El TSJA reconoce que el trato judicial a los casos de violencia doméstica es "inadecuado"

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) admite en su memoria relativa al año 2002 que el tratamiento judicial que se presta a las situaciones de maltrato familiar es en muchos casos "simple y llanamente inadecuado" y que con "excesiva frecuencia" el entorno judicial es "inhóspito" para las víctimas de las agresiones. La memoria confirma la saturación que arrastran las tres salas de lo Contencioso de Granada, Sevilla y Málaga donde se acumulan 51.818 asuntos pendientes. Aún así, Augusto Méndez de Lugo, presidente del TSJA, dijo que la situación es esperanzadora.

Méndez de Lugo, que presentó ayer la memoria en la sede del TSJA en Granada, se refirió a la opinión extendida entre la sociedad de que los órganos judiciales son "excesivamente indulgentes" con los maltratadores. A su entender, a esta percepción no le faltan razones auténticas, aunque también hay casos en que las decisiones judiciales son incomprendidas porque la sociedad sobrepone las expectativas represoras de la ley por encima de los tratamientos alternativos.

"Es forzoso reconocer", admite la memoria judicial, "que en no pocas ocasiones el tratamiento judicial de las situaciones de maltrato puede resultar simple y llanamente inadecuado [...]. Lo más grave es que la disfunciones originadas por la misma estructura del sistema judicial lleven a dejar sin respuesta adecuada un gran número de casos de violencia doméstica de escasa entidad que, sin embargo, son en muchos casos el precedente de una agresión más grave".

El análisis de las resoluciones judiciales dictadas el año pasado en Andalucía en asunto de violencia familiar confirma esta opinión. Cuando la conducta se enjuició como delito el porcentaje de condenas fue muy alto, un 84,6%. En cambio, en los casos de faltas, el porcentaje condenatorio se redujo a un 27%. Este alto índice de absoluciones en casos de maltrato de menor entidad "revela la ineficacia de este tipo de procesos y de la sanción penal que conllevan".

El entorno judicial tampoco ayuda a las personas que deciden denunciar casos de maltrato. En demasiadas ocasiones, insiste la memoria, se hace recaer sobre la víctima la responsabilidad de mantener la iniciativa procesal para lograr una condena, una exigencia muy difícil de soportar dado el "entorno extraordinario de presión familiar y social de la mujer agredida". Estas circunstancias originan que la denuncia no venga respaldada por pruebas suficientes y no se obtenga una condena proporcional a las agresiones padecidas.

Nivel de eficacia

Méndez de Lugo, en su exposición, recordó que con las medidas adoptadas por el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial para paliar estas deficiencias (que incluyen el alejamiento de la víctima o la prisión provisional en los casos de violencia reiterada o de incumplimiento de la orden de alejamiento) "es previsible que el tratamiento judicial de este fenómeno se sitúe en los niveles de eficacia que la sociedad demanda con razón".

Respecto al análisis pormenorizado de la situación de los diferentes órganos jurisdiccionales durante el año pasado, la memoria confirma la saturación que sufren las tres salas de lo Contencioso-Administrativo de Andalucía, en especial la de Granada, donde se acumulan pendientes de resolución 22.576 asuntos, un 11% más respecto al 2001.

Entre las explicaciones que da el TSJA para justificar que las tres salas andaluzas acumulen 51.818 asuntos figura el extraordinario aumento de los casos relacionados con la Ley de Extranjería.

De los asuntos en única instancia iniciados en 2002, la mayoría, el 40%, son relativos a extranjería. En dos años tales casos se han multiplicado por 50 a causa, sobre todo, de las modificaciones legislativas adoptadas en esta materia. "A la vista de este dato", propone el TSJA, "sería conveniente reconsiderar en la futura reforma de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa la atribución de los asuntos de extranjería a los juzgados de lo Contencioso pues se considera que este órgano es más adecuado para resolver tales litigios".

En el caso particular de la sala de lo Contencioso de Granada, parte de los 22.576 asuntos pendientes provienen de los más de 7.000 recursos de lesividad presentados en 1999 en contra de las resoluciones del Tribunal Económico Administrativo sobre valoraciones catastrales.

A pesar de esta situación irregular, la sala de Granada resolvió el año pasado 4.176 asuntos, un 14% más que en el año anterior. La carga de trabajo que tienen los seis magistrados de la sala de Granada es de 1.076 por individuo, una cifra muy superior a los 325 que el Consejo General del Poder Judicial considera "razonable".

La sala de lo Civil y Penal, con sede en Granada, anuló en apelación cinco resoluciones judiciales de jurado, lo que equivale a un 15%.

Las ocho Audiencias Provinciales, por su lado, registraron en 2002 un 7% más de asuntos que en el año precedente. Se resolvieron 37.659 procesos frente a los 36.136 nuevos, lo que ha originado una disminución de un 14%.