La Diputación presenta 16 alegaciones a Rato contra los estatutos "injustos" de Cajasur

La Diputación de Córdoba presentó el jueves sus alegaciones al proyecto de estatutos que Cajasur depositó ante el Ministerio de Economía tras su adscripción a la Ley Financiera, movimiento con el que la entidad presidida por el sacerdote Miguel Castillejo pretende escapar de la tutela de la Junta de Andalucía. El ministerio dirigido por Rodrigo Rato ha tardado dos meses en dar a la Diputación la posibilidad de alegar, celeridad dispar a los siete días que bastaron para admitir a Cajasur bajo la tutela de la Ley Financiera. La institución provincial entiende que hay 16 infracciones en unos estatutos "injustos y fuera de la ley" que fueron aprobados por el Consejo de Administración de la entidad de ahorro a finales de 2002.

El presidente de la Diputación, el socialista Francisco Pulido, interpretó la admisión de alegaciones como un paso atrás del Gobierno, que "zanja" a favor de la Diputación "la polémica sobre si es o no fundadora". Pulido criticó que los servicios jurídicos de la Diputación no tuvieran acceso al expediente completo cuando fueron a depositar sus objeciones a Madrid el jueves pasado. Cajasur eludió valorar las objeciones de la Diputación.

Fuentes de la Diputación aseguran que las alegaciones no hubieran cambiado en exceso en caso de haber nuevos documentos. No obstante, las mismas fuentes consideran que la negativa a mostrar el expediente completo se debe a que hay informes ministeriales que avalan las tesis de la Diputación. De momento, la Diputación ha recibido por correo el informe del Banco de España sobre los estatutos y los estatutos remitidos por Cajasur.

En su escrito, la Diputación parte del hecho de que el proyecto de estatutos fue aprobado por un "órgano incompetente", en referencia al Consejo de Administración, "que sólo tiene competencias sobre asuntos ordinarios de la empresa". Así, el posterior acuerdo de la Asamblea sobre los estatutos no sería válido al proceder del Consejo de Administración. Francisco Pulido abogó por volver la situación anterior, rectificar los estatutos y someterlos a la Asamblea. Pulido también destacó que los estatutos vulneran el pacto de la fusión entre la caja de la Iglesia y la de la Diputación, un acuerdo que daba a esta institución un vicepresidente ejecutivo en Cajasur que "ahora se suprime".

Vulneración de normas

Las objeciones aducen la vulneración del normas autonómicas, que disponen que debía haber conformidad de los dos fundadores (Iglesia católica y Diputación) para que Cajasur pudiera acogerse a la tutela del Ministerio. La Diputación cree que los estatutos lesionan los intereses de la entidad provincial, los municipios y los impositores, al no haber contado con ellos para la confección de los estatutos.

Pulido lamentó la "violación" del pacto de fusión en cuanto se ignora la aportación que hizo la caja fundada por la Diputación, un patrimonio que ahora considera "expoliado". La Diputación también observa un recorte de representación de las corporaciones municipales, lo que "incumple el objetivo fundacional de auxilio a los ayuntamientos".

Éste aludió al incumplimiento del mandato democratizador de la LORCA, ya que la Iglesia eleva su representación al 50% en el Consejo de Administración y en la Comisión Ejecutiva, a lo que suma el voto de calidad del presidente de la caja "para que nadie pueda discutir sus decisiones". Las alegaciones contemplan que la elevación del periodo de mandato de los consejeros contraviene lo dispuesto por los actuales estatutos, de aplicación conforme a la Ley 44/2002.

El pliego de objeciones a los estatutos arguye otra infracción de la LORCA al no permitir a los empleados acceder al puesto de consejeros a través de los ayuntamientos.

La Diputación cree que los estatutos también violan el derecho de los consejeros a obtener certificaciones de los acuerdos del órgano, a los que podrán acceder sólo "si les afecta personalmente", con lo que "se impide o dificulta su derecho a conocer la marcha de la entidad". Otra cuestión estatutaria censurada por la Diputación es "impedir a la Comisión de Control" convocar Asamblea General. Asimismo, considera que va contra la LORCA y la Ley de Cajas andaluza la posibilidad de que haya más de un director general en la caja.

El último punto de las objeciones de la Diputación alude al "expolio de los derechos patrimoniales" de esta institución al eliminarse el artículo 74 del pacto de fusión. Este apartado otorgaba a la Diputación la posibilidad de recuperar sus bienes en caso de una hipotética extinción de Cajasur.