La fiscalía investiga si hay blanqueo de dinero en la trama inmobiliaria

El abogado Francisco Díaz Moñux, una de las ocho personas a las que la Fiscalía del Tribunal Superior de Madrid implica en la supuesta trama inmobiliaria de Alcorcón, tiene una condena de la Audiencia Nacional de nueve años de cárcel por un delito de tráfico de drogas. Según la sentencia, la policía se incautó de 216 gramos de cocaína en un registro que hizo en el domicilio que posee este ex letrado (el Colegio de Madrid lo ha expulsado).

En la supuesta trama inmobiliaria de Alcorcón figuran querellados el ex alcalde Pablo Zúñiga, del PP, un edil, un funcionario y cinco promotores inmobiliarios; entre ellos, Díaz Moñux. A Díaz Moñux se le atribuye la cogestión de distintas sociedades que compraron como rústicos miles de metros cuadrados de terrenos que luego fueron recalificados como urbanizables por el Ayuntamiento de Alcorcón. El fiscal entiende que Moñux y su socio, el también querellado Juan Benigno Alonso Alarcón, tenían como misión dentro de la trama el comprar terrenos rústicos, a muy bajo precio, en el Ensanche Norte de Alcorcón, que luego fueron recalificados y que multiplicaron por 20 su valor. Según la querella, ambos invirtieron en la compra de tales terrenos en torno a 7.000 millones de pesetas. Un dinero que, según suscribe el fiscal en su querella, "tiene un origen desconocido". Por ello, uno de los siete delitos que incluye la fiscalía en su escrito es el de blanqueo de capitales.

La querella de la fiscalía ha sido remitida a los Juzgados de Alcorcón y ha recaído en el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de esta localidad madrileña de 165.000 habitantes, Juan Francisco Rodríguez. El juez está estudiando si la admite o no a trámite. Fuentes cercanas a la investigación dan como seguro que la querella será admitida y que los implicados serán llamados a declarar a lo largo de la primera quincena de agosto.

Registro en una empresa

Entre las medidas cautelares que reclama el fiscal al juez, si finalmente éste admite la querella, se halla una petición para que "la Unidad Económica de la Guardia Civil" se persone "en las oficinas de las empresas Vaz Inversora e Inmobiliaria, SA,", supuestamente vinculadas al abogado Díaz Moñux, e intervenga "toda la documentación técnica y escrita relativa a las recalificaciones efectuadas en Alcorcón"; y también "la documentación financiera o contable" de ambas firmas en lo que respecta "a ingresos, gastos y aportaciones que aparezcan vinculadas a las citadas recalificaciones". El fiscal quiere saber de dónde proceden los 7.000 millones de pesetas invertidos en la adquisición de terrenos rústicos luego reconvertidos a urbanizables por el Ayuntamiento.

Díaz Moñux ya no es abogado del Colegio de Madrid. La condena de nueve años de cárcel que le impuso la Sección Segunda de la Audiencia Nacional en 1993 la convirtió en firme años después el Tribunal Supremo. Por este motivo, el Colegio de Madrid expulsó a este letrado de la profesión el año pasado. Este ex abogado actuó como defensor de Álvaro Rodríguez Franco en el macrojuicio por la llamada Operación Mago contra el narcotráfico. El juicio se celebró en la Casa de Campo.

Cuando la policía halló los 216 gramos de cocaína en su domicilio, Díaz Moñux, de 43 años, alegó que la droga era de un cliente y atribuyó su detención al hecho de haber formulado una denuncia contra el juez Baltasar Garzón y contra seis grupos de policía.