EL AZOTE DE PINOCHET

El juez chileno Juan Guzmán investiga desde enero de 1998 las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar, pero son los crímenes de la llamada Caravana de la Muerte los que le han servido para lograr el desafuero del general-senador, primero, y documentar su auto de procesamiento, después. Se trata de 19 secuestros calificados (desaparecidos) y 57 homicidios. Esta siniestra caravana, al mando del general Sergio Arellano Stark, recorrió varias localidades al norte de Chile, semanas después del golpe, para sacar de las cárceles a algunos opositores que después fueron ejecutados. Arellano declaró actuar como delegado especial del comandante en jefe.

El hombre sostenía entre sus manos el libro completamente subrayado y marcado. Había leído y releído aquellas páginas y las quería repasar una vez más, pero en presencia de la autora. La citó en su despacho del Palacio de los Tribunales de Santiago. Juan Guzmán y Patricia Verdugo conversaron largas horas sobre la Caravana de la Muerte. El magistrado y la periodista habían investigado a fondo esa operación de exterminio de la dictadura chilena, que, al mando del general Sergio Arellano Stark, recorrió varias localidades del norte de Chile después del golpe. Ambos tenían mucho de qué conversar; él, en su labor como juez instructor de las querellas criminales contra Augusto Pinochet; ella, como autora de Los Zarpazos del Puma, el primer libro que reveló detalles de cómo se planificó aquella siniestra comitiva. El encuentro de produjo en junio de 1998, cuatro meses antes de la detención del dictador en Londres. "Al principio, tenía la sensación de que estábamos perdiendo el tiempo. Pinochet era senador vitalicio y no íbamos a conseguir nada. No me gustaba", explicaría meses más tarde Patricia Verdugo. "Poco a poco, me conmovió la seriedad de aquel hombre. No sé de su pasado judicial, sólo sé que es hijo de un gran poeta chileno. Estoy convencida de que hará todo lo posible, porque está actuando ante la historia, que le está juzgando. Pero tiene encima la Corte Suprema y ¡tantas presiones...! Puede que no llegue a ninguna parte, pero lo que ha sucedido ya es grandioso". El viernes, el juez Guzmán sorprendió a todos y dio el golpe más espectacular en el caso Pinochet desde la detención en Londres del general por agentes de Scotland Yard cumpliendo una orden internacional dictada por Baltasar Garzón. El magistrado chileno emitió el viernes una orden de arresto domiciliario contra el ex dictador, paso previo para procesarle en su Chile natal, el mismo país en el que se vanaglorió durante años de que no se movía una hoja sin su conocimiento. Ahora, la justicia le imputa 57 homicidios y 19 secuestros cometidos en aquella caravana. Hasta tomar la decisión de detener y procesar a Pinochet, el juez Guzmán ha recorrido un largo camino, que empezó en enero de 1998, cuando aceptó a trámite la primera querella criminal contra el ex dictador, presentada por la secretaria general del Partido Comunista de Chile, Gladys Marín, viuda de un detenido-desaparecido durante la dictadura. Tres años después, las querellas acumuladas en la Corte de Apelaciones suman 186. Nacido hace 62 años, Juan Guzmán Tapia, padre de dos hijos, se educó en París, donde conoció a su esposa, y en Washington. Su arraigada convicción católica y la presencia de una línea militar en su familia tienen que ver, probablemente, en su distanciamiento de las actitudes políticas de la izquierda y su profundo respeto por las instituciones armadas y del honor de los militares. Fue el juez instructor de la causa que prohibió la proyección en Chile de La última tentación de Cristo, la película de Martin Scorsese Quienes le conocen bien y han trabajado con él aseguran que quedó abrumado por la magnitud del problema de las violaciones de derechos humanos. A lo largo de Chile ha escuchado con atención a víctimas, familiares y testigos de la represión. "Les da un espacio que nunca habían tenido; actúa como un confesor", explica un abogado que le ha acompañado en más de una diligencia. Iquique, en el extremo septentrional de Chile, fue escenario de la violenta represión de las huestes pinochetistas tras el golpe. Varias denuncias de la existencia de fosas comunes llegaron al despacho del juez. Allí viajó Guzmán con sus colaboradores en busca de restos de detenidos-desaparecidos y escuchó con lágrimas en los ojos los testimonios de pobladores que habían contado decenas de veces sus historias a las que nadie había hecho caso. En tres años ha practicado varias decenas de diligencias como la de Iquique. Tres oficiales de