Un recorte fiscal caro y escaso

El 7 de enero, el presidente Bush anunció un tercer plan para estimular la economía norteamericana a través de una serie de recortes impositivos. Esta propuesta aparece en una coyuntura de debilidad económica y gran incertidumbre ante el posible conflicto con Irak. Lo preocupante del plan radica en su falta de estímulos económicos. Además, el precio a pagar será elevado, ya que generará riesgos para la estabilidad del dólar y podría minar su hegemonía internacional.

La clave de la propuesta es la eliminación de la imposición fiscal sobre los dividendos -un objetivo muy antiguo del Partido Republicano-. La idea principal de este recorte es terminar con la "doble imposición" sobre los beneficios empresariales.

El plan generará riesgos para la estabilidad del dólar y podría minar su hegemonía internacional

Es muy posible que los inversores se sientan más atraídos por mercados fuera de EE UU

Otro punto clave del plan es la aceleración de las reformas impositivas aprobadas en el verano de 2001, introduciéndolas en 2003 en vez de entre 2004 y 2006. Entre estas medidas se encuentra la reducción inmediata del tipo marginal máximo desde el 38,6% al 35%, el aumento de la desgravación fiscal por hijo de 600 a 1.000 dólares y la reducción de la tributación para matrimonios.

Por último, el plan recoge otras dos propuestas nuevas: el aumento del nivel de ingresos al que aplicar el tipo marginal mínimo del 10% y una transferencia de 3.600 millones de dólares a los estados para financiar la formación y recolocación de trabajadores actualmente en paro.

Los objetivos inmediatos del plan son: incentivar la inversión mediante la supresión del impuesto sobre los dividendos, lo que en teoría podría apoyar a la Bolsa norteamericana; potenciar el consumo privado aumentando la renta disponible de las familias, y ayudar a los parados a encontrar trabajo, lo que reduciría la tasa de desempleo (en febrero, un 5,8%, una de las tasas más altas de los últimos nueve años). El coste presupuestario, según las estimaciones de la Administración, será de casi 674.000 millones de dólares en los próximos 10 años, la mitad de los cuales se origina en la eliminación del impuesto sobre los dividendos.

El anuncio del nuevo plan ha suscitado una fuerte polémica en los EE UU. La mayoría de los grandes medios publicaron críticas duras. La trilogía Krugman-Sachs-Stiglitz se sumó a la oposición del plan junto con otros nombres más vinculados al Partido Demócrata. Pero un número importante de senadores republicanos también expresó sus reticencias, contemplando la posibilidad de que el plan sea sometido a modificaciones importantes durante su aprobación en el Senado.

Las críticas principales radican en la capacidad del plan para estimular suficientemente la economía y en sus efectos sobre la distribución de la renta. Según las proyecciones más optimistas, el plan inyectaría sólo un 1% del PIB en su primer año. Sin embargo, la mayor parte del estímulo se sentiría en la economía a partir de abril de 2004, cuando le toca a los estadounidenses realizar su declaración de la renta. A pesar del mito del capitalismo popular en EE UU, la mayor parte de quienes poseen acciones las tienen en fondos o planes de pensiones, ya exentos del impuesto sobre dividendos. Esto hace que el plan de Bush beneficie principalmente a un reducido segmento de la sociedad, precisamente el más rico, sin una propensión elevada al consumo.

Según el Brookings Institute, el 10% de los estadounidenses más ricos recibirá el 59% de la reducción impositiva, mientras que el 60% más pobre sólo recibirá el 8%. Por su parte, el Urban Institute ha estimado que el 42% de las ganancias procedente de la eliminación del impuesto sobre dividendos irá al 1% de los contribuyentes más ricos. Aunque la Administración insiste en que el aumento medio de la renta disponible será de algo más de 1.000 dólares por contribuyente, el Tax Policy Center estima que aquellos contribuyentes con ingresos superiores a 316.895 dólares recibirán un aumento medio de 13.243 dólares en renta disponible, mientras que los que ganan sólo hasta 21.350 (gran parte de la clase media-baja) recibirán unos 47 dólares. Los verdaderos ricos (con ganancias superiores al millón de dólares) se ahorrarán más de 45.000 dólares cada uno, según el Brookings Institute.

Por otro lado, los estados (que por ley no pueden mantener déficit fiscales) están al borde de la quiebra. Después de perder muchos ingresos a consecuencia del estallido de la burbuja bursátil y la desaceleración económica -y ahora obligados a gastar en los programas de seguridad interior- se enfrentan a un agujero de 60.000 millones de dólares (35.000 millones sólo en California). Para cumplir con la ley, los estados tendrán que aumentar este año sus impuestos (minando cualquier efecto estimulante del plan) o recortar gastos (aumentando posiblemente el desempleo). Una solución sería transferir importantes cantidades de dinero a los estados para evitar estos efectos recesivos, aunque el plan de Bush sólo les proporciona 10.000 millones de dólares (0,1% del PIB).

