Comunicado íntegro del Gobierno
"El Gobierno catalán quiere reiterar la inexistencia de nuevos errores y omisiones en el Barómetro de la Acción del Gobierno correspondiente a julio del año 2000. Ante la información publicada hoy [por ayer] por el diario EL PAÍS, la Generalitat reitera que las afirmaciones que hace este rotativo no se ajustan a la información de la que se dispone".
"Tal como ya informó el Gobierno en un comunicado el pasado 15 de marzo, una vez efectuadas las correspondientes verificaciones tanto en la Dirección General de Evaluación y Estudios como en el Instituto de Estadística de Cataluña y en la Oficina de Relaciones Institucionales del Departamento de la Presidencia, se constata que:
-La encuesta difundida por la Oficina del Portavoz coincide con las posteriores tablas estadísticas, el cuestionario y la información remitida al Parlament respecto de este barómetro el 25 de abril de 2001 (con el número de registro 23.536 con el que se respondía a la pregunta número 32000368/06).
-Así pues, consultado el conjunto del cuestionario no se detecta que haya ninguna diferencia entre éste, el informe hecho público y la información enviada al Parlament.
-Es imposible proceder a una verificación completa sin que los autores de esta información remitan al organismo competente en la materia, el Instituto de Estadística de Cataluña, una copia de la documentación de la que disponen, así como información sobre su origen".
"El Gobierno también quiere hacer público que el diario EL PAÍS envió un fax ayer, lunes 24 de marzo, en el que volvía a solicitar información sobre esta cuestión y que la misma tarde se le facilitó de acuerdo con los documentos de que se dispone. EL PAÍS ha preguntado repetidamente sobre el barómetro del año 2000 y siempre se le ha pedido copia de la documentación de la que dispone e información sobre su origen para efectuar una comprobación exhaustiva de su veracidad o no y, si procede, emprender acciones de orden legal. El diario, sin embargo, se ha negado desde el primer día a aportar cualquier documentación que permitiera a la Generalitat una comprobación que pudiera demostrar la falsedad de esta documentación y/o su posible procedencia ilícita".
"El Gobierno ha admitido errores en la gestión de algunos estudios, pero, en el esfuerzo obligado de contraste de la información y para que puedan darse respuestas fiables a la opinión pública, es totalmente necesario poder verificar el origen de las informaciones que se publican en la prensa, así como su veracidad para evitar confusiones indeseadas".
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