la policía de investigaciones (un subcomisario y dos inspectores) conforman el núcleo del equipo de trabajo, que combina las tareas de la seguridad del juez y la investigación de las denuncias. Ha tomado declaración a generales, jefes y oficiales de las Fuerzas Armadas, en activo y retirados, y no ha evitado diligencias poco agradables para los uniformados, como los careos de los inculpados. Pero, al mismo tiempo, ha sido muy escrupuloso para reducir al mínimo la posibilidad de herir el honor castrense: utiliza la auditoría militar (aparato jurídico del Ejército) para las citaciones a declarar y ha realizado siempre los interrogatorios en recintos militares y no en el Palacio de los Tribunales. La actuación del juez Guzmán ha tenido dos grandes ejes: investigar la localización de los cuerpos de los detenidos-desaparecidos (delito de secuestro permanente, que no prescribe) y aplicar el decreto-ley de amnistía aprobado por la dictadura en los casos de homicidio, es decir, en aquellos que se encontraron los cuerpos. En determinados casos, la Corte de Apelaciones de Santiago no tuvo en cuenta la aplicación de esa amnistía y le pidió que continuara la investigación. Con la decisión del viernes de procesar a Pinochet como presunto autor de 57 homicidios y 19 secuestros atribuidos a la Caravana de la Muerte, el magistrado ha quebrado su doctrina en varios terrenos. En primer lugar, el respeto de la amnistía cuando se hallaban los restos de los desaparecidos y el procesamiento por secuestro calificado en los casos de los detenidos en paradero desconocido. En segundo lugar, no ha interrogado a Pinochet, siendo éste un elemento de gran importancia para el juez, que se ha declarado partidario en varias ocasiones de la declaración verbal y no por oficio. "Permite percibir una cantidad de cosas que jamás podrían detectarse a través de un oficio", que suele ser redactada por el abogado defensor, dijo en una conversación con este diario. La pretensión de Guzmán de interrogar al dictador provocó la hilaridad de sus seguidores en los primeros compases del caso Pinochet. El general retirado Luis Cortés Villa, director de la Fundación Pinochet, ironizaba en aquellos tiempos: "El juez quiere interrogarlo... todos queremos muchas cosas que a veces no pueden ser". Los abogados defensores consideran que al no constar hasta la fecha ninguna declaración de Pinochet en la causa, el procesamiento no es válido. Pero en su resolución, el juez Guzmán recuerda que el artículo 341 del Código de Procedimiento Penal establece que "se podrá, asimismo, omitir la declaración previa del inculpado y proceder desde luego a procesarlo, cuando al ponérsele a disposición del juez, estuvieren ya suficientemente comprobados el cuerpo del delito y la participación que en él haya cabido al inculpado". Durante la detención de Pinochet en Londres, el juez Guzmán le envió un exhorto aprobado por la Corte Suprema sobre la Caravana de la Muerte. Pinochet devolvió el documento en blanco con el único comentario referido a la situación injusta que vivía. Los abogados querellantes estiman que, mediate ese gesto, el inculpado ya prestó declaración y, por lo tanto, puede ser procesado sin problemas, ya que además le asiste el derecho a no decir nada. La decisión de Guzmán ha roto, asimismo, las expectativas que la defensa tenía puestas en los exámenes médicos del inculpado, que pretendía que se celebraran en el hospital militar y condujeran al sobreseimiento de la causa, al determinar que la salud de Pinochet no está en condiciones de soportar un proceso judicial. Ésta fue la táctica seguida en el Reino Unido, lograr unos exámenes médicos que pusieran en evidencia el precario estado del general. Los realizados en Inglaterra permitieron al ministro de Interior británico, Jack Straw, argumentar su decisión de permitir el regreso de Pinochet a Chile basado en "razones de salud", que, a diferencia de las humanitarias, sí eran discrecionales de su cargo. En Chile, la legislación es diferente; aquí, las leyes no permiten esquivar un proceso basándose en la avanzada edad del procesado o en un precario estado de salud; en Chile, es imprescindible que el reo sea declarado demente. De ahí, la batalla de los exámenes médicos entre abogados defensores y acusadores. Los primeros rechazan los psiquiátricos; los segundos, los exigen. Para los letrados de las víctimas, esos exámenes psiquiátricos servirían para demostrar que Pinochet no está demente. Para los defensores, esos test representan un doble peligro, pues podrían dejar expedito el camino de un juicio o esquivarlo con el deshonor añadido de