A vueltas con la siniestralidad laboral

Es sabido que España padece los peores resultados de siniestralidad laboral de toda la UE. Sin ir más lejos, en 2002 las muertes por accidente de trabajo han crecido un 8,1%, pese a que ese año lográbamos por primera vez desde la Ley de Prevención la reducción de los accidentes con baja. Las principales causas que han llevado a las intolerables tasas de accidentes laborales no son otras que el incumplimiento generalizado de dicha ley por parte de las empresas, la mala praxis preventiva de empresas y servicios de prevención y las notables deficiencias en vigilancia y control por parte de la autoridad laboral. En un contexto de altísimos índices de temporalidad y de generalización de la contratación y subcontratación en cadena, millones de trabajadores han quedado excluidos de los amplios derechos de protección que, en materia de prevención de riesgos, les daba la nueva normativa preventiva.

Los objetivos sindicales en la Mesa de Prevención de Riesgos Laborales han ido orientados a mantener la presión sobre las empresas que no cumplen las normas o tienen más accidentes, a conseguir una aplicación real y no sólo formal de la ley, a llevar la prevención a las empresas contratadas y subcontratadas, a mejorar los mecanismos de inspección y vigilancia, a reformar las mutuas y los sistemas de cotización y a favorecer el uso de los derechos de los trabajadores y sus representantes.

El acuerdo adopta unas propuestas en esa dirección, cuyo desarrollo significará importantísimas reformas. Se reformará la Ley de Prevención de Riesgos Laborales por primera vez desde su entrada vigor, hace seis años, para incluir que el empresario realizará la prevención y la integración de la actividad preventiva en la empresa a través de un plan de prevención de riesgos; para disponer la obligatoriedad de la presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos del empresario; para especificar más claramente el cometido y modalidad de las auditorías; para combatir el cumplimiento formal o documental de las obligaciones, y para asegurar el cumplimiento efectivo de sus obligaciones por los diferentes sujetos responsables en materia de prevención. Se desarrollará reglamentariamente el artículo 24 de la Ley de Prevención, referido a la coordinación de actividades empresariales.

Junto a esta reforma, se incrementarán los recursos de la autoridad laboral para vigilar, controlar y sancionar a las empresas que no cumplan: por un lado, con la reforma paralela de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden de lo Social; por otro, habilitando a los técnicos de las comunidades autónomas y del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo con funciones asimiladas a las de la Inspección de Trabajo, lo que permitirá ampliar en unas 750 las personas con funciones inspectoras.

La otra gran reforma se refiere a la modernización de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que son colaboradoras de la Seguridad Social que gestionan ingentes cantidades de recursos de carácter público relacionados con la prevención o la protección social de los trabajadores accidentados o enfermos, pero hasta ahora, desde la exclusiva y excluyente perspectiva empresarial. Se creará un Consejo Tripartito, al que corresponderá, en todo caso, tratar del Plan General de Actividades Preventivas. Y se abrirá una reflexión amplia y profunda para la modernización de las mutuas, que, entre otros asuntos, tratará sobre la conveniencia de adaptar las juntas directivas para la incorporación de todos los sujetos e intereses afectados por sus funciones; es decir, los empresarios, los sindicatos y la Seguridad Social.

Tales reformas, junto a la implantación de un sistema de bonus-malus que incentive o penalice a las empresas según la evolución de los accidentes, a la continuidad de los planes de choque dirigidos a las empresas de mayor siniestralidad y a la puesta en marcha de un plan de formación para empresarios y trabajadores, deberían servir para alcanzar de una vez la reducción de accidentes y muertes causadas por unas malas condiciones de trabajo.

La gran mayoría de los accidentes laborales son evitables, simplemente cumpliendo la normativa preventiva se puede lograr su reducción. Con estos acuerdos, 2003 debería ser el año en que veamos por fin un cambio de tendencia. Los trabajadores tienen derecho a verlo: al fin y al cabo, se les contrata para que dejen en la empresa su esfuerzo y su saber, no su salud y, mucho menos, su vida.

Joaquín Nieto es secretario confederal de Medio Ambiente y Salud Laboral de Comisiones Obreras.