El Gobierno andaluz explicará en la Cámara las repercusiones de una posible guerra en el Golfo

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía comparecerá en el pleno del Parlamento de la próxima semana para informar, a petición de IU y grupo mixto, sobre las repercusiones específicas en la comunidad autónoma de un posible conflicto militar en Irak, mientras que también se debatirá una proposición no de ley de Izquierda Unida sobre el mismo asunto, de la que se eliminaron los puntos referidos a competencias del Gobierno de la nación, tras expresar el PP su negativa a que se tramitaran.

Los puntos eliminados piden a la Junta que exija al Ejecutivo central que no autorice el uso de las bases de Rota (Cádiz) y de Morón (Sevilla) para la guerra "unilateral" de los Estados Unidos contra Irak; que trabaje a favor del desarme del "régimen dictatorial iraquí por la vía pacífica y rechace la guerra preventiva"; y a iniciar la denuncia del tratado bilateral entre EE.UU y España a fin de desmantelar las bases.

Unanimidad

Para la tramitación de estas peticiones el Reglamento de la Cámara exije la unanimidad de todos los grupos al tratarse de competencias exclusivas del Estado (seguridad, defensa y exteriores). Todos los grupos, excepto el PP, mostraron su apoyo a que se abordara en el pleno estos asuntos, mientras que el portavoz popular, Antonio Sanz, indicó que su grupo se limita a hacer lo que hacía el PSOE cuando Felipe González estaba en el Gobierno de la nación, es decir, cumplir exactamente lo que dice el Reglamento de la Cámara.

El portavoz de IU, Antonio Romero, manifestó al respecto que su grupo "ha hilado muy fino" a la hora de plantear estos puntos, como el que alude a que el Ejecutivo central no autorice el uso de las bases norteamericanas asentadas en Andalucía, algo que ya le ha pedido, según recordó, el presidente andaluz Manuel Chaves al jefe del Gobierno español, José María Aznar.

El portavoz del PSOE, José Caballos, calificó de "veto" la posición del PP, a cuyo portavoz recordó que el Gobierno de la nación tiene la obligación de informar al Ejecutivo andaluz sobre el uso de las bases asentadas en su territorio, si bien aún no lo ha hecho.

El PP también se opuso a la tramitación de dos de los cuatro puntos de una proposición no de ley del PSOE en los que se pedía a la Junta que reclamara al Gobierno central que incrementara las partidas presupuestarias de seguridad y estructurara una actuación conjunta y coordinada del Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil. Caballos manifestó que el PSOE agradecía la "torpeza elevada al cubo" del PP, cuyo portavoz reiteró los argumentos del caso anterior, y opinó que con su argumentación ha quedado claro que el tema de la seguridad ciudadana es una competencia exclusiva del Ejecutivo central.