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Recientemente, un ecologista me decía que lo mejor que puede suceder en Andalucía es que el PP se imponga en muchos ayuntamientos y que el PSOE siga gobernando la Junta. De este modo, el Gobierno andaluz seguirá vigilando con lupa -como ha venido haciendo en los últimos tres años- los desmanes urbanísticos y medioambientales.

Esto es dar por cierto lo que dicen algunos alcaldes del PP: que la Junta se ceba en ellos, mientras mira para otro lado cuando es un alcalde socialista el que incumple las normas. ¿Es una exageración? Posiblemente. Lo que sí se puede afirmar es que si uno recorre el litoral malagueño por la N-340 y pasa por los municipios de Mijas, Fuengirola y Benalmádena, difícilmente encontrará diferencias entre unos y otros. Se verá el mismo urbanismo asfixiante en Mijas, gobernada por el PSOE desde 1979; Fuengirola, en manos del PP en los últimos años, y Benalmádena, que, desde 1966, viene gobernando -con alguna pequeña interrupción- el independiente Enrique Bolín.

En la práctica, es difícil encontrar diferencias entre los municipios costeros administrados por el PSOE y los gobernados por el PP o por esos partidos que se autodenominan independientes y que vienen multiplicándose aprovechando el descrédito de la política profesional. Desgraciadamente, los escándalos de Gil en Marbella han terminado tapando las barbaridades que se sucedían en otros rincones, en los que alcaldes que dicen ser de izquierdas parecen entusiasmados con el mismo juguete que el presidente del Atlético: los convenios urbanísticos.

Pero si en los ayuntamientos socialistas costeros, la cacareada sostenibilidad no es más que retórica, no cabe duda, en cambio, de que -especialmente, en los últimos tiempos- la Junta sí se la ha tomado en serio. Dos buenas muestras son la creación del Parque Natural del Estrecho -que cierra la posibilidad de movimientos especulativos en la parte más bella y salvaje de nuestro litoral- y la aprobación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.

En ambas iniciativas, el PP mostró su oposición. Y eso, a pesar de que en CC AA en las que la derecha gobierna o ha gobernado -como la Comunidad Valenciana o Baleares-, el PP ha aprobado iniciativas similares. Sin embargo, en Andalucía tenemos el PP que tenemos. No se le puede pedir más.

Tampoco se le puede pedir más a los socialistas que gobiernan o pretenden gobernar en ayuntamientos del litoral. Para qué nos vamos a engañar. En torno a algunas candidaturas del PSOE se puede ver revolotear a antiguos conseguidores. Qué vértigo.

Sin embargo, el PSOE tiene en Calvià (Baleares), una alcaldesa llamada Margarita Nájera que es un ejemplo de cómo se puede intentar hacer habitable y apetecible para los turistas una costa que fue esquilmada, y todo ello apoyada por un electorado al que ha logrado convencer de que el turismo intensivo y depredador no trae nada más que ruina. ¿Encontraríamos en los ayuntamientos regidos por el PSOE en el litoral andaluz algún ejemplo similar? Me temo que no.

La nueva Ley de Ordenación Urbanística obliga a la revisión de los PGOU. La energía con la que la Junta se aplique a esta tarea podrá servir de modelo -o de lo contrario- en vísperas de las elecciones generales.