Agua para todos: más allá de un lema

"Agua para todos" -el eslogan de la concentración del 2 de marzo en Valencia-, suena bien. Como lo haría "Energía para todos", en referencia a otro de los recursos indispensables para la buena marcha de una sociedad industrializada como la valenciana. Pero si uno u otro lema no se explicitan, se quedan en meros mensajes vacuos. Se hace necesario responder a cuatro cuestiones: de qué agua o energía estamos hablando, en cuánta cantidad, para qué usos y a qué coste, económico y medioambiental.

Para las entidades sociales que organizan o respaldan la concentración, así como para las mayorías políticas que la subvencionan a cargo de los presupuestos públicos, el agua del lema es, ante todo y sobre todo, el agua del Ebro; más específicamente, los caudales que el Plan Hidrológico Nacional ha dispuesto trasvasar desde él. Precisamente estas últimas semanas y con ocasión de las inundaciones en algunos puntos de su curso, se ha insistido en el carácter excedentario, catastrófico por sobreabundante, del Ebro. "Con esa agua sobrante, en tan sólo once días, se podría conseguir el caudal necesario para el trasvase de todo un año", escribía hace pocas fechas Cristóbal Aguado, presidente de AVA-Asaja, una de las organizaciones convocantes. "No entendemos qué argumentos pueden esgrimir quienes se oponen de manera tan furibunda al trasvase", añadía.

"Los potenciales usuarios, o no pueden pagar su precio, o sencillamente son capaces de conseguir agua a menor coste"

Sin embargo, que el Ebro llegara a alcanzar un caudal instantáneo de 3.000 m3/s en Zaragoza, resulta irrelevante cuando la capacidad del canal de derivación proyectado para el trasvase sólo admite 50 m3/s, un flujo sesenta veces inferior. La semana de desembalses de las presas de Mequinenza y Ribarroja, con el fin de poder neutralizar la avenida, posibilitaron el que alrededor de 600 hm3 llegaran finalmente al Delta y al mar, pero si aquél se hubiera completado se habrían podido derivar tan sólo 30 hm3. Una cantidad, por cierto, varias veces inferior a la que durante cada cierto periodo invernal bombean los propios agricultores valencianos desde los humedales costeros, como el Sr. Aguado seguramente conocerá. Por lo demás, avenidas del Ebro como la pasada -al aportar no sólo agua, sino sedimentos y nutrientes- resultan fundamentales, tanto para la pervivencia de su delta como para la productividad biológica del mar adyacente.

Vayamos a la segunda cuestión. ¿Dé cuánta agua están hablando los convocantes de la concentración del 2 de marzo? De los 1.050 hm3/año previstos en el trasvase y, más concretamente, del tercio de ese total que vendría a la Comunidad Valenciana. Conviene, no obstante, puntualizar aquí que los hasta 350 hm3/año de aguas del Ebro trasvasables según el PHN a las tierras valencianas representan sólo el caudal máximo que legalmente es posible transferir. La manifiesta irregularidad del Ebro -un río típicamente mediterráneo, no se olvide-, las garantías que a la cuenca donante da el propio PHN y el análisis histórico de proyectos semejantes (sin ir más lejos, del trasvase Tajo-Segura), hacen que sea del todo irrealista suponer unos aportes medios de más de 300 hm3/año. Podrían ser, incluso, bastante inferiores.

300 hectómetros cúbicos anuales representan menos del 10% de la actual utilización de agua para usos consuntivos en la Comunidad Valenciana. ¿Cómo un incremento futuro equivalente a menos del 10% de la demanda presente valenciana puede justificar las palabras del President de la Generalitat en su reciente escrito a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, de que "por primera vez se ha encontrado una solución justa y solidaria en lo relativo al déficit de agua que padecemos", lo que conduce a que "en la Comunidad Valenciana miremos el futuro con optimismo e ilusión"? ¿Tan grande va a ser el efecto beneficioso de tan modesto incremento porcentual?