ver declarado loco a su cliente; algo que la propia familia ya ha rechazado en reiteradas ocasiones. El magistrado Guzmán ha precisado que la orden de arresto domiciliario y de procesamiento no es incompatible con la realización en breve de los exámenes médicos, y que tiene intención de interrogar al procesado si los médicos determinan que tiene las facultades mentales normales. Guzmán ha recordado a los abogados defensores que la ley establece los mecanismos correspondientes para apelar su resolución. En virtud de la legislación chilena, que se remonta a 1927, al juez Guzmán le corresponderá algo más que interrogar a Pinochet e instruir las causas en su contra. En primera instancia, el juez ejerce la función de fiscal, de tal manera que en esta fase instruye, juzga y dicta sentencia, es decir, dictamina sobre su propia acusación. Es un sistema muy diferente a otros europeos, como el español. Para procesar a Pinochet, el juez tuvo que encontrar previamente el delito del que se le acusa, y en segundo lugar detallar su participación como autor cómplice o intelectual, o encubridor, del mismo, tras lo cual logró el desafuero o levantamiento de la inmunidad que le otorgaba a Pinochet el cargo de senador vitalicio. La Corte Suprema refrendó el 8 de agosto el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, que dejaba el camino despejado para procesar y condenar a Pinochet. Si bien, en el terreno jurídico no había impedimentos para sentar al ex dictador en el banquillo, el contexto político no favorecía demasiado una acción de tal trascendencia. El Gobierno, la Iglesia católica, importantes sectores de los partidos de la Concertación (en el poder), la derecha pinochetista (oposición) y el Ejército han expresado públicamente el respaldo a la tesis planteada recientemente por el abogado democristiano José Zalaquett, ex presidente de Amnistía Internacional e integrante de la Mesa de Diálogo, conocida como justicia con clemencia. La propuesta de Zalaquett consiste en reducir las penas de aquellos condenados por violaciones de derechos humanos que aporten información capaz de permitir la reconstrucción de la verdad de lo sucedido. La idea cogió fuerza a raíz de que antiguos agentes de la policía política pinochetista (la DINA), ya procesados, empezaran a colaborar con la Justicia. Hasta el viernes, los vientos que soplaban en Chile empujaban más hacia el perdón que hacia la condena de Pinochet. Hasta los propios abogados querellantes admitían que sus esperanzas eran escasas. Y de repente, cuando nadie lo esperaba, el juez Guzmán lanza la orden contra el general. ¿Por qué? Hugo Gutiérrez, uno de los abogados de la acusación, que se ha mostrado más activo, no salía de su asombro cuando un periodista le localizó telefónicamente en Estados Unidos. Diversas fuentes consultadas coinciden en afirmar que la decisión encaja con el carácter imprevisible y la idiosincrasia del juez Guzmán. Pero, sobre todo, apuntan a la feroz ofensiva desencadenada desde distintos frentes por la derecha pinochetista para apartar al magistrado del caso Pinochet. El primer objetivo de la embestida fue el presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema, Luis Correa Bulo. Dicha sala adquirió notoriedad por la nueva interpretación de la ley de amnistía, que permitía procesar a militares implicados en violaciones de derechos humanos cometidas antes de 1978. La derecha presentó una acusación constitucional contra el magistrado Correa Bulo. Finalmente, sus pares de la Sala Penal le suspendieron en sus funciones y fue enviado en comisión de servicios a la biblioteca de la Corte Suprema. El juez no puede intervenir actualmente en resoluciones judiciales. Los ataques del pinochetismo continuaron contra el juez de la Corte Suprema José Benquis y, sobre todo, contra Clara Szczaranski, presidenta del Consejo de Defensa del Estado (CDE), organismo formalmente autónomo del Gobierno, y que actuó a favor del desafuero de Pinochet, tanto en la vista de la Corte de Apelaciones como de la Corte Suprema. La presidente del CDE ha sido acusada de falta de ética y de abusos procesales por parte de los sectores más conservadores del poder judicial, después de los senadores de la derecha pinochetista pidieran su dimisión. El Gobierno, a través de los ministros de Interior, José Miguel Insulza, y de Justicia, Juan Antonio Gómez, respalda abiertamente a Szczaranski. Ante la dimensión de los ataques de que era objeto, la presidenta del CDE recibió una carta de solidaridad del juez Juan Guzmán, que, curiosamente, fue rápidamente reproducida por el diario La Segunda, perteneciente al