Dos agentes afrontan una pena de 8 años por un supuesto cohecho

Dos agentes de la Policía Nacional declararon ayer desde las 10.00 ante el tribunal del jurado en la Audiencia de Valencia por un supuesto delito de cohecho. La fiscal solicitó ocho años de cárcel y algo más de nueve de inhabilitación por haber cobrado, supuestamente, cantidades de dinero a tres traficantes al menudeo que operaban en la zona del cauce del río Turia a cambio de no detenerles si les descubrían delinquiendo o de avisarles en el caso de redadas. Según los hechos que relata el ministerio público en su calificación, ambos agentes iniciaron esta práctica en 1996 y fueron detenidos en 2001.

Miguel M.H., de 49 años, y José Ignacio B.M., de 48, explicaron al tribunal que en la dinámica policial, "para conseguir la confianza de los confidentes muchas veces se prometen cosas que nosotros no vamos a cumplir, pero eso se hace". En el operativo de detención de ambos agentes, participaron policías trasladados de Madrid, se pincharon varios teléfonos y se instalaron micrófonos en los vehículos en los que circulaban. Parte de ese material se escuchó ayer en el primer día de la vista. Y respecto a ello los acusados replicaron que "no se puede deducir nada de esas conversaciones, hemos intentado ganarnos su confianza, les hemos dado en ocasiones consejos para que abandonaran ese tipo de vida".

La acusación de cohecho se concretó en un supuesto pago de 180 euros, que según el letrado de la defensa nunca aparecieron y no se pudo practicar prueba dactilar alguna, entregados por un confidente que a su vez trabajaba para un conocido traficante de Campanar y Velluters. La representante del ministerio fiscal preguntó en reiteradas ocasiones por qué los dos acusados no detuvieron nunca a las tres personas que destaparon el supuesto cobro de cantidades regularmente. Los dos agentes explicaron: "No se puede detener a una persona que no está cometiendo un delito. Sabíamos a lo que se dedicaban pero no les hemos visto nuca hacerlo. ¿Cómo los íbamos a detener?".

La defensa de los policías solicitó la libre absolución y denunció que cuando fueron detenidos y se les tomó declaración no estuvo presente letrado alguno y representante del ministerio fiscal.