La izquierda y el PP imponen a CiU un modelo más proporcional para los consejos comarcales

Los tres grupos de izquierda (socialistas, Esquerra e Iniciativa) y el PP impusieron ayer en el Parlament, en una agitada sesión, una nueva fórmula de elección de los consejos comarcales más proporcional, que puede terminar con la tradicional hegemonía de CiU en estos organismos. El varapalo político que supone para los nacionalistas esta medida -de aplicarse ahora, CiU perdería la mayoría en ocho consejos- quedó patente en el enfado, no disimulado ayer, de los dirigentes de la federación, que anunciaron una cascada de recursos judiciales y una campaña de movilización de sus alcaldes.

A partir de las elecciones municipales del 25 de mayo, dos tercios de los consejeros comarcales se elegirán según el número de votos de cada formación política y el tercio restante según los concejales obtenidos. Una proporción inversa a la que rige desde 1987, que CiU impuso entonces con su mayoría absoluta y que le ha beneficiado enormemente. De este modo puede presidir 32 de los 40 consejos existentes.

Esta fórmula, apadrinada por Esquerra Republicana, salió adelante a pesar de los ardides legales a que recurrió CiU. Los nacionalistas vetaron una transacción del resto de los grupos -un recurso raramente utilizado- y evitaron así que se votara una propuesta más proporcional y dañina para CiU. Y en el turno de réplica, la parlamentaria Maria Eugènia Cuenca llegó a ofrecer una fórmula electoral paritaria.

El nuevo sistema supone, para la izquierda y el PP, imponer criterios de proporcionalidad a la elección de los consejeros y dar mayor representatividad y presencia a todos los ayuntamientos de una comarca, gracias a la creación de un consejo de alcaldes. Para CiU, en cambio, la modificación amenaza el modelo de equilibrio territorial y quiebra la "representación e influencia política de los municipios medianos y pequeños".

El secretario general de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, adelantó ayer que la federación se opondrá con todos los medios a su alcance a la aplicación de esta reforma. Para ello, apoyará la batería de recursos con que la Asociación Catalana de Municipios (ACM) -de signo convergente- piensa inundar los tribunales. Ayer, la ACM presentó ante el Parlament un manifiesto, firmado por casi 600 alcaldes catalanes, en contra de las modificadas aprobadas.

Pero la actitud de la ACM puede provocar un cisma interno. Esquerra y el PP, que cuentan con cierta representación, amenazaron con abandonar este organismo municipalista si su presidente, el alcalde de Amposta, el convergente Joan Maria Roig, sigue "instrumentalizándolo con fines partidistas".

'Cuatro contra uno'

El cuatro contra uno de ayer -así lo definieron críticamente los nacionalistas- ha caído como una bomba entre las filas de CiU, que ve en esta reforma un primer paso para el declive de su poder comarcal. Duran identificó ayer a quien consideran culpable y artífice de todo el asunto: "Esquerra Republicana ha traicionado por un plato de lentejas el modelo comarcal y en el futuro encontrará la incomprensión de los municipios".

Frente al disgusto de los nacionalistas, la satisfacción de la izquierda y el PP era más que evidente, a pesar de que todos lamentaron que CiU no hiciera ningún gesto para sumarse al acuerdo. La reforma incrementará de forma sustancial la representación de la izquierda y el PP en unos consejos copados hasta ahora por CiU. El popular Josep Maria Fabregat ejemplificó el sentir unánime de la oposición: "Esta reforma significa un avance en el pluralismo de Cataluña, porque los consejos dejarán de ser una herramienta al servicio del partido".

El socialista Oriol Nel.lo negó que la resolución aprobada rompa el equilibrio territorial de Cataluña porque, aseguró, este objetivo se alcanza "facilitando a todos los ciudadanos un acceso justo a la renta y los servicios". El republicano Jaume Oliveras acusó a CiU de "filibusterismo parlamentario" y añadió que la federación "se equivoca al ver un complot universal en contra de ella". Rafael Ribó, presidente del grupo de Iniciativa per Catalunya Verds, calificó de "fracaso colectivo" la falta de consenso para cambiar las leyes comarcales. Por su parte, Maria Eugènia Cuenca denunció que los socialistas "carecen de cultura democrática" y agregó que "algunos partidos intentan deslegitimar los consejos comarcales".

Si el sistema aprobado ayer se aplicara a los resultados de los comicios municipales de 1999, Convergència i Unió perdería un total de 46 consejeros comarcales y la mayoría en ocho de ellos: Alt Camp, Alt Urgell, Anoia, Baix Camp, Cerdanya, Gironès, Tarragonès y Terra Alta. ERC ganaría 10 consejeros; el PSC, 17; el PP, 8, e ICV, 7. El resto se adjudicarían a formaciones independientes.