La fiscalía estudia querellarse contra Otegi por injurias al Rey

El teniente fiscal del Tribunal Supremo, José María Luzón, remitió ayer un escrito al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, para que evalúe si las declaraciones del dirigente de la suspendida Batasuna Arnaldo Otegi, en las que se refirió al rey Juan Carlos como "jefe de los torturadores", pueden constituir un delito de calumnias o injurias al Rey. La Audiencia es competente para juzgar los delitos contra la Corona, aunque Otegi es aforado por su condición de parlamentario vasco.

Luzón actuó en funciones de fiscal general del Estado, dado que el titular de la institución, Jesús Cardenal, se encuentra hospitalizado desde la semana pasada aquejado de dolencias gástricas. En su escrito al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Luzón pide a Fungairiño que evalúe "con libertad de criterio" si Otegi ha cometido un delito del artículo 490.3 del Código Penal, "así como el órgano competente" para estudiar los hechos.

El escrito fue acompañado de reseñas de los medios de comunicación que se hicieron eco de las palabras de Otegi, en las que el dirigente de Batasuna se refiere al Rey como "jefe de los torturadores", en relación con la denuncia sobre supuestos malos tratos realizada por el director del clausurado diario en euskera Egunkaria, Martxelo Otamendi.

Las manifestaciones de Otegi podrían ser constitutivas de un presunto delito de injurias o calumnias al Rey, según el artículo 490.3 del Código Penal, que contempla penas de prisión de seis meses a dos años sin son graves, y multa de seis a doce meses si no lo son.

Otegi realizó esas manifestaciones en una rueda de prensa convocada en San Sebastián el pasado miércoles, el mismo día en que los Reyes y el lehendakari, Juan José Ibarretxe, inauguraban la planta energética de Bahia Bizkaia. El portavoz de Batasuna afirmó que era "lamentable" y "patético" que el lehendakari hubiera ido a Bilbao a sacarse una foto con el Rey de España, a quien acusó de ser "el jefe de los que han torturado a Joan Mari Torrealdai [presidente del consejo de administración de Egunkaria], a Martxelo Otamendi y a todos los que han sido detenidos" en la operación antiterrorista contra el rotativo vasco.

El oficio de Luzón deja a la Fiscalía de la Audiencia Nacional la determinación de cuál es el órgano judicial competente para tramitar la previsible querella. La jurisdicción competente sobre los delitos contra la Corona es la Audiencia Nacional, pero Otegi es aforado, debido a su condición de parlamentario vasco.

El Estatuto de autonomía establece que la competencia para la persecución de delitos cometidos por diputados autonómicos corresponde al Tribunal Superior de Justicia vasco cuando se trate de hechos cometidos en el territorio de la comunidad, como es el caso, ya que Otegi hizo las declaraciones en San Sebastián. Si el delito se comete fuera de la comunidad autónoma, la competencia sería del Tribunal Supremo.

La suspendida Batasuna manifestó en un comunicado que la posible querella contra Otegi es un ejemplo más de "ensañamiento político", y reiteró las declaraciones de su portavoz contra el Rey.