Entremos, consecuentemente, a contestar la tercera pregunta. ¿Para qué usos irán destinados los recursos hídricos procedentes del Ebro? Aquí, organizadores y financiadores de la concentración no quieren pillarse los dedos, a fin de conseguir el apoyo de todos los potenciales demandantes. Aceptemos nosotros el reparto global del agua que figura en el PHN. Según éste, más de la mitad de las transferencias irán a la agricultura. No deja de resultar curioso -o quizás, no tan curioso- que sean, y por este orden, las tres ramas de actividad hídricamente más ineficientes -la agricultura de regadío, la industria de suministro de agua y el sector turístico- las destinatarias, precisamente, de las aguas que se pretende trasvasar.

De entre ellas, la agricultura de regadío se lleva la palma. Como media, precisa emplear 18 litros de agua para generar un céntimo de euro de valor añadido bruto. Desde luego, hay explotaciones en las que la diminuta moneda de acero recubierta de cobre se consigue con menos litros. Hagamos ahora un ejercicio de economía-ficción: si el crecimiento anual medio de la actividad económica valenciana en los tres últimos años hubiera sido íntegramente sustentado por la agricultura de regadío, con las eficiencias hídricas actuales habría conllevado una necesidad adicional de agua igual a ocho veces el aporte del Ebro que el PHN reserva a la Comunidad Valenciana (350 hm3/año).

La agricultura de regadío representa un caso extremo, sin duda, pero consideraciones como las precedentes cabría hacerlas, aunque más matizadas, respecto a la industria del agua y más matizadamente aún, en relación al sector turístico. De lo cual, se desprenden dos conclusiones, una que hace referencia a límites y otra a oportunidades. La primera es que la expansión del regadío agrícola, de la industria del agua al compás de una creciente urbanización y de la actividad turística (especialmente aquella con mayores requerimientos hídricos: piscinas, parques acuáticos, campos de golf, etc.), no puede constituir el motor del crecimiento económico valenciano del siglo XXI, salvo que queramos sumergirnos en la más profunda de las insostenibilidades hídricas que ningún trasvase conseguirá evitar.

La segunda conclusión es que precisamente por ser tan intensivas en agua, estas tres ramas de actividad poseen, a la vez, una gran capacidad potencial de mejorar su eficiencia hídrica -arrastrando con ello a la economía valenciana en general-, si se toman las oportunas medidas. Todavía en el año 2000 y según la Encuesta sobre el uso del agua en el sector agrario -la última realizada por el INE de la que existen datos disponibles-, 1.329 hectómetros cúbicos -el 66,9% del agua agrícola total- se destinaban a riego por gravedad; el goteo utilizaba únicamente 277 hm3. En paralelo y según datos de la Encuesta sobre el suministro y tratamiento de agua del año 2000 -última también de las de este tipo llevadas a cabo por el INE- 157,7 hectómetros cúbicos (un 29,5%) del agua previamente potabilizada por las empresas suministradoras se contabilizaban como pérdidas de la red de distribución (fugas y agua no tarifada). Son ejemplos que muestran las oportunidades hoy existentes de aumentar la eficiencia hídrica.

Y con ello llegamos a la última cuestión que planteábamos al inicio de este artículo: el precio del agua trasvasada. Vayamos a lo fijado en su día por el PHN: una tarifa única para todos los usuarios cifrada en 0,31 euros/m3, con la que según el Ministerio de Medio Ambiente se cubrirían tanto los costes de explotación como de amortización de la inversión inicial, presupuestada en más de 4.200 millones de euros. Renunciemos a internalizar en ese precio costes medioambientales seguros o probables, no contemplados en el anterior cálculo. Aceptemos también la existencia de una tarifa única para el agua con independencia de la distancia a la toma del trasvase, con la que, de hecho, el usuario castellonense subvenciona al alicantino y éste al murciano y al almeriense. Sólo consideraremos los efectos sobre el precio de la más que probable reducción de los aportes medios a las tierras valencianas que comentamos párrafos atrás (de 350 hm3/año a un máximo de 300, consecuencia, por ejemplo, de una detracción real del 90% del caudal trasvasable y de unas pérdidas por evaporación e infiltración del 5%). Un escenario que si de algo peca es de optimista, pero que elevaría el precio final del metro cúbico de agua de 31 a 36 céntimos de euro.

He aquí -al menos en lo que respecta a la Comunidad Valenciana- un agua sin comprador, una oferta sin demanda. Y ello porque los potenciales usuarios, o no pueden pagar su precio, o sencillamente son capaces de conseguir agua a menor coste de fuentes alternativas al previsto trasvase. Veámoslo con dos ejemplos en relación a los principales destinatarios de las aguas del Ebro: el regadío agrícola y el abastecimiento urbano, municipios turísticos incluidos.

