Un alcalde metido en harina
Luis Díaz Alperi concluye su actual mandato en Alicante con dos polémicas operaciones urbanísticas
El Gobierno local del PP de Alicante, con el alcalde, Luis Díaz Alperi, a la cabeza, no ha querido concluir el mandato que expira el próximo mayo sin terminar de ordenar, de acuerdo con la iniciativa privada, la Autoridad Portuaria y Renfe, los dos sectores de mayor interés y valor inmobiliario que quedan por urbanizar en el casco urbano de la ciudad. Se encuentran a tiro de piedra de la llamada Milla de oro, frente al mar, en la entrada sur de la ciudad. Uno de ellos es público (terrenos portuarios y corredor de la antigua estación de Murcia) y el otro, que se desarrolla urbanísticamente bajo el nombre de Benalúa Sur, privado. Los separa una carretera, la Nacional 332, aunque, a tenor de las denuncias de los socialistas alicantinos, en la oposición, entre esos dos sectores hay más elementos de unión que separación. Ambos se están ordenando a la vez, aunque en expedientes distintos y en instancias dispares, y sobre los dos se construirán viviendas de lujo.
Aunque el intento de urbanizar los dos terrenos es histórico, ha sido el actual alcalde, el ex promotor inmobiliario Luis Díaz Alperi, del PP, el que más ha empujado a su desarrollo. Y el que más ha polemizado; se ha metido en harina.
Una gran controversia ha estallado en el Ayuntamiento de Alicante cuando toca a su fin la compleja tramitación del plan parcial Benalúa Sur, cuyo suelo, ocupado históricamente por naves industriales, pasa a convertirse en residencial. El alcalde ha firmado un convenio urbanístico con los titulares de dos industrias harineras incluidas en ese sector para que desmantelen sus factorías y, con el pretexto de evitar posibles litigios con otros propietarios en la reparcelación de la zona, les ha indemnizado cediéndoles suelo público. Esa cesión, que el alcalde sustenta con un lacónico y precario informe de legalidad, y que el secretario municipal se ha negado a firmar, ha levantado ampollas en la oposición que, en bloque, la ha recurrido por considerarla nula de pleno derecho y arbitraria. "Un regalo a los harineros", coinciden todos los grupos municipales de la oposición.
El vigente Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), de 1987, delimitó un sector de suelo urbanizable denominado Benalúa Sur. En mayo de 1991, el gobierno socialista local aprobó definitivamente en pleno ese plan. Pero esa aprobación generó diversos recursos que pretendían una variación de la clasificación del suelo. Tres sentencias del Tribunal Superior de Justicia valenciano aceptaron los recursos y anularon los acuerdos plenarios. En la práctica, los fallos judiciales supusieron una nueva calificación del sector, es decir, una modificación parcial de la clasificación del suelo del PGOU, que pasaba a ser urbano. El Ayuntamiento, tras las sentencias, redactó una serie de criterios para ordenar de nuevo la zona respetando los mandatos judiciales. En junio de 1997, ya con el PP en el poder local, se aprobó una nueva ordenación del sector. Y en octubre de 1998 una mercantil, Nuevo Sector Benalúa Sur, SL, presentó un programa de actuación integrada para desarrollar una unidad de ejecución del sector.
Es durante la tramitación de este programa cuando las harineras comienzan a cobrar protagonismo. El representante de una de ellas, Francisco Bufort, presenta dos alegaciones al plan y pide que las fábricas harineras, que están fuera de ordenación desde 1970, se consideren sometidas a una vinculación singular y sean indemnizadas por los derechos que no puedan patrimonializar. El director de Planeamiento municipal responde a esa petición asegurando que no existe motivo alguno para indemnizar. Pero más tarde y en contra de ese criterio técnico, el alcalde suscribió un convenio urbanístico con los titulares de las harineras para indemnizarles. Así, de facto, unas viejas edificaciones que apenas albergaban actividad productiva son legalizadas urbanísticamente y luego indemnizadas con dinero público. Aunque resulte extraño, esas fábricas siguen a día de hoy fuera de ordenación, y si la Consejería de Urbanismo acepta el convenio de Díaz Alperi, estará avalando una operación que no pocos califican de dudosa legalidad e incluso de arbitraria.
Con los votos mayoritarios del PP y contrarios de la oposición en bloque el convenio se aprobó en la sesión plenaria del pasado enero. El expediente, incluido el polémico acuerdo entre Díaz Alperi y los harineros, llegó el 24 de febrero a los servicios territoriales de Urbanismo de Alicante, para su revisión y posterior envío al consejero de Urbanismo. Esta semana aún no había sido revisado.
Mientras tanto, las industrias que Díaz Alperi pretende indemnizar para compensar un supuesto traslado de sus actividades fabriles se han convertido en sedes de empresas inmobiliarias, cuyos titulares son los firmantes del convenio con el alcalde. Éstos crearon una empresa urbanizadora el pasado febrero y dejaron claro cuáles son sus legítimas pretensiones: sacar el máximo provecho a sus terrenos; lo que no está tan claro es por qué el alcalde, sin tener obligación de ello, cedió a los harineros una parcela de suelo público.
Tampoco se ha clarificado el preacuerdo entre Díaz Alperi, la Autoridad Portuaria y Renfe para ordenar el sector que ocupa el viejo corredor ferroviario de la Estación de Murcia, frente a las industrias de harina. Los socialistas de Alicante han puesto el grito en el cielo tras escuchar unas declaraciones de Díaz Alperi sobre el futuro de ese corredor. "Ya han planificado 1.200 viviendas en el Puerto", lamenta el PSPV local. Su secretario general, Ángel Franco, ha declarado que su partido está "indagando" una "oscura" operación urbanística a gran escala en la entrada sur a la ciudad, en Benalúa Sur. Franco aseguró tener conocimiento de que la operación para liberar el suelo de Renfe incluye una cesión municipal, de unos 4.000 metros cuadrados de techo edificable, en el plan de Benalúa Sur, junto a las industrias harineras. Los socialistas consideran que el PP de Alicante, con su alcalde a la cabeza, ve el negocio por todos lados y es incapaz de desarrollar planes urbanísticos sin que la especulación inmobiliaria esté de por medio.
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