Los defensores del plan (Lawrence Lindsey, ex consejero económico del presidente, y su sustituto, Stephen Friedman, entre otros) sostienen que generará un importante estímulo económico. Armados con proyecciones de crecimiento de entre el 1,5% y el 3,5% del PIB para 2003, argumentan que el recorte, que implica una inyección del 1% del PIB, evitaría el "peor escenario" y el consiguiente aumento del desempleo. Si no se cumple ese "peor escenario", la economía se recuperará incluso más rápidamente, posiblemente con un incremento del 4,5%, y la recaudación fiscal crecerá automáticamente, reduciéndose así parte del coste fiscal del plan.

Ojalá que así sea, pero desgraciadamente hay varios problemas en este razonamiento. Primero, como ya señalé, este 1% del PIB probablemente no repercutirá en la economía hasta el año que viene. Incluso con un mecanismo para reducir las retenciones a todas las familias este año, el aumento mensual de la renta disponible no sería lo suficientemente alto como para que éstas gasten más, particularmente si recordamos que el endeudamiento familiar (hipotecario y de consumo) está en niveles históricamente altos después del boom de los noventa.

Segundo, la cifra del 1% del PIB no se refiere a una inyección directa en la economía, sino al coste del plan en términos fiscales. Dado que la propensión al consumo es bastante menor que uno -considerando que alrededor de la mitad de los recortes repercutirán sobre las familias más ricas con una propensión al consumo incluso por debajo del promedio- es difícil imaginar que el plan estimule significativamente al consumo más allá del 0,25% del PIB durante 2003 y 2004. Y esto sin pensar en los efectos negativos sobre la confianza que podría implicar una guerra con Irak. La inversión, por su parte, estancada debido a la sobrecapacidad productiva, sólo reaccionará en cuanto perciba una recuperación fuerte del consumo.

También los defensores del plan mantienen que el recorte es equitativo y justo. Según escribió Lindsey en The New York Times, el recorte es proporcional al pago actual de impuestos. "Con la ley actual, las familias que ganan más de 200.000 dólares, que pagan el 45% del impuesto sobre la renta, recibirán el 40% del recorte. Las familias que ganan menos de 100.000 dólares, que pagan ahora el 28%, recibirán el 34%".

Posiblemente este nuevo reparto será más equitativo desde la perspectiva de los más ricos. Pero las familias que ganan menos de 100.000 dólares constituyen más del 70% de los contribuyentes norteamericanos. Independientemente de la proporción de impuestos que pagan ahora -y sin entrar en el debate sobre que es justo o no-, Lindsey dice que esta gran parte de la población -las clases medias y medias bajas- no recibirán más de una tercera parte del recorte en el mejor de los casos. Si la gran mayoría no cree que el plan le va a ayudar de forma significativa, la confianza del consumidor -y con ello la inversión- tiene pocas posibilidades de recuperarse. De hecho, el nivel de confianza del consumidor, medido a través del índice Conference Board, cayó desde 78,8 en enero hasta 64 en febrero, su valor más bajo en casi una década. Valores tan bajos sólo han sido alcanzados anteriormente en épocas de recesión.

Además de ser un plan poco estimulante con efectos equitativos dudosos, tiene un precio fiscal relativamente alto y es un riesgo para el dólar. Sin contar con el nuevo plan ni con los posibles costes de una guerra, el déficit fiscal de este año se acercará al 3% del PIB y posiblemente al 4% el año próximo. Incluso si tiene algún efecto estimulante, es probable que el déficit aumente aún más.

Históricamente, este nivel de déficit no ha supuesto mayores problemas para EE UU, al menos en el corto plazo. Pero con el actual déficit por cuenta corriente, ya un nivel histórico (5% del PIB y con perspectivas de seguir creciendo), un fuerte incremento en el déficit público amenaza al tipo de cambio del dólar, que ya sufre la incertidumbre generalizada y la prima de riesgo de un posible conflicto con Irak. Aunque una depreciación del dólar podría ayudar al sector manufacturero, tendría efectos contrarios sobre el mercado bursátil, clave en la estrategia de Bush para mejorar la confianza económica.

El euro ya ha empezado a mostrarse como una moneda de refugio alternativa. Sin embargo, con este plan es muy posible que los inversores internacionales empiecen a sentirse más atraídos por mercados fuera de EE UU. El dilema actual de Bush es que un plan de recortes impositivos que no contribuya significativamente a la recuperación del consumo y de la inversión podría comenzar a minar la hegemonía del dólar en la economía mundial.

Este cambio hacia una bi-hegemonía ya está en marcha, aunque todavía progresa lentamente. Una política fiscal cara, pero de escaso impacto, podría acelerar este proceso. Sólo podemos esperar que la sabiduría del Senado estadounidense hará que el plan se modifique para canalizar la gran parte de sus beneficios hacia los estados y la mayor parte de la población.

Paul Isbell es investigador principal para economía y comercio internacional del Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos.