La Generalitat de Cataluña exige al Gobierno que paralice el trasvase del Ebro antes de ir a los tribunales

El Gobierno de la Generalitat de Cataluña, en manos de Convergència i Uniò (CiU), acordó ayer pedir formalmente al Gobierno central la paralización del trasvase del Ebro hasta que se garantice la preservación integral del río y su entorno y defina cuál es su postura oficial ante el trasvase del Ródano. Entretanto, el Ejecutivo catalán ya está estudiando la posibilidad de iniciar acciones judiciales contra la aplicación del Plan Hidrológico Nacional (PHN). Cataluña responde así a la decisión del Gobierno central, por medio del Ministerio de Medio Ambiente, de sacar a exposición pública el estudio de impacto ambiental y el trazado del trasvase del Baix Ebre sin esperar a la aprobación previa del Plan Integral del Delta del Ebro, un mandato de la ley del PHN cuyo plazo de aprobación ha caducado.

La intención de la Generalitat catalana es forzar, dada su mayoría en el Consorcio para la Protección Integral del Delta del Ebro, que se fije el caudal mínimo del río en 135 metros cúbicos por segundo. Una medida que limitaría notablemente la posibilidad de extraer agua del Ebro dado que ese caudal supondría que en los meses que se pretende trasvasar agua apenas habría excedentes.

El conseller en cap, Artur Mas, exige que el Gobierno central "cumpla la ley" del PHN y que esté fijado previamente el caudal mínimo para proteger el Delta del Ebro antes de iniciar cualquier procedimiento administrativo para construir el trasvase. "Sólo pretendemos que el Gobierno español haga una cosa tan simple como cumplir la ley", manifestó Mas.

Por su parte, el presidente del Gobierno aragonés, el socialista Marcelino Iglesias, se aprestó a calificar de "muy positiva" la postura adoptada por el Ejecutivo catalán. A su juicio, el "cambio de posición por parte de Cataluña", que apoyó en principio el PHN, es "extraordinariamente importante", ya que "sin Cataluña y sin Aragón, el trasvase del Ebro no se va a poder hacer". Iglesias confía en que el PHN se paralice hasta después de las elecciones generales.

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