El futuro de Cajasur, en ocho sentencias

En las últimas semanas se han conocido las primeras resoluciones judiciales sobre el litigio que enfrenta a la Junta de Andalucía con Cajasur y el Gobierno. Pero las decisiones definitivas de los tribunales están aún muy lejos y tanto de un lado como del otro se da por hecho que el intercambio de recursos e impugnaciones no acabará hasta que dictaminen las más altas instancias: el Supremo y el Constitucional. "La batalla jurídica será amplia, compleja y larga", indicó hace unos días la consejera de Economía, Magdalena Álvarez, quien señaló las primeras "incongruencias" en los autos de los jueces. "Estamos hablando de meses y quizás años", declaró Diego Jordano, jefe de los servicios jurídicos de Cajasur, cuando se le inquirió sobre la duración del proceso.

- Ley andaluza de Cajas. El primer frente judicial se abrió tras la aprobación de la Ley andaluza de Cajas. La Junta incorporó en la norma autonómica una disposición en la que igualaba la composición de los órganos de gobierno de Cajasur a la del resto de las cajas, de modo que la Iglesia pasaba de tener el 35% de representación a compartir el 9% con la Diputación de Córdoba y perdía el derecho a nombrar al presidente. En la ley andaluza se consideraba que el único privilegio que se le debía reconocer a la Iglesia por los acuerdos con El Vaticano era la forma de elección de sus representantes. En febrero de 2000, el Gobierno central para esta disposición autonómica con un recurso ante el Constitucional, que suspendió automáticamente su aplicación. Tres años después, el Tribunal aún no ha resuelto el recurso.

- Póliza de Castillejo. Cajasur contrató en septiembre de 2001 por 2,9 millones de euros una póliza de seguros que garantiza a Castillejo el cobro de una renta vitalicia de 213.000 euros al año cuando abandone la presidencia de la entidad. La Consejería de Economía requirió información a la caja sobre la póliza en noviembre pasado, documentación que la caja envió tras varios retrasos. Los servicios jurídicos de la Junta estimaron que el seguro podía ocultar una indemnización por cese en el cargo, algo prohibido por la ley. Economía abrió un expediente y concluyó el pasado 3 de febrero que la póliza era ilegal y dio 20 días a la entidad para que reestableciera la situación con la nulidad del contrato. La caja recurrió la orden autonómica ante el TSJA y el martes decidió congelar el plazo para su ejecución hasta que resuelva sobre la impugnación de Cajasur, que alega que la renta vitalicia es "un complemento de pensión".

- Ley Financiera. A finales del año pasado, el Gobierno central incluyó un artículo en su Ley Financiera con el objetivo de blindar la situación de Cajasur. Ese artículo 8 establecía que toda caja de ahorros de "fundación directa por la Iglesia" pasaba a la supervisión directa del Ministerio de Economía con la excusa de hacer cumplir los acuerdos internacionales con El Vaticano. Este artículo ha centrado los sucesivos recursos del PSOE, el Parlamento andaluz y la Junta, presentados en el último mes ante el Tribunal Constitucional por "invasión de competencias".

- Adhesión a la Ley Financiera. Cajasur fue la única del medio centenar de cajas españolas que solicitó acogerse a la Ley Financiera para escapar a la tutela de la Junta de Andalucía. El pasado 25 de noviembre, su Consejo de Administración aprobó cumplir los trámites para acreditar que Cajasur fue fundada "directamente" por la Iglesia, una condición que la Diputación de Córdoba pone en cuestión. El Ministerio de Economía dio validez a los documentos presentados por Cajasur y negó la personación en el trámite administrativo a la Diputación y a la Junta. Ambas instituciones pidieron sin éxito a un juez de Córdoba que suspendiese esta decisión de Cajasur hasta que resolviese un recurso que presentaron. El juez tampoco atendió una impugnación de la entidad que ponía en duda la legitimidad de la Junta para recurrir un acuerdo del Consejo de Administración de Cajasur. Además, tanto la Administración autonómica como la provincial han anunciado que pedirán por la vía contencioso-administrativa que el Ministerio dé marcha atrás.

- Modificación de la Ley de Cajas. El Parlamento andaluz, en un último intento de evitar la fuga administrativa de Cajasur, incluyó en la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de 2003 una mo-dificiación de la normativa autonómica sobre cajas. En ella, la Junta incluía una condición adicional para que una caja de "fundación directa" por la Iglesia pudiese acogerse a la Ley Financiera: que contase con el visto previo del resto de fundadores. El Ejecutivo andaluz defiende que la Diputación de Córdoba es cofundadora de la entidad y pretendía hacer valer esa condición de modo retroactivo, pero el Gobierno central volvió a recurrir a principio de mes este nuevo movimiento legislativo autonómico. Y el Constitucional, como hace de oficio con todas las impugnaciones de la Administración central por conflictos de competencias, suspendió cautelarmente esa parte de la norma andaluza.

- Nuevos estatutos. El 28 de diciembre, la Asamblea de Cajasur aprueba los nuevos estatutos elaborados por la dirección de la caja con el argumento de la adaptación a la Ley Financiera. En ellos, la Iglesia aumenta sensiblemente su presencia en los órganos de gobierno de la entidad al parar de una representación del 35% al 46% en la Asamblea y del 35% al 50% en el Consejo de Administración. Estos estatutos están pendientes del visto bueno del Ministerio de Economía que, a diferencia de lo que pasó con el proceso de adhesión a la Ley Financiera, está demorando su decisión. Economía debe analizar un informe preceptivo del Banco de España y estudia aceptar en este trámite la personación de la Diputación de Córdoba. En cualquier caso, la Junta también ha presentado una demanda en juzgado civil de Córdoba.

- Fiscalía Anticorrupción. El litigio tomó una nueva dimensión el pasado jueves cuando la Consejería de Economía decidió presentar un escrito ante la Fiscalía Anticorrupción al entender que la inspección que ha efectuado en los últimos meses en la caja ha revelado indicios de supuestas apropiaciones indebidas de dinero de la entidad que suman 10,3 millones de euros y falsedad en documento contable por no hallar justificación para más de 7.000 millones en las cuentas de los últimos tres ejercicios. Cajasur contraatacó con anuncios de querellas por denuncia falsa contra la Junta, aún sin concretar.

- Inspección. Los datos en los que basa la Junta su denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción se fundamentan en el resultado de la inspección de la caja que inició la Consejería de Economía en octubre pasado en cumplimiento de la Ley de Cajas. Desde el principio, Cajasur se opuso a la inspección por contar con una consultora privada, KPMG, en labores auxiliares. El pasado día 3 de febrero, Cajasur interpuso un recurso ante el TSJA contra la inspección y pidió la suspensión cautelar. El pasado jueves, el tribunal rechazó la suspensión, pero exigió a la consultora privada que cesara en "toda actividad inspectora".