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El PP quiere que las cajas desvelen los créditos a los partidos políticos representados en sus consejos

El Gobierno quiere extender las normas de transparencia sobre las cajas de ahorros a los créditos concedidos a partidos políticos representados en instituciones, como los ayuntamientos, que tienen representantes en los consejos de administración de las cajas. Fuentes parlamentarias del PP señalaron ayer que las medidas sobre transparencia para las cajas, que el PP impulsa en las Cortes, incluirán la obligación de "desvelar los créditos que una caja haya dado a los partidos, a qué tipo de interés y si éstos ya se han devuelto o no".

Estas normas de transparencia, que el PP tiene previsto concretar en una enmienda a la Ley del Mercado de Valores -el plazo termina el próximo lunes-, valdrán para todas las instituciones de carácter público. El PP también quiere que salgan a la luz los posibles "conflictos de interés" en que puedan incurrir los consejeros de las cajas que hayan recibido créditos de su entidad, que deberán publicitarse.

Las enmiendas también harán referencia a los sueldos que los consejeros y directores generales de una caja de ahorros perciben por ser también miembros de consejos de administración de empresas participadas por la entidad.

Pese a que inicialmente el PP planteaba que los sueldos se desmenuzaran individualizadamente, tras las múltiples conversaciones con el sector y con el resto de grupos políticos, según las fuentes consultadas la propuesta se suavizará: la obligación legal que propondrá el PP se limitará al monto global que perciba el grupo de consejeros y directores generales de una caja por su presencia en los consejos de sociedades participadas. La remuneración del director general de una caja por sus tareas ejecutivas en la misma no deberá ser desvelada.

El Gobierno -ayer mismo lo reiteró desde Sevilla el secretario de Estado de Economía, Luis de Guindos- viene subrayando que su nueva cruzada por la transparencia "no quiere hacer discriminaciones" en contra de las cajas frente a los bancos y que lo que pretende es aplicar "normas equitativas para todos los jugadores".

El Gobierno nacionalista de Cataluña, sede de La Caixa, que controla la mayor cartera industrial del país, ya ha avanzado que las normas de transparencia le parecen bien siempre que no invadan las competencias de las comunidades autónomas. Éstas podrán completar los contenidos mínimos del informe anual de Buen Gobierno que deberán publicitar las cajas, cuyo núcleo central definirá el Ministerio de Economía.

Por otra parte, el grupo asegurador Caifor, controlado por La Caixa y Fortis, ha relevado a su presidente. Ricard Fornesa, presidente de la caja catalana, sustituirá en la presidencia de Caifor a Juan Antonio Samaranch, con lo que acumulará ya tres presidencias de empresas participadas, junto con Agbar e Inmobiliaria Colonial.

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