poderoso grupo periodístico de El Mercurio, considerado conservador. El poder judicial chileno ha demostrado una alta permeabilidad, donde no hay secretos que duren, como pudo comprobarse en las dos vistas del desafuero de Pinochet en la Corte de Apelaciones y en la Corte Suprema, cuyas votaciones se filtraron a la prensa antes de hacerse públicas. "Fue un acto de caballerosidad chilena que no puede ser mal interpretado", hacia una persona que "lo está pasando mal", razonó después el juez Guzmán al reconocer la autoría de la polémica carta, que sentó muy mal en determinados sectores del poder judicial. El asunto se incluyó en el orden del día del pleno de la Corte Suprema del viernes. El presidente del Alto Tribunal, Hernán Álvarez, trató de evitar una declaración con una frase repleta de significados, al negarse a opinar sobre la carta que envía un juez "a una autoridad que tiene un asunto pendiente en esta Corte". Curiosa manera de no emitir opiniones. La Corte Suprema pidió a Guzmán un informe sobre los motivos de la carta, lo que se sumaba a anteriores reprimendas del mismo organismo por filtraciones a la prensa de asuntos relacionados con el caso Pinochet. Las presiones han ido acompañadas de zancadillas al trabajo de investigación que lleva a cabo el juez. Guzmán denuncio hace seis meses que había gente que desenterraba previamente los restos en cada lugar donde iba a practicar una diligencia. Alguien se enteraba de antemano de los planes del magistrado. A raíz de estos hechos redujo al mínimo su equipo de colaboradores, a quienes comunica sus decisiones. Sectores de la derecha pinochetista y del poder judicial han empezado a reclamar una recusación de Guzmán con el inconfesado propósito de quitarle la causa. El juez ha reconocido haber recibido muchas presiones, según confirmó en una carta dirigida a la abogada Pamela Pereira, participante en la Mesa de Diálogo y abogada de la familia del general Carlos Prats, asesinado por la policía de Pinochet en Buenos Aires después del golpe. Un grupo de abogados de derechos humanos y de políticos de izquierda denunció recientemente la existencia de un grupo conspirativo formado por antiguos agentes de la DINA y la CNI (policía pinochetista que reemplazó a la primera) para deslegitimar a jueces que votaron a favor del desafuero como Correa Bulo, Sergio Muño y el propio Guzmán. Algunas de las fuentes consultadas en Santiago señalan que ante la magnitud de las presiones por apartarle del caso, Guzmán decidió dar un paso al frente, dictando la orden de arresto y de procesamiento contra el general Pinochet. Y lo hizo sigilosamente, pillando desprevenidos a políticos, Gobierno, militares y jueces y el mismo día que el pleno de la Corte Suprema analizaba la actuación del magistrado. Un abogado, que conoce de cerca al juez, asegura que se siente traicionado precisamente por el sector al que ha dirigido un trato más exquisito, la cúpula militar. "Ha interrogado a los uniformados en los cuarteles; ha concedido la libertad provisional a numerosos inculpados y le ha quitado al proceso el carácter de juicio criminal", dice el letrado. Guzmán no sólo ha actuado con un enorme respeto hacia la institución militar que presidió Pinochet durante un cuarto de siglo. Preocupado por los equilibrios políticos ha sido transparente y abierto con los abogados de las dos partes. A la hora de imputar responsabilidades por las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura, lo ha hecho siempre hacia arriba, dirigiendo sus pesquisas hacia los peces gordos, porque entiende que instruye un gran proceso que no requiere ir hacia abajo, hacia los oficiales menores que cumplían órdenes. Le guía el criterio de la paz social y cree en la función reparatoria de la justicia, no vengativa, en un intento por conciliar los intereses de todos. Objetivo difícil de cumplir, que en su intento ha dejado insatisfechas en varias ocasiones a las víctimas de la dictadura. Con la resolución del viernes, Guzmán ha generado un nuevo escenario en el que es más intocable. Apartarle ahora del caso, sería interpretado en buena parte de Chile, y sobre todo fuera de las fronteras el país, como un ejemplo del poder que conserva la derecha pinochetista. Pase lo que pase, el juez ha colocado el listón en lo más alto de su carrera. Si Pinochet es juzgado, Juan Guzmán se llevará todos los parabienes. Si por el contrario, un obstáculo de última hora -estado de salud, por ejemplo- impide sentar al ex dictador en el banquillo, el magistrado podrá afirmar sin menoscabo a su profesionalidad: hasta ahí pude llegar, la justicia no dio para más.