Muerte en cárceles extrañas

La pastoral penitenciaria, una hoja volandera del penal Quito 1, en la capital de Ecuador, recogió el pasado 14 de enero la muerte de Alfonso Ruiz Rodríguez, un sevillano de unos 40 años condenado por tráfico de drogas, enfermo de sida y ciego. El preso perdió la vista a los dos meses de su encarcelamiento. Desde entonces intentó suicidarse varias veces, según el testimonio de sus compañeros. Su cadáver está enterrado en el cementerio de San Diego de Quito. Nadie lo reclamó. Nadie acudió a despedir al penúltimo preso español muerto en una cárcel extranjera. El año pasado murieron nueve de los 1.528 reclusos españoles repartidos por 49 países. En los cinco primeros meses de este año han fallecido otros seis. La Oficina de Información Diplomática (OID) ha declinado facilitar sus nombres, los países y las circunstancias en las que fallecieron "por respeto a su intimidad".

Alfonso Ruiz, preso en Quito, estaba ciego y se defendía como podía. Antes de morir portaba una aguja infectada del virus VIH para que nadie se le acercara

El consulado español en Lima no atendió a la petición de medicinas para Tamargo Fernández. Cuando murió, se negó a pagar el ataúd y el nicho

El Gobierno ha pedido que se agrupe en la misma cárcel a los 103 presos españoles en Venezuela. "Los problemas son tremendos y dantescos", dice el cónsul

Natalia Fernaud, de 32 años, una voluntaria tinerfeña, fue una de las últimas personas que vio a Alfonso vivo. "Se defendía como podía. Portaba una aguja, que decía infectada de VIH, para que nadie se le acercara. En sus últimos meses de vida, y debido a su ceguera, se convirtió en el payaso del que todos se reían y del que se intentaban aprovechar. Muñeco de trapo que el resto de los presos movían a su antojo, robaban lo poco que tenía, e incluso intentaron matarle, cosa que él habría agradecido".

Alfonso Ruiz no recibió la asistencia médica debida porque en el penal ecuatoriano hay un médico sin medicinas. El preso no tenía dinero para pagarlas, y el consulado español, en opinión de Fernaud, no reclamó ni presionó a la cárcel para que le trasladarán a un hospital. "Sólo si es muy grave te hospitalizan, salvo que la Embajada se mueva", señala esta voluntaria de la Fundación Ramón Rubial Españoles en el Mundo, que, al igual que presos y algunos familiares, critica la escasa atención de la Embajada de España en Quito a los presos enfermos. Una Embajada a la que varios de ellos definen en sus escritos de protesta como la embajada de la muerte.

El 27 de diciembre, la pastoral penitenciaria de Quito 2, el centro penitenciario al que acuden los presos que no pueden pagar los 500 dólares que piden funcionarios corruptos para ir a Quito 1, menos masificada, anunció la muerte de otro español, Manuel Gasco Bosch.

El mutismo de la Embajada

Natalia, la voluntaria que desde hace un año visita a los 80 españoles hacinados en las prisiones de Quito, se entrevistó también con este sevillano. El encuentro se celebró el pasado 15 de noviembre. "Estaba mal y echaba esputos marrones. Creíamos que tenía hepatitis. Al día siguiente le pedí a Renato, un funcionario de la Embajada, que fuera a la prisión para pedir su hospitalización, pero no hizo nada. Ni fue a verlo, ni llamó para interesarse. Al final fue la cárcel la que dio el permiso para que le ingresaran, pero lo devolvieron a la prisión porque ningún guardia quería estar con él en el hospital. Al día siguiente murió. Soy consciente de que la Embajada no hizo nada, porque los presos también habían informado por teléfono de la gravedad de su estado y de la urgencia de su hospitalización".

Manuel Gasco murió el pasado 27 de diciembre en condiciones infrahumanas. Según el testimonio de otros presos españoles, padecía una infección tuberculosa avanzada, y el departamento médico de la prisión le asistió con los escasos medios de los que dispone esta cárcel ecuatoriana. "Sus últimos días de vida no comía ni dormía. Los pasó en la celda 5 baja, donde la masificación y escasa higiene agravaron su salud. Lo sacaron de la comunidad terapéutica porque no querían que muriera allí. En esta comunidad se llevan a cabo actividades de desintoxicación de drogodependientes", relata Natalia.

El cuerpo de Gasco no fue enterrado en el cementerio de San Diego, en Quito, donde descansa Alfonso Ruiz. Fue incinerado y enviado a España. El traslado de un cadáver desde Ecuador a España cuesta unos 5.000 euros, una fortuna que no está al alcance de la mayoría de las familias. La cremación es más barata, unos 1.680 euros.

Fernando Serrano, de 38 años, natural de Villafranca del Penedés (Barcelona) y compañero de Gasco en la cárcel de Quito 2, describe así la muerte de Manuel: "Tuvo la mala suerte de caer en una prisión ecuatoriana, corrupta e inhumana. Falleció como un animal, agonizando en una cama mugrienta, con la única compañía de las cucarachas correteando en la madera podrida. No podrá contar que sus compañeros llamamos al consulado pidiendo ayuda... En esta prisión se cometió el delito de no ayudar a un moribundo. Ese delito lo cometió el consulado español y la prisión", dice en una carta remitida a este periódico.

La misionera dominica Eva Aristimuño, de 76 años, natural de Placencia de las Armas (Guipúzcoa), que visita a los presos en Quito desde hace 13 años, también conocía a Gasco. "El consulado no les presta demasiada atención. Las personas enfermas están abandonadas y se les trata con poca humanidad. A veces tardan más de dos meses en ir a visitarles. Me he ofrecido a actuar de intermediaria y no lo aceptan", critica.

Gabriel Alou, cónsul de España en Quito, asegura que no recuerda si la Embajada reclamó la hospitalización de Gasco. "No se lo puedo decir porque no lo recuerdo. Las autoridades ecuatorianas son las responsables de la situación de los detenidos. Nosotros pedimos la hospitalización cuando tenemos conocimiento de una situación de urgencia".

Cuando se le recuerda a Alou que la voluntaria Fernaud alertó al funcionario consular encargado de atender a los presos sobre la crítica situación de Gasco, el diplomático insiste en que no lo recuerda. "Cuando se ha conocido una situación extrema hemos hecho lo posible para atenderles", dice refiriéndose al caso de Gasco y al de Alfonso Ruiz.

Malas noticias

Una semana antes del fallecimiento de Gasco, la pastoral penitenciaria de otra cárcel ecuatoriana, la de Ibarra, transmitió a la población reclusa otra mala noticia: la muerte de José María Cano, otro recluso español. Otro enfermo cuya historia es un fiel reflejo del sufrimiento de los presos españoles en las cárceles ecuatorianas.

Cano, de 47 años, natural de Castellón, casado y padre de una hija, fue detenido en 1999 en Quito por tráfico de drogas. Enfermo de tuberculosis, padecía graves problemas pulmonares y enfermedades en la piel. Vivía atado a una bombona de oxígeno y gracias al dinero que desde Barcelona le enviaba su sobrina María del Carmen. "Si yo no mandaba dinero, no le daban las medicinas necesarias".

El pasado mes de octubre, Cano recibió la noticia de su indulto, la única buena nueva desde que inició su calvario en Ecuador. Todo estaba preparado para su traslado a España, pero varias compañías aéreas se negaron a llevarle. "Iberia comunicó que le negaban el vuelo por temor a que le pasara algo. Mientras, la enfermedad avanzaba", dice su sobrina.

La búsqueda de una compañía aérea que aceptara a Cano y a su inseparable bomba de oxígeno duró semanas. Todas se negaban y argumentaban el riesgo que suponía el largo viaje para el preso español, obligado a volar con un médico. Finalmente, la compañía Iberia reconsideró su decisión. "Me llamaron y dijeron que volaría a España el día 22 de diciembre. Por fin parecía que esa horrible pesadilla iba a terminar. El 20 de diciembre nos llamó el embajador para comunicarnos que había tenido una recaída y que no podía volar", recuerda María del Carmen.

Esa misma noche, José María Cano falleció en la cárcel de Ibarra. Tenía su maleta preparada y en sus manos el billete de la libertad que le iba a trasladar desde Quito hasta un hospital de Madrid, donde soñaba con su recuperación. "Lo triste es que Iberia negó el vuelo en octubre, y en diciembre lo aprobó", apostilla su sobrina.

Traslado de cenizas

"¿Cómo es posible morirse de una tuberculosis en un año?", se pregunta. Y se responde a sí misma: "Lo han dejado morir", dice en clara referencia al sistema penitenciario ecuatoriano. Un portavoz de la OID asegura que Cano padecía una enfermedad terminal, y reconoce que, cuando se le concedió el indulto, ninguna compañía aérea quería trasladarlo.

Para los Cano, la tragedia no había terminado. Su viuda, sin medios económicos, y su sobrina ignoraban las dificultades que supone trasladar un cadáver desde Latinoamérica. "Es muy duro decirlo, pero tu tío ya no necesita protección", me dijo un funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores. Me dieron precios del traslado. Había que optar entre el cuerpo o las cenizas. Si no pagábamos, se lo llevaban a la fosa común. Optamos por el crematorio", relata su familiar.

El pasado 5 de enero llegaron al aeropuerto del Prat, en Barcelona, las cenizas del castellonense José María Cano. Su familia critica la actuación del consulado español en Quito. "La Embajada se movió cuando se estaba muriendo. Tenía una enfermedad que podía haber sido controlada. Si se hubieran dignado en ir a verle más a menudo..., pero me dijeron que el viaje a Ibarra era muy complicado. Se ocuparon muy poquito. Es una vergüenza que en Exteriores exista un departamento que se llama Protección de Presos en el Extranjero. En todo momento nos hemos sentido desasistidos", denuncia María del Carmen.

El cónsul español en Quito niega esta falta de atención y señala que en el caso de Cano fue la Embajada quien corrió con los gastos de su hospitalización. Sobre las quejas de las escasas visitas que recibía en la cárcel de Ibarra, Alou señala que él le visitó varias veces, "aunque quizá la frecuencia era menor que a los presos de Quito". El diplomático destaca que fue la Embajada quien trabajó para que las autoridades ecuatorianas le concedieran el indulto. Un indulto que no pudo disfrutar.

Francisco Carrión, embajador de Ecuador de Madrid, reconoce las deficiencias de las prisiones en su país y asegura que hacen esfuerzos "para mejorarlas y cuidar los derechos humanos". "Pero hay muchas limitaciones", dice.

El pasado 11 de diciembre, cuando Cano todavía soñaba con su inminente regreso a España, moría de una neumonía Tamargo Fernández Ambrosio en el hospital Daniel A. Carrión, adonde había sido trasladado desde el penal Callao de Lima (Perú). Nueve días antes, la prisión solicitó medicinas "con carácter urgente" a la Embajada de España, "sin obtener una respuesta positiva y a pesar de varias llamadas telefónicas y coordinaciones con Manuel Sánchez", según señala una carta del director de la cárcel, dirigida el pasado 2 de enero a Juan González Samperio, presidente de la Sociedad Española de Beneficencia en esa ciudad.

Martínez García, el director del penal donde el preso español cumplía su pena, reclamó a la Embajada la compra de un ataúd y un nicho para darle sepultura, pero el citado funcionario responsabilizó de los gastos al Instituto Nacional Penitenciario de Perú (Inpe). "El representante de la Embajada de España en ningún momento ha tenido la cortesía de personarse en este establecimiento penitenciario para coordinar y aunar esfuerzos, totalmente indiferente e insensible con su compatriota, a pesar de contar con mejores recursos de su institución y mejores condiciones de trabajo que los que tiene el Inpe", denuncia en su carta.

Ante esta indiferencia, el responsable del penal se dirigió a diversas instituciones y reclamó ayuda para la compra del nicho y el ataúd. Según su testimonio, intentaba evitar que el preso español fuera enterrado en una fosa común. La Sociedad Española de Beneficencia facilitó el nicho B-11 y la ONG Maynes envió una caja.

Tamargo Fernández fue enterrado a las seis de la tarde del pasado 16 de diciembre en el cementerio limeño de Baquijano, en presencia de tres asistentes sociales que trabajan en la cárcel en la que pasó los últimos años de su vida. El recluso estaba preso desde octubre de 2001 por un delito contra la salud pública.

En la misiva del director del penal, en la que relata sus gestiones con el consulado español y agradece el nicho a los benefactores, asegura que el fallecido "no tenía familiares en Perú, ni apoyo de la Embajada de España". "Una vez más agradecemos su atención y pedimos que recomienden mayor apoyo por sus compatriotas detenidos", concluye. La OID asegura que se han pedido explicaciones sobre este caso a Javier Herrera, cónsul en Lima.

Un día antes de la muerte de Tamargo, el pasado 10 de diciembre, Joaquín Sánchez Sánchez, de 48 años, natural de Barcelona, moría en el hospital Victorino Santaella de Los Teques (Venezuela). Eduardo Cerro, cónsul español en Caracas, asegura que se le facilitaron medicinas y que fue asistido en la cárcel por un facultativo contratado por la Embajada. Sánchez había sido detenido en enero de 2002 y condenado a 10 años. Estaba preso en la cárcel Rodeo 1, una de las más duras de Caracas.

Un total de 103 presos españoles están repartidos por 16 cárceles de Venezuela y padecen uno de los regímenes penitenciarios más caóticos y duros del planeta. El Gobierno español acaba de intentar, de momento sin éxito, que todos ellos sean agrupados en la misma prisión, y agiliza los trámites para que salgan de ese infierno y cumplan sus penas en España. Cerro ha mantenido encuentros con el director de Prisiones de Venezuela en los que solicitó el reagrupamiento.

El año pasado, 253 presos fueron asesinados y 1.519 heridos, en muchos casos ante los ojos de los reclusos españoles que, además de cumplir su pena, luchan por sobrevivir. Entre los 19.362 presos que integran la población reclusa del país se requisaron en ese mismo periodo 13.000 armas blancas, 200 pistolas, 260 revólveres y 2.500 armas caseras. "Entrar a estas prisiones es muy arriesgado. Secuestraron a la funcionaria que iba a llevar el dinero a nuestros presos, aunque horas después otros reclusos la liberaron. Ahora, la persona que les entrega la asignación de 100 euros mensuales va siempre acompañada. Una comisión de senadores que visitó las cárceles se quedó impresionada y nos dijo: '¡Pero ustedes entran aquí!", relata el cónsul.

Irregularidades

La falta de medios para atender a los presos en Venezuela la refleja un solo dato: cuatro guardianes custodian a los 1.000 presos del centro Rodeo 2, según destaca Cerro. "La situación es tremenda, y ahora más, por las huelgas y la falta de alimentos. Un 16% de la población tiene hepatitis B y ahora hay una plaga de salmonella. Los problemas son dantescos, y nosotros hacemos todo lo que podemos. Le aseguro que somos el país que más nos ocupamos por nuestros presos en el exterior".

María Luisa Cava de Llano, adjunta del Defensor del Pueblo, visitó en 2001 la cárcel de Los Teques, donde pasó Sánchez sus últimos días de vida, y fue testigo de las dramáticas condiciones en las que viven los presos. Entonces se quejó a Exteriores de la lentitud en la tramitación de los expedientes de los reclusos que piden el traslado a España para cumplir sus penas, y comprobó "irregularidades de todo tipo" en el comportamiento de una de las personas que llevaban el dinero a los españoles. "Vi cosas que no me gustaron", dice. El cónsul señala que un voluntario que se ofreció a llevar la asignación económica les cobraba una comisión, "que ellos aceptaban", y que ese sistema se suprimió. Sobre el convenio de cumplimiento de penas asegura que ha mejorado. En 2002 se aplicó a 15 presos, y este año, a 18.

Yolanda F., hermana de un preso catalán que desea preservar su identidad, describe así la situación de Alejandro: "Están en celdas de hasta 30 personas. Tiene que pagar su rancho, el colchón, jabón y hasta el papel higiénico. El consulado hace muy poco y no van casi a verlos". Nieves Rodríguez relata la angustia de su sobrino Miguel Ángel Pérez, de 29 años, natural de Lanzarote y preso desde el pasado verano en la cárcel del Rodeo. "Ayer lloraba porque habían matado a dos presos. Dice que cada semana cae alguien. Intentó tres veces acudir a juicio. La primera no había gasolina; la segunda, los guardias le pidieron dinero, y a la tercera decían que no había transporte. El consulado es nefasto. Les hace muy poco caso".

Jimena Sanclemente, de 29 años, coordinadora de la Fundación Españoles en el Mundo, relata cómo la familia de una joven española presa en una cárcel venezolana tuvo que enviar al director de la prisión un paquete de 500 folios para que pudieran tramitar su petición de traslado a España. "No tenían ni papel de fax", dice. Jordi Pedret, diputado del PSOE, ha preguntado al Gobierno por los presos españoles en Venezuela.

El pasado 8 de abril falleció Juan en el centro penitenciario del Occidente, en la ciudad venezolana de Santa Ana, otro preso español. Era natural de un pueblo de Badajoz, y, según el consulado, murió sobre su cama de un infarto. Había sido detenido dos años antes por tráfico de estupefacientes. Antes pidió que no se comunicara a su familia su muerte. Nadie de su entorno sabía que estaba preso. Era su secreto mejor guardado. "No sabemos qué hacer", confiesa el cónsul.