mutxamel y El Campello. Los diputados rebeldes entienden que "renunciar a cambio de nada no es justo".

No ha habido solución política para zanjar la crisis de los socialistas en la comarca de L'Alacantí. El ultimátum lanzado desde la Ejecutiva Federal de Madrid para rectificar y entregar sus actas de diputados ha servido de poco. Los ediles se reunieron ayer y acordaron "no renunciar al acta, ya que las circunstancias no han cambiado". Es decir, la dirección del PSPV mantiene la misma oferta de lista oficial, con la inclusión del senador Ángel Franco. Los cuatro diputados electos, y las alcaldesas de Mutxamel y El Campello, suplentes en la lista, remitieron ayer por fax un escrito a la dirección del PSOE en Madrid comunicando oficialmente que retendrán sus actas y asumirán sus "responsabilidades". Los ediles díscolos acordaron, a pesar de su decisión contraria a la dirección del partido, solicitar su inclusión en el Grupo Socialista. "Nosotros no nos vamos al Grupo Mixto, si quieren que nos echen", comentó Ferran Verdú, designado ayer portavoz de estos ediles rebeldes de L'Alacantí.

Los afectados criticaron que la propuesta del PSPV no haya sido la "negociación, sino: rectificar porque os habéis equivocado". Los diputados que lograron vencer a la lista oficial que avalaba la ejecutiva del secretario general, Joan Ignasi Pla, son: María Teresa Carbonell (Xixona), María Loreto Martínez (Mutxamel), José Antonio Mourisco (Aigües de Bussot) y Francisco Javier Miralles (El Campello). Las posibles sanciones también afectará a las suplentes en la lista y a su vez alcaldesas, Asunción Llorens (Mutxamel) y Marita Catalá (El Campello). El tercer suplente es un independiente de Tibi que al no ser militante socialista no puede ser sancionado por la organización.

Si la dirección socialista cumple su amenaza de sanción, el PSPV perdería dos alcaldías en L'Alacantí, ya que la expulsión de las alcaldesas de Mutxamel y El Campello arrastraría también a todo su equipo. La crisis podría extenderse a la comarca de la Vega Baja, donde en la elección de diputados ganó José Luis González, alcalde de Benijófar, que no contaba con el respaldo oficial y sobre el que planea también la amenaza de expulsión.

Según los estatutos del PSOE, a estos ediles se les suspenderá temporalmente de militancia. La expulsión de estos cuatro diputados y de dos alcaldesas podría prolongarse en el tiempo, según los afectados. Los ediles lamentaron la "ausencia total de negociación" por parte del secretario de Organización del PSPV, Vicent Sarrià, y mantienen que no es "de recibo" castigar a los municipios en los que los socialistas han ganado alcaldías, como en Mutxamel y El Campello, y premiar con dos diputados a Alicante, capital, cuando el PP ha conseguido su tercera mayoría absoluta.

En Valencia, Sarrià se mostraba más contundente y aseguraba que ahora sólo resta que su homólogo federal, José Blanco, firme la resolución del expediente y expulse a los rebeldes. Ángel Franco, secretario local en Alicante, condenó la actitud de estos diputados que "usurpan la representación de la capital en la Diputación y han cometido un atraco a la ciudadanía". Franco dijo que el PSPV no les aceptará en el grupo. La salida de estos cuatro diputados dejará reducido el grupo socialista de 13 a 9 integrantes.

Por otro lado, el presidente de Baleària y miembro de la ejecutiva del PSPV, Adolfo Utor, para el que el fiscal solicita tres años de cárcel por una supuesta estafa cometida en el proceso de creación de la naviera, ha puesto su cargo en la dirección a disposición del secretario general, Joan Ignasi Pla, hasta que se esclarezca el procedimiento judicial, explicó Sarrià. "Un ofrecimiento que el partido valorará en su momento", manifestó el dirigente socialista que, en principio, no ve razones para una dimisión, pues el proceso judicial no ha concluido.