El misterio de Estepona

El escándalo del Parlamento madrileño ha escamoteado en la prensa nacional algo que quizá es aún más escandaloso: el pacto suscrito en Estepona por el PSOE y lo que queda del GIL después de que una parte de este grupo se adhiriera al PP. A pesar de la oposición mostrada inicialmente por Chaves, el pacto ha salido adelante. Eso sí, con condiciones: los gilistas no podrán controlar el urbanismo de la última gran reserva de suelo que queda en la Costa del Sol. Pero, como todo tiene solución, sí controlarán la gerencia de Urbanismo, que, para el caso, viene a ser lo mismo.

La vicesecretaria del PSOE andaluz, María del Mar Moreno, ha dado una explicación: ha sido "una decisión complicada que vamos a intentar que salga bien para demostrar que es posible una gestión en la Costa del Sol que consiga frenar la especulación y garantizar más transparencia y honestidad". Desde luego, no podía buscar el PSOE socios menos apropiados para la finalidad que dice pretender. "En el PSOE", añadió la vicesecretaria, "no podíamos cruzarnos de brazos para que gobernara el PP, trufado de ex GIL, sin control". Será la secretaria general del PSOE malagueño, Marisa Bustinduy, quien se encargará de supervisar el desarrollo del pacto. Todo depende ahora de la perspicacia y la autoridad de Bustinduy. Enhorabuena a los premiados.

El alcalde de Estepona, el médico Antonio Barrientos, vuelve a hacerse cargo de la alcaldía, que presidió durante unos pocos meses: el tiempo que medió entre la dimisión de Antonio Caba -procesado y luego condenado por un delito de blanqueo de dinero- y la ruptura, por parte del PP, del pacto anti GIL.

Es curioso que en la misma semana se conozca la existencia de tránsfugas en las listas del PSOE madrileño y el pacto entre PSOE y ex gilistas. Son síntomas evidentes de que los socialistas han bajado la guardia y no han aprendido mucho de los casos de corrupción que les llevaron a perder la Moncloa.

Hace meses que reaparecieron en la Costa del Sol antiguos comisionistas del PSOE que se hicieron famosos a finales de los ochenta. También se detectaron extrañas prácticas que parecían fórmulas de financiación ilegal. Por lo que me dicen, los dirigentes del PSOE en Sevilla fueron informados puntualmente. Y no hicieron nada.

No sé cuántos tamayos y balbases son necesarios para que el PSOE reconozca que tiene un serio problema: los arribistas se han hecho fuertes en él y todo parece indicar que se ha ido formando una mafia transversal que no hace ascos a ninguna sigla.

Lo ideal resulta imposible: el PSOE y el PP tendrían idéntico interés en desalojar a estos indeseables, pero prefieren fingir que el problema es del otro. Fue una desgracia que fracasara el pacto anti GIL, que consistía en trazar una línea que los grandes partidos se comprometían a no traspasar: la línea que separa la legalidad de la ilegalidad y que condenaba a los gilistas al ostracismo.

La primera decisión que Barrientos debe tomar es la de pedir responsabilidades a su nuevo socio, José Ignacio Crespo, por la falta de justificación de 16,8 millones de euros. ¿Lo hará?