Un juez paraliza las obras de una carretera en el marjal de Oropesa
El titular del juzgado número 2 de Castellón, el magistrado Pedro Luis Garrido, dictó ayer un auto por el que paraliza, provisionalmente, las obras y construcciones "que se estén realizando en la zona del marjal de Oropesa" y "en especial", las correspondientes a una carretera, conocida como la Avenida de Barcelona, que uniría la población con el complejo Marina d'Or. El proyecto está financiado por la Consejería de Obras Públicas y la Diputación de Castellón y tiene un coste de unos 4,4 millones de euros.
El juez estima así la solicitud presentada por el Grupo para la Conservación de los Espacios Naturales (Gecen). Con ésta, ya son dos las actuaciones judiciales que paralizan infraestructuras públicas que conectaban el citado complejo urbanístico. La anterior fue la carretera Cabanes-Oropesa.
Las diligencias corresponden a una denuncia de Gecen contra los aterramientos ilegales producidos en la albufera de Oropesa, de 1999. Estas acciones, sobre las que se señalaba como responsable a un constructor del municipio, provocaban, según Gecen, la desecación del humedal. Su portavoz, Francisco González, señaló que el auto reconoce que la zona "es un bien jurídico protegido" y considera que "cualquier actuación que afecte a la zona es ilegal". González hizo hincapié en que el marjal está catalogado como zona inundable. Pese a ello, hay un macroproyecto urbanístico para construir 4.000 viviendas.
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