Gil Marín ofrece a la oposición negociar a espaldas de su padre

El lunes sonó el teléfono de Ignacio del Río, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid. ¡Ring, ring! Era Miguel Ángel Gil Marín, el presidente del Consejo de Administración del Atlético. "Somos amigos", dice Del Río, "hablamos a menudo". El hijo de Gil quería verle con cierta urgencia. Había oído rumores y tenía curiosidad por saber en qué círculos de oposición a su gestión se movía el político madrileño, sondear los movimientos de los pequeños accionistas rojiblancos, saber quiénes eran y proponerles un pacto. Y necesitado como está de dinero el Atlético, Gil Marín les citó, a espaldas de su padre según les aseguró.

La reunión se produjo ayer por la mañana. Por una parte, Miguel Ángel y el vicepresidente Enrique Cerezo. Por la otra, Del Río y otros cuatro miembros de la incipiente oposición a Gil. "Un grupo de gente rojiblanca", en palabras de Del Río, con dinero e intenciones de invertir en el club y participar en su gobierno. Pero con una condición innegociable, que Jesús Gil no permanezca en la entidad.

Una premisa que transmitieron ayer a Gil Marín y que choca frontalmente con el proyecto de ampliación de capital aprobado el pasado lunes por el Consejo de Administración del Atlético y aún pendiente del visto bueno de una Junta extraordinaria de accionistas y de la Audiencia Nacional, el tribunal que tiene intervenida la gestión de la entidad.

El proyecto de ampliación, por un valor de 36 millones de euros, es precisamente a Jesús Gil a quien convierte de nuevo en el accionista mayoritario. Porque al primer tramo de la ampliación sólo pueden acudir los acreedores, y el principal es curiosamente el propio Gil. Si Gil canjea su deuda en acciones, volverá a controlar el 51% del club. Y así, y se lo dejó bien claro Del Río a Gil Marín, no sólo no acudirán a la ampliación sino que su intención es la de impugnarla.

La propuesta que Gil Marín llevaba bajo el brazo para el grupo de accionistas que representa Del Río, que ya dicen reunir un número de títulos suficiente para participar en la junta general de accionistas, consistía en que a cambio de que dieran el visto bueno a la ampliación, los Gil dejarían para la masa social rojiblanca un 49 por ciento de acciones. Gil Marín y Cerezo aseguraron que no quieren perpetuarse en el club sino mantenerse en él para "defender su inversión" y "recuperar dinero". Y que por tanto no estaban dispuestos a perder el control del club, aunque sí a dar entrada en el Consejo de Administración, hasta ahora prácticamente monolítico, a otras personas. Los representantes de los socios, entre ellos Del Río, movieron la cabeza para decir que no.

Pese a la negativa, Gil Marín siguió dejándose llevar por las buenas palabras y su propósito de abrir el club al mayor número de gente posible. Y en un intento de hacerse más convincente, aseguró a los presentes que su padre, Jesús Gil, no está al corriente de sus movimientos. Convencer al padre es un trabajo que Gil Marín dijo reservarse para el final.

"Creo que he visto una buena predisposición en Miguel Ángel para encontrar soluciones", relató después de la reunión Del Río, que subrayó que "el club no puede seguir en la actual situación". "Está claro que las cosas en el Atlético tienen que mejorar", insistió el político madrileño. El teniente de alcalde expresó su deseo de que "más gente pueda participar en el gobierno del club".

Mientras tanto, el 94% de las acciones de la entidad permanecen embargadas en un juzgado de la Audiencia a la espera de que se resuelva el recurso de Jesús Gil ante el Tribunal Supremo. Un trámite cuyo final tardará dos años en producirse. Y el Atlético, económicamente en los huesos, no puede esperar tanto.