Ejercer el derecho a la educación

Uno de los elementos sociales que mejor muestran el valor que le concede el ser humano a la vida es sin duda la escuela. A través de la educación podemos hacernos seres humanos más conscientes, más reflexivos y comprometidos.

En nuestro país tenemos centros públicos, concertados y privados. De este modo se garantiza la libre elección de centro, fundamentalmente a tenor de las posibilidades económicas, por parte de los padres que quieran ejercerla sobre sus hijos. Todos los niños y niñas desde hace ya algunos años tienen garantizado un puesto escolar en condiciones dignas. Es la Administración educativa de la Junta de Andalucía, quien garantiza este ejercicio responsablemente.

Los centros escolares son unos de los pocos espacios que todavía pueden ser realmente integradores -para todos los públicos-, si todos son igualmente heterogéneos, en la medida en que se favorece que la diversidad social se distribuya por igual entre ellos.

Aparece así la gran virtud de la educación pública asociada a la igualdad, poco apreciada en tiempos de insolidaridad, permitiendo que en su interior se cree una microsociedad representativa del mundo exterior.

El ejercicio de la libertad de enseñanza en nuestro país tiene una larga trayectoria de discusión a lo largo de muchos años. Pongamos sólo un ejemplo para poder calibrar de lo que estamos hablando: cuando se estaba discutiendo en la ponencia que elaboró la Constitución de 1978, ésa que el señor Aznar entonces denostaba por peligrosa, fue por la regulación del articulo 27 -precisamente el que regula la libertad de educación-, por lo que se rompió el consenso.

Cada comienzo de curso la derecha reclama una y otra vez la libertad de elección de centro, exige el derecho que asisten a los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

De hecho acusan a la Junta de Andalucía de vulnerar la Constitución si no incrementa la oferta de plazas escolares en los centros concertados para así dar satisfacción a los padres que lo quieran.

No hay nadie que prohíba a los padres que quieran que sus hijos se eduquen en la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones -que supongo se referirá a la católica-, que envíe a sus hijos a la parroquia más cercana y los inscriba en los cursos de catequesis para recibir la formación deseada.

La derecha ha puesto en funcionamiento una estrategia discursiva que tiene como objetivo desarmar cualquier intento de oposición crítica y argumentada. Se presume que no existen argumentos justificados contra la posición decidida, descalificando cínicamente las propuestas contrarias como falsas o interesadas. Y a continuación se presenta al portavoz como alguien honesto que destapa las verdades y explica con sencillez al ciudadano corriente lo que antes era inexplicado.

El debate racional es sustituido por un lenguaje retórico, aun a costa de simplificar problemas muy complejos. En España, el Partido Popular utiliza con generosidad esta técnica populista de poder descrita por Gillborn a fin de imponer un consenso normativo indiscutible sobre decisiones tomadas de antemano. Hace justamente un año, en septiembre de 2001, el presidente Aznar descalificó al "progresismo" como auténtico culpable de los males de la educación

La endogamia del profesorado universitario, el fracaso escolar en la ESO o el desastre de la educación pública son mensajes maximalistas y demagógicos que ha explotado el Partido Popular para legitimar sus nuevas reformas como inapelables, sin procesos previos de diagnóstico ni debates públicos.

La libertad de elección se convierte en la práctica en la libertad de selección que ejercen las escuelas más demandadas, cuyo prestigio no se fundamenta en la calidad de su proyecto pedagógico, sino en la exclusión selectiva de su clientela tanto económica como intelectualmente, expulsando en la práctica de sus aulas a aquellos alumnos simplemente menos dotados o más conflictivos.

La demanda de libertad de elección de centros no puede subvertir los principios de igualdad e integración que reclama el interés público. Como afirma Berlin, es preciso limitar a veces la libertad de unos por el bienestar de todos. Se trata de generalizar los derechos de todos y no priorizar los beneficios de unos pocos.

Aurora Atoche y Bernardo Bueno son parlamentarios andaluces.