La dirección de IU renuncia a cambiar las listas de Madrid para eludir la crisis

"No hay intención de interferir en el proceso de Madrid". Ésa es la postura oficial de la dirección federal de IU ante la crisis abierta después de que, hace 10 días, la Comisión Federal de Garantías aprobara un dictamen que obliga a modificar las listas electorales en Madrid. La comisión ratificó ese dictamen el pasado sábado, pero IU-Madrid se niega a acatarlo. Sólo la presidencia federal tiene potestad para hacer cumplir la resolución, pero ha decidido no hacerlo. El plazo para presentar las candidaturas ante la Junta Electoral vence el próximo día 21.

Ante la grave crisis abierta en torno a las listas electorales de IU-Madrid, la dirección federal de la organización no sabe, no contesta. "Los dictámenes de la Comisión de Garantías son de obligado cumplimiento para las federaciones", admite un portavoz de la dirección, que añade: "Siempre que se aprueben legalmente, y sobre eso hay discusión". ¿Va a reunirse algún órgano de IU para decidir de una vez por todas si el dictamen emitido por la comisión el 27 de marzo y ratificado el pasado sábado fue aprobado legalmente? "No, al menos por el momento", es la respuesta del portavoz.

El dictamen de la discordia establece que el método matemático aplicado por el Consejo Político de IU-Madrid el pasado octubre para asignar los puestos de sus listas electorales a las distintas corrientes es contrario a los estatutos. Éstos recogen un método que da más peso a los grupos minoritarios, ahora relegados a los últimos puestos y que, de aplicarse el dictamen, serían catapultados a la cabeza de las listas. El debate sobre si es justo o no que una corriente con sólo un 15% de apoyo interno obtenga, por ejemplo, el número tres de la candidatura al Ayuntamiento -eso es lo que ocurriría si se aplicara el dictamen- ha quedado eclipsado por la discusión sobre la validez de la resolución.

A menos de siete semanas de las elecciones municipales y autonómicas, desautorizar a la dirección de una federación como Madrid -cuyo coordinador general, Fausto Fernández, ha declarado que no está dispuesto a modificar más las listas (ya ha tenido que hacerlo dos veces)- abriría una crisis aún mayor en IU. Por eso, la dirección federal ha decidido mirar hacia otro lado en el espinoso asunto del dictamen de la Comisión Federal de Garantías: pone en duda la validez de la resolución, pero renuncia a aclarar "por el momento" si es legal o no.La Plataforma de Izquierdas, una de las corrientes minoritarias que saldrían beneficiadas si se modificasen las listas, hizo pública ayer una nota en la que afirma: "IU-Madrid se dispone a dar un golpe de muerte a la legalidad interna, al negarse a acatar el dictamen de la Comisión de Garantías. Resulta sorprendente que, mientras IU no se cansa de denunciar la ilegalidad del ataque anglo-americano a Irak [...], incumpla sus estatutos con plena impunidad. Las candidaturas de Madrid, de consumarse el desafuero, son fraudulentas y constituyen una burla a los potenciales votantes. IU se ha convertido en una organización sin ley".

El dictamen de la Comisión Federal de Garantías fue aprobado el pasado 27 de marzo y hecho público por este periódico dos días después. El primero en negarle validez fue el propio coordinador de la comisión, José Luis Turrado, quien lo calificó de "absolutamente nulo" porque, según dijo, había sido votado por correo electrónico y eso era "irregular". Éste fue, en un principio, el argumento que asumió como propio la dirección regional de IU, que pidió que se aclarasen las irregularidades antes de "acatar" el dictamen.

Competencias

Más adelante, sin embargo, IU-Madrid decidió prescindir de esa aclaración y anunció que en ningún caso aceptaría una resolución de la Comisión de Garantías porque "no es un órgano competente para opinar sobre listas electorales". La dirección regional alegó que esa comisión sólo puede tomar decisiones en segunda instancia, después de que los asuntos pasen por la comisión de garantías de cada federación, y añadió que, además, IU-Madrid es "autónoma" en la elaboración de las candidaturas.

Cinco de los ocho miembros de la Comisión Federal de Garantías se reunieron el pasado sábado para ratificar el proceso de elaboración y votación del dictamen y "limpiar su honor" ante las críticas vertidas sobre su trabajo. "No debe quedar ninguna duda: el dictamen es válido. Fue votado por correo electrónico el pasado 15 de marzo porque así se decidió en una reunión previa. Y ¡por supuesto que la comisión es competente! Sólo lo es en segunda instancia cuando el asunto a tratar es un conflicto entre partes. Pero aquí se trata de una interpretación de estatutos, y eso es competencia federal, no de cada federación", aseguró ayer Emilia Salas, miembro de la comisión y redactora del dictamen.

La comisión acordó también en esta última reunión destituir a Turrado como coordinador por haber "desautorizado" a sus compañeros y haber "faltado al honor" a la propia Salas, a la que acusó de filtrar a este periódico la "supuesta resolución". "Lo primero es que yo no filtré ningún documento. Pero es que, además, el dictamen era absolutamente legal", insiste Salas, que está dispuesta a escribir a Gaspar Llamazares, coordinador general de IU, para explicárselo.

"La presidencia federal tiene la obligación de hacer cumplir los dictámenes de la Comisión Federal de Garantías", recuerda Salas. "Pero, con todo lo que está cayendo, la presidencia ni siquiera se ha dirigido a nosotros y, eso sí, ha aceptado implícitamente la negativa de Madrid a cumplir la resolución. Está claro que no quieren hacer nada antes de las elecciones", añade.

"Somos cautelosos"

"No es que no queramos pronunciarnos, es que estamos siendo cautelosos", explica Rubén Fernández, coordinador de la Comisión Permanente de IU (el principal órgano federal de gestión diaria). "La elaboración de las listas es competencia de cada federación. Si alguien en IU-Madrid estaba en desacuerdo con el método aplicado, tenía que haber recurrido a la comisión de garantías regional, no a la federal", continúa. Pero, toda vez que fue la federal la que se reunió y emitió un dictamen, ¿hay forma de saber si ese dictamen es válido y, si lo es, garantizar su aplicación? "Eso no lo va a decidir la dirección, al menos de momento. La prioridad ahora es parar la guerra en Irak", aclara Fernández.

El coordinador de la Comisión Permanente cree que "es la Comisión de Garantías la que tiene que determinar si sus reuniones son válidas". En lo que se refiere a la reunión del pasado sábado señala tres supuestas "irregularidades": "En la comisión hay tres miembros de una misma federación, la de Madrid, y eso va contra los estatutos; además, hay un miembro que es parte interesada, porque forma parte de una lista, y otro que no va nunca a las reuniones".

Emilia Salas replica: "La persona que va en una lista se abstuvo de votar el dictamen, aunque estaba a favor. Es verdad que hay un miembro que falta mucho, pero nunca se ha decidido sustituirlo, y, mientras eso no se produzca, puede votar. Y lo de que hay tres personas de Madrid es una tontería: esa parte del estatuto es interpretable, pero si así fuese, ¿habría que considerar nulas todas las resoluciones que hemos tomado en estos dos años?".