11 argelinos denuncian a la red de apoyo ante el fiscal

Un grupo de 11 inmigrantes ha presentado un nuevo escrito de denuncia ante la Fiscalía de Sevilla contra la actuación de algunos integrantes de la red de apoyo, a los que acusan de organizar el encierro de hace un año con miras a la cumbre europea de Sevilla. "Presentamos esta denuncia en contra de esta persona y de otras, que han causado la detención de todos los encerrados y la expulsión de la mayoría, muchos de ellos, enfermos", dicen en el primer párrafo del escrito presentado el pasado 18 de marzo en la Fiscalía de Sevilla. El Gobierno expulsó a 200 inmigrantes, de los 273 detenidos en la UPO tras el desalojo del campus.

En el texto de los 11 argelinos se dan detalles de cómo se preparó la protesta en las localidades de Huelva y se organizó el traslado y la llegada hasta el campus de los extranjeros. "Todo esto con una condición: que todos los que quieran participar deben entregar toda su documentación a miembros de la red de apoyo", se recoge en el documento.

La denuncia abunda en detalles ya sabidos sobre cómo lograron acceder más de 400 al recinto universitario sin llamar la atención -el código para identificarse era La grève, en francés, la huelga- y cómo se estructuraron en 17 grupos. Los argelinos acusan en el escrito a uno de los integrantes de la red de apoyo, Decio Machado, de presionar en las últimas semanas a los encerrados "no trayendo alimentación como había hecho anteriormente y transfiriendo el dinero que se recaudaba a sus cuentas bancarias".

En el texto citan a la organización Odite y a uno de sus integrantes, Decio Machado, pero también a otros inmigrantes, Mohamed Sidi y Abderramán Karachi, que se presentaron el primer día como portavoces de los encerrados aunque no participaban en la protesta. El escrito concluye con la acusación de los 11 firmantes contra la red de apoyo: "Siempre ha buscado sus intereses políticos y económicos a costa de los encerrados".

Fuentes de la Fiscalía señalan que están estudiando el escrito, pero que posiblemente recomienden la reapertura de la investigación por parte del Juzgado de Instrucción número 5 de Sevilla, que archivó en dos ocasiones las denuncias contra la actuación de algunos integrantes de la red de apoyo en la protesta.

La primera fue presentada por la propia Universidad Pablo de Olavide, mientras que la segunda se abrió a instancias de un grupo de siete inmigrantes y de un informe del Defensor del Pueblo andaluz. Precisamente, el titular de la institución, José Chamizo, mostró su estupor por los archivos: "Hay una situación extraña de archivar todo lo que viene de inmigrantes por parte de la Fiscalía y los juzgados".

El informe de la institución de 2002 dedica un apartado a lo ocurrido en la UPO. Del seguimiento de los expedientes de los 73 que salieron en libertad señalan que más de la mitad han logrado regularizarse, pero el texto también da un varapalo a los organizadores del encierro, que condenó a la expulsión a 200 extranjeros. "Nos parece que es un precio muy alto a pagar sólo por demostrar, si era su verdadero objetivo, la ineficacia de la actual política de inmigración a nivel europeo".