Primer ejemplo: Joan Brusca, secretario general de la Unió de Llauradors i Ramaders, ha declarado que "más de 0,12 euros/m3 será un precio inadmisible, imposible de asumir para la agricultura valenciana, pues el 90% de los regadíos pagan entre 0,02 y 0,12 euros el m3". Segundo ejemplo: en estos mismos días, los gestores de la Mancomunidad de Canales del Taibilla, que abastece a numerosos municipios murcianos y alicantinos -incluyendo algunos de neto carácter turístico-, hacen frente a una aguda crisis en sus disponibilidades de agua. Han decidido completar sus menguados recursos para el presente año con 36 hm3 adicionales procedentes de extracciones subterráneas de emergencia y de la compra a los regantes del Júcar traída desde Alarcón. El metro cúbico le saldrá a la Mancomunidad en torno a los 18 céntimos de euro.

O sea, mientras el precio del agua del Ebro que de manera harto optimista hemos calculado (0,36 céntimos/m3) es tres veces superior al que el 90% del regadío valenciano puede pagar, resulta también el doble de lo que en plena situación de sequía les va a costar a los municipios sudalicantinos completar su abastecimiento urbano. Una conclusión final se impone: carece de sentido trasvasar a la Comunidad Valenciana aguas del Ebro -de mediocre calidad, además- si no son ampliamente subvencionadas. Sólo entonces y únicamente entonces, existirá la suficiente demanda como para absorber la proyectada ampliación de la oferta.

Portavoces de las organizaciones convocantes y garantes de la concentración del 2 de marzo lo han dicho con la boca pequeña durante los últimos meses. Para Cristóbal Aguado, el precio del agua trasvasada "es el resultado de un acuerdo político", mientras que el portavoz en el Senado del Partido Popular, Esteban González, ya señaló durante una comparecencia en noviembre pasado que el agua del Ebro "será muy barata", añadiendo que "en el caso de que alguno de los costes tienda a incrementarse, el precio es un problema con muchas soluciones". ¡Tantas loas en estos años al papel soberano que deben jugar el mercado y los precios, para que en un caso, justamente, en que convergen racionalidad económica y sostenibilidad medioambiental, se opte por un precio "político"! Y así, mientras se habla de la "nómina de traidores" que en Estrasburgo y Bruselas intentan impedir la financiación de la UE a las obras del trasvase, se apuesta por una subvención del precio del agua trasvasada que traiciona uno de los principios guía de la Directiva marco europea sobre Aguas: la recuperación íntegra de los costes de las obras hidráulicas. Idénticas voces insisten en que el trasvase es imprescindible para el "desarrollo sostenible", cuando desde un genuino desarrollo sostenible, se puede subvencionar el ahorro de un recurso como el agua o la energía, pero nunca incentivar con fondos públicos el crecimiento de su demanda.

Finalicemos. Hemos planteado e intentado contestar aquellas preguntas que una convocatoria hecha bajo el lema "Agua para todos" debería proponer, debatir y responder. Pero el propósito de la concentración no va, desde luego, por ahí. Antes al contrario. En su Llamamiento a todos los ciudadanos de la Comunidad Valenciana -difundido gracias al dinero de todos en los medios de comunicación-, las entidades convocantes denuncian "la actuación demagógica y manipuladora de quienes se oponen" al PHN y al trasvase. Vivimos en estos tiempos de patriotismo hidráulico -ni siquiera hidrológico-, una llamativa perversión del lenguaje. A la exportación de la insostenibilidad hídrica se le denomina ahora "solidaridad", a la prudencia de cara a demandar cualesquiera recursos alóctonos, "tibieza", y a la disidencia respecto a que éstos deban proceder del Ebro o sólo del Ebro, "traición". Y sin embargo, no es el "histórico déficit hídrico" que proclaman los convocantes, sino el ahogo de la discusión, la argumentación y la disidencia, lo que acaba robando a un país su futuro.

Ricardo Almenar es biólogo y consultor en medio ambiente y desarrollo sostenible y Emèrit Bono es catedrático de Economía Aplicada de la Universitat de València.