De la Rúa pide al Constitucional que valide la Ley de Juicios Rápidos

El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Juan Luis de la Rúa, cree que el Constitucional debe pronunciarse sobre la legalidad de la Ley de Juicios Rápidos. De la Rúa defendió su validez ante las críticas de algunos sectores de la Fiscalía, que estiman que un juez no debe investigar y sancionar un mismo hecho. El magistrado explicó que si el detenido reconoce el hecho se evita el supuesto de inconstitucionalidad.

De la Rúa señaló ayer en Elche, durante una reunión con miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y del mundo judicial, que las conformidades de los acusados evitarán los supuestos de inconstitucionalidad que denuncian algunos fiscales No obstante, la solución definitiva "pasa por que el Tribunal Constitucional se pronuncie al respecto", añadió.

Fue el fiscal jefe de Madrid, Mariano Fernández Bermejo, y otros 39 compañeros del TSJ de la Comunidad Valenciana, quienes levantaron las dudas sobre la validez de los juicios rápidos. Éstos no consideran legal que un mismo magistrado pueda investigar un hecho delictivo y sancionarlo a la vez. El magistrado, en este caso, estaría "contaminado por los prejuicios de su investigación", explicaron otras fuentes.

No obstante, el presidente del TSJ considera subsanables estas "dudas razonables" en aquellos casos en los que haya conformidad. Cuando el detenido asume el hecho y se conforma con la pena -lo que siempre supone una reducción de más de la mitad en la sanción-"no es necesario la investigación, con lo que cual el Juez de Instrucción puede establecer la pena", indicó.

El presidente del TSJ señaló que los juicios rápidos, que se pondrán en marcha el próximo día 28 de abril en toda España, acarrearán "nuevas garantías para los ciudadanos", y aventuró su éxito a medio plazo. De la Rúa confió en que la Administración ponga todos los medios necesarios para el funcionamiento de los juicios rápidos. "En nuestra Comunidad es necesario no sólo personal, sino profesionales muy específicos como intérpretes, peritos tasadores y un sistema de coordinación entre todos los implicados", como juzgados, policías y guardias civiles.

Para ello se ha establecido la denominada Agenda Programada de Citaciones, a través de la cual juzgados, abogados y policías tendrán acceso al calendario de vistas. La marcha de esta agenda, que conectará a todos los sectores implicados a través de Internet, es vital para emplazar a acusados y testigos con el fin de celebrar el juicio en un plazo máximo de 10 días. Esto obliga a un trabajo "más diligente y a unos atestados más completos" de los cuerpos y fuerzas de seguridad, explicó ayer el jefe de la Policía Local de Elche, Manuel Calvache.