El juez archiva el caso del fuego de la comisaría de Málaga en el que murieron siete inmigrantes

El juez encargado de investigar el incendio ocurrido el 27 de diciembre en los calabozos de la comisaría provincial de Málaga, que acabó con la vida de siete inmigrantes, comunicó ayer su decisión de archivar el caso. El magistrado considera que los únicos responsables de lo sucedido fueron los ciudadanos marroquíes que dirigían la expedición, y no aprecia indicios de delito en la actuación de la policía. Los abogados de los familiares de los siete fallecidos anunciaron ayer su intención de recurrir esta decisión por entender que no se han practicado pruebas suficientes.

El auto, fechado el lunes 17 de febrero, fue notificado a las partes a mediodía de ayer, pero su contenido ya había aparecido en un periódico local. Esta circunstancia irritó a los abogados de la acusación: "Que el comisario jefe de Málaga haya conocido el auto antes que las partes es un hecho inédito", protestó José Luis Rodríguez, presidente de Andalucía Acoge y abogado de parte de los denunciantes. Tanto Rodríguez como el otro letrado de la acusación, Carlos Larrañaga, recurrirán el archivo. La fiscal del caso dijo ayer que aún no había tomado una decisión al respecto porque acababa de tener acceso al expediente.

"El juez no ha practicado ninguna de las 15 pruebas que hemos solicitado, entre las que figuran algunas tan obvias como tomar declaración a los bomberos que participaron en la extinción del incendio, solicitar a Industria el plan de evacuación de los calabozos o comprobar si se habían cumplido las revisiones de los sistemas antiincendios", dijo Rodríguez, quien añadió que "las declaraciones de los policías ante el juez evidencian que los dispositivos de seguridad eran insuficientes y que los agentes no habían sido informados sobre su uso".

Delito de incendio

El instructor expresa en su auto, según fuentes judiciales, que sólo aprecia la existencia de un delito de incendio cuya responsabilidad correspondería a los detenidos que prendieron el fuego e impidieron la evacuación de los demás, y entiende que hay que evitar que la instrucción se utilice para acumular pruebas para una posible reclamación por vía civil. El subdelegado del Gobierno en Málaga, Carlos Rubio, defendió la resolución: "El juez ha dispuesto de toda la información para valorar la situación, y ha quedado probado que la actuación policial fue correcta".

El archivo ha disgustado a las organizaciones de apoyo a los inmigrantes y al Defensor del Pueblo Andaluz. José Chamizo lamentó la decisión y comentó que, independientemente de que existan o no responsabilidades penales atribuibles a la policía, se deberían imponer medidas cautelares a la comisaría, informa Efe. Chamizo denunció el trato "de ciudadanos de segunda" dispensado a los inmigrantes, y confió en que la Audiencia de Málaga recupere la investigación. El Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad (MPDL) señaló que "no puede olvidarse que siete personas perdieron la vida en circunstancias en que su seguridad era responsabilidad exclusiva del Ministerio del Interior". IU y PSOE dijeron que persisten las "sombras" en la actuación policial.