La Junta impugna la modificación de las normas sobre suelo no urbanizable del Ayuntamiento de Málaga

La Consejería de Obras Públicas ha recurrido en los juzgados de lo contencioso-administrativo una modificación de la normativa del Plan General de Ordenación Urbana de Málaga que el Ayuntamiento aprobó el pasado 27 de diciembre y que hace más laxas las determinaciones sobre el suelo no urbanizable, de forma que se permite la construcción de equipamiento público en cualquier parcela que tenga esta catalogación y que sea colindante con suelo urbano.

El equipo de Gobierno municipal, del PP, ha justificado este cambio para resolver determinados problemas de borde en los suelos urbanos "en los que sea necesario, por ejemplo, ampliar equipamientos públicos ya existentes que limitan con suelo no urbanizable o la creación de equipamientos públicos nuevos que no pueden ubicarse mediante el trámite de declaración de interés social o utilidad pública por no cumplir los requisitos de parcela mínima o condiciones de edificación de esta categoría de uso". La modificación de la normativa, aprobada por el pleno municipal el pasado 27 de diciembre, cuenta con un informe desfavorable de la Comisión Provincial de Urbanismo. Uno de los argumentos esgrimidos por ésta es que la modificación no estaba suficientemente motivada, y recuerda que según la ley, no es necesario que los suelos que acojan equipamientos públicos sean catalogados de urbanos, salvo cuando reúnan los requisitos necesarios para ello.

El PSOE entiende que se trata de una modificación "hecha a medida" para dar una salida a proyectos que han sido anulados por orden de la consejera de Obras Públicas, como el centro geriátrico del Puerto de la Torre o el centro hispano-ruso del Monte San Antón. En ambos casos, la Consejería ha anulado los acuerdos de pleno por los que se declararon los proyectos de interés social y utilidad pública para permitir su ubicación en suelo no urbanizable. Además, el grupo municipal socialista considera que con esta modificación se abre una puerta por la que "pueden colarse proyectos de dudoso valor".

Además, existe una controversia entre Ayuntamiento y Junta sobre los aspectos formales de la modificación. La Comisión Provincial de Urbanismo entiende que el consistorio no tiene capacidad para aprobarla porque las competencias para aprobar modificaciones de elemento que afecten al suelo no urbanizable son exclusivas de la administración autonómica.

La impugnación de la Junta ha provocado una airada respuesta del concejal de Urbanismo de Málaga, Manuel Ramos, para quien se trata de una "muestra más de los planteamientos fundamentalistas" que la Consejería de Obras Públicas tiene respecto a la política urbanística en Málaga. El edil del PP dice que el único motivo de la modificación es salvaguardar la ampliación de equipamientos públicos ya existentes y propiciar la ubicación de otros nuevos, como ocurre en todos los ayuntamientos andaluces, y lamenta que "la Consejería de Obras Públicas prejuzgue las intenciones y condene por anticipado" al Ayuntamiento.