Aguas de Valencia pacta con su ex consejero para evitar una batalla en los tribunales
Aurelio Hernández acepta una compensación y retira la demanda por despido
Una larga semana de negociaciones entre Aguas de Valencia y Aurelio Hernández, ex consejero delegado de la sociedad, se cerró con un pacto de última hora previo a la primera cita ante el juez, prevista ayer por la mañana, a raíz de una demanda contra la sociedad por despido improcedente. El texto reza: "Aguas de Valencia y su consejero Aurelio Hernández alcanzan un acuerdo, por lo que ponen fin a las discrepancias surgidas entre las partes". Hernández retira la demanda, pero recibe una compensación al renunciar durante dos años a ofertas de trabajo en otras empresas del sector.
El consejo de Aguas de Valencia, reunido en París el pasado 28 de noviembre, acordó revocar las facultades concedidas a Hernández en septiembre de 2001 como consejero delegado y suspender su nombramiento como director general en junio de 2000.
El despido, por supuesta mala gestión, se retrasó hasta el 15 de diciembre. El contrato de Hernández incluía un blindaje equivalente a cuatro años de salario. Y el último ejercicio completo, 2001, la remuneración de los máximos ejecutivos incluía una gratificación extraordinaria de 600.000 euros a raíz de la renovación del contrato de gestión del suministro de agua potable a la ciudad de Valencia por 50 años. Hernández ingresó cerca de un millón de euros en 2001 en concepto de salario.
La compañía optó por un despido disciplinario invocando una supuesta mala gestión, que incluía cambios de criterios contables en 2002 para mejorar los resultados de la sociedad, un blindaje y otros contratos abusivos con asesores, o la firma de convenios con medios de comunicación.
Hernández, alcalde de Cárcer por el PP, había sido hombre de confianza de la dirección del partido y su posición en Aguas de Valencia era sólo el último peldaño de una carrera tutelada hasta la fecha por Eduardo Zaplana. Y cuando fue desposeído de su posición, Hernández acudió a los tribunales con una demanda por despido improcedente.
La ruptura entre Aguas de Valencia y su consejero delegado desembocó en una tremenda batalla en los medios, con acusaciones cruzadas de toda índole, que llegaron al Congreso de los Diputados.
El primer choque entre Aguas de Valencia y su ex consejero delegado ante el juez estaba previsto ayer. Pero no llegó a producirse. Después de cuatro meses de negociaciones, las partes alcanzaron un acuerdo en el último minuto. El pacto incluye un anexo, la nota difundida ayer por Aguas de Valencia. Portavoces de ambas partes invocaron ayer una cláusula de confidencialidad para evitar comentar los términos del pacto. Pero del acuerdo se deriva que Hernández ha retirado la demanda por despido improcedente.
La empresa también reclamaba a Hernández la devolución de hasta 180.000 euros, treinta millones de pesetas, a cuenta de disposiciones de efectivo de la caja de la sociedad sin destino claro.
El acuerdo, sin embargo, establece una compensación a cambio del compromiso del ex directivo de renunciar a posibles ofertas de empleo de otras empresas del sector durante un plazo de dos años.
La nota difundida ayer alude exclusivamente a Hernández, pero su sucesor en la dirección general, Francisco Pontes, fue despedido el mismo día. Semanas más tarde, fueron despedidos Fernando Pontes, hermano del anterior, y Enrique Luján. Ambos ocupaban cargos ejecutivos.
Ruptura política
Aurelio Hernández es alcalde de Cárcer por el PP y era hombre de confianza de la dirección del partido. Eduardo Zaplana le compensó con la presidencia de Egevasa, la empresa de aguas de la Diputación de Valencia, y un puesto en el consejo de Ràdio Televisió Valenciana cuando llegó a la Generalitat.
Hernández ejecutó la privatización de Egevasa, recientemente anulada por el TSJ, y llegó a la dirección de Aguas de Valencia cuando ambas sociedades se fusionaron.
Aguas de Valencia había sufrido un previo proceso de valencianización que había reducido el peso del accionista mayoritario, la sociedad francesa Saur, y provocó la salida del BSCH en favor de Lubasa, Facsa y el Banco de Valencia. Todo el proceso fue tutelado desde la Generalitat.
El despido de Hernández esconde una ruptura con Zaplana. Una parte atribuye la batalla a la negativa del consejero delegado a financiar medios de comunicación afines al actual ministro de Trabajo. Otra reduce el asunto a mala gestión. Sólo el juez dispone de la última auditoría sobre el gobierno de la